En medio de un megaoperativo de seguridad en Guayaquil, Ecuador, a principios de abril, apareció un hombre que causa inquietud: Erik Prince, fundador de Blackwater, que algunos definen como una empresa de mercenarios vinculada a acusaciones de violaciones de derechos humanos y a masacres en Iraq. 

Se trata de un exmarine, millonario y empresario, cuya trayectoria está ligada a la expansión de la seguridad con fines lucrativos. Por eso, el hecho de que ahora camine por Guayaquil acompañado por ministros y policías no es un detalle menor. Su desembarco en Ecuador reaviva temores históricos en América Latina sobre el retorno de prácticas intervencionistas disfrazadas de asistencia técnica.

¿Asistencia contra el crimen o guerra neocolonial?

Junto a ministros y fuerzas del orden locales, el 5 de abril de 2025, Prince observó redadas, trazó estrategias y habló de “fortalecer las acciones policiales en el campo de operaciones”. De esta manera, se insertó en la guerra contra el narcotráfico que ha lanzado el Gobierno de Daniel Noboa, quien acaba de ganar la reelección. Y con ello, Ecuador da un paso inédito al introducir a un contratista extranjero en el corazón de su política de seguridad.

Desde que Noboa anunciara, el 11 de marzo, una “alianza estratégica” con Prince, el Gobierno ha insistido en que se trata de una colaboración para “fortalecer las capacidades frente al crimen organizado”. El mandatario matizó que la alianza “no necesariamente” implica el despliegue de mercenarios en territorio ecuatoriano.

Privatizar el imperialismo

Prince también ha sido denunciado por intentar exportar modelos de guerra privada hacia África, bajo una lógica abiertamente neocolonial.

“Es hora de que nos volvamos a poner el sombrero imperial y digamos: ‘Vamos a gobernar esos países si ellos no son capaces de hacerlo por sí mismos’”, dijo Prince en el podcast “Off Leash” en febrero de 2024. Una lógica que deja entrever su línea neocolonial en la que la soberanía de los países queda supeditada a la fuerza y el control de las potencias.

Su visión empresarial ha sido calificada por expertos como una “privatización del imperialismo”: usar ejércitos privados para controlar territorios, explotar recursos y evadir cualquier responsabilidad ante organismos internacionales.

¿Qué llevó a Ecuador a tomar una decisión así?

La respuesta es una palabra: violencia. Un país que hasta hace poco era de los más pacíficos de Sudamérica se ha convertido en un territorio tomado por el crimen organizado. 

Datos del Observatorio del Crimen Organizado (OECO) revelan que el país registra un promedio de 25 asesinatos diarios en lo que va del año. Solo en los primeros 50 días de 2025, Ecuador registró 1.300 asesinatos, un crimen cada hora, un 40% más que en 2023, que a su vez ya había sido el más violento de su historia reciente​. Las masacres, secuestros y extorsiones se han vuelto parte del día a día.

Las instituciones de seguridad lucen desbordadas e infiltradas por el narcotráfico​, mientras los carteles de la droga aprovechan la ubicación estratégica del país como ruta de la cocaína​.

Un “soldado de alquiler” como aliado: ¿solución o riesgo?

Contratar a una figura como Prince, con o sin participación de mercenarios en el terreno, puede parecer una respuesta eficiente ante un Estado debilitado. Estas compañías ofrecen personal entrenado, armamento de alta tecnología y una experiencia de combate que va desde zonas de guerra en Oriente Medio hasta operaciones clandestinas en América Latina. Sin embargo, el precio político, social y ético de estas decisiones rara vez se discute con la profundidad que requiere.

Blackwater se hizo famosa por sus actos en Iraq durante la ocupación estadounidense, al ser señalada por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional de violaciones a los derechos humanos, incluyendo la masacre de civiles en la plaza Nisour de Bagdad en 2007. Varias agencias del Gobierno de Estados Unidos, entre las que destacan el Departamento de Justicia y el FBI, también se unieron a las acusaciones. Estos incidentes mostraron que, al operar fuera de la cadena de mando militar, los mercenarios tienden a escapar de cualquier rendición de cuentas. ¿Estamos dispuestos, como país, a importar ese modelo?

En Ecuador, donde según datos de la Corporación Latinobarómetro, las instituciones enfrentan desafíos, incorporar actores privados y armados autónomos amerita una evaluación cuidadosa de sus efectos sobre la relación Estado-sociedad. Los mercenarios no tienen vínculos con el tejido social, ni están sujetos a ningún control, como sí lo está la fuerza pública. La historia reciente demuestra que su presencia suele agravar los problemas de seguridad.

¿Qué está en riesgo?

Uno de los peligros más profundos de recurrir a terceros en términos de seguridad es que implica una renuncia a la soberanía. Externalizar el uso legítimo de la fuerza, significa ceder el control sobre uno de los pilares fundamentales del poder público. En un país como Ecuador, estratégicamente ubicado entre Colombia y Perú –dos de los mayores productores de droga del mundo– entregar la seguridad a manos privadas y extranjeras abre la puerta a tensiones diplomáticas e injerencias políticas difíciles de contener.

A esto se suma el riesgo de crear una dependencia estructural. Cuando el Estado se acostumbra a que terceros hagan el trabajo que le corresponde, la inversión pública en seguridad tiende a debilitarse. Y con ello, se aplaza la reforma que necesita este sistema: profesionalización, depuración, recursos y liderazgo ético. 

Para el académico Fernando Carrión, experto en seguridad y narcotráfico de FLACSO Ecuador, la política de seguridad del Gobierno de Noboa sigue una lógica de endurecimiento. 

“En primer lugar, está la presencia de bases extranjeras en el territorio ecuatoriano, para lo cual, ya existen los primeros pasos para establecer una base extranjera en el puerto de Manta”, explica Carrión. “Segundo, el pedir ayuda militar extranjera a otros países y en tercer lugar la presencia de grupos de mercenarios privados en el territorio”.

Sin embargo, estas medidas chocan de frente con la Constitución ecuatoriana, que establece claramente que la seguridad interna y externa es competencia exclusiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Según Carrión, para implementar este nuevo modelo se necesitaría una reforma constitucional, lo que implicaría un proceso legislativo complejo y eventualmente un plebiscito nacional para consultar a la ciudadanía. Pese a estas restricciones legales, Carrión advierte que el apoyo ciudadano a este tipo de medidas va en aumento, impulsado por el miedo y la indignación frente a la ola de violencia.

“La población que ha sido víctima de los hechos de violencia reacciona bajo la lógica del ojo por ojo, diente por diente, es decir si matan a algún familiar cercano, estaría a favor de la pena de muerte”, agrega. “Bajo esa perspectiva las personas aceptan la presencia de fuerzas extranjeras en el territorio”.

En momentos de crisis, la urgencia por “hacer algo” puede eclipsar el debate democrático. Pero las decisiones tomadas hoy, bajo presión y dolor, pueden hipotecar el futuro del país por décadas.

Ecuador y la asesoría extranjera: un espejo retrovisor

La idea de recurrir a actores externos para enfrentar problemas de seguridad no es nueva en Ecuador. En la década de 1980, durante el Gobierno de León Febres Cordero, el asesor israelí Mike Rangassi fue protagonista de la reestructuración de la inteligencia militar y del diseño de la política de mano dura frente a la insurgencia. 

El resultado: desapariciones forzadas, torturas y una herida abierta en la memoria colectiva. Entre las desapariciones más recordadas están la de los hermanos Restrepo, la de la maestra Consuelo Benavides y la del obrero Jaime Otavalo. Hasta hoy, persisten denuncias de que Rangassi tuvo conocimiento —o incluso participación— en estos abusos.

El caso Rangassi sigue siendo una advertencia poderosa. En lugar de fortalecer las capacidades nacionales, la externalización de la seguridad terminó alimentando la represión, la opacidad institucional y la impunidad. Es un espejo retrovisor que Ecuador no puede darse el lujo de ignorar.

¿Qué alternativa queda?

Ante un panorama tan crítico, es legítimo preguntarse: ¿qué alternativas tiene Ecuador si no quiere entregar su seguridad a manos privadas? Lejos de una visión binaria entre acción inmediata o parálisis institucional, existen caminos viables que se pueden plantear como respuestas estructurales y sostenibles. 

La primera y quizá más urgente es, recuperar la confianza en las instituciones de seguridad, este es un paso fundamental para enfrentar la criminalidad de manera integral. En este sentido, resulta crucial acompañar la estrategia de seguridad con reformas que promuevan la evaluación continua, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de capacidades dentro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Estas medidas son esenciales para consolidar una estructura operativa alineada con los desafíos actuales del país.

Junto a ello, invertir en inteligencia es clave. Enfrentar al crimen organizado exige más que fuerza: requiere capacidad para anticiparse, analizar patrones y cortar redes complejas. Eso solo se logra con tecnología, información estratégica y profesionales bien formados. Como repiten los especialistas en seguridad, “esta guerra no se gana a tiros, se gana con datos”.

A todo esto se suma un frente muchas veces relegado: la prevención social. La violencia en Ecuador no surge en el vacío; se alimenta de exclusión, pobreza y falta de oportunidades. Sin políticas públicas que lleguen a los barrios más vulnerables —educación, empleo, salud, cultura—, el crimen seguirá teniendo un terreno fértil para reclutar.

Estas rutas no son sencillas ni ofrecen resultados inmediatos, y en un contexto de alta presión, es entendible que el gobierno considere distintas alternativas para recuperar el control y responder a la demanda ciudadana. Aun así, más allá de cualquier medida puntual, fortalecer las capacidades del Estado desde adentro, con legitimidad democrática y participación social, sigue siendo el camino más sólido hacia una seguridad sostenible. 

Ecuador debe apostar por soluciones estructurales, en lugar de atajos tentadores pero peligrosos.