Este domingo 1 de junio, México vivirá una jornada histórica: por primera vez, sus ciudadanos elegirán por voto popular a los integrantes del Poder Judicial. La votación fue establecida tras la aprobación, el año pasado, de una reforma que convirtió al país en el primero del mundo en elegir de forma directa a ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados.
La iniciativa fue impulsada por el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien gobernó del 2018 al 2024, y aprobada tras un complejo proceso legislativo marcado por la polémica y fuertes debates en el Congreso de Diputados y el Senado.
La sucesora de López Obrador, la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, ha respaldado con firmeza esta transformación, asegurando que el voto ciudadano contribuirá a reducir los actuales altos niveles de impunidad. "Las personas que vayan a votar decidirán quién integrará el Poder Judicial, y quienes resulten elegidos por el pueblo deberán responder al pueblo. Esa es la gran diferencia", sostuvo la mandataria este miércoles.
Sin embargo, la reforma que estableció las elecciones también ha recibido críticas de quienes advierten que podría debilitar los contrapesos democráticos.
Pero, ¿por qué es tan importante esta elección? Por un lado, porque no tiene precedentes: aunque países como Bolivia eligen por voto popular a algunos jueces, México será el primero en elegir a todos los magistrados de esta manera. Además, se trata de una de las reformas más profundas en su sistema judicial, con el potencial de cambiar por completo el equilibrio de poderes en el país.
Estos son los puntos clave de las votaciones.
¿Qué se elige?
El domingo estarán en juego 881 cargos del Poder Judicial federal. Los votantes elegirán a todos los magistrados de la Suprema Corte, cuyo número se reducirá a nueve; a los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial —que reemplazará al Consejo de la Judicatura Federal y que se encargará de evaluar e investigar el desempeño de los jueces—, y a casi la mitad de los 7.000 jueces. El resto será elegido en 2027.
Entre los cargos que se designarán también están dos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, 15 en salas regionales, cinco en el Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas y 386 juzgados.
Hasta ahora, los nombramientos se realizaban mediante acuerdos entre el Poder Ejecutivo y el Senado. El presidente proponía una terna para la Suprema Corte, y el Senado escogía al candidato con el respaldo de al menos dos tercios de sus integrantes. Ese sistema quedará completamente reemplazado por el voto directo.
A los cargos mencionados se suma la renovación de los sistemas judiciales locales en 19 estados, lo que eleva a 1.787 los cargos adicionales en disputa. El total asciende a 3.422 candidaturas registradas en este proceso.
¿Cómo es el proceso de votación?
Están convocados a las urnas casi 100 millones de mexicanos. Sin embargo, encuestas recientes estiman que la participación podría oscilar entre el 5% y el 20%, mientras que el Instituto Nacional Electoral (INE) prevé una asistencia de entre el 13% y el 20%, según datos preliminares difundidos por la agencia EFE.
Cada votante recibirá seis boletas para elegir a jueces federales, más las que correspondan a cada estado, si es que participa en los Procesos Electorales Locales Extraordinarios. Por ejemplo, en la Ciudad de México, además, se entregarán tres boletas adicionales para cargos locales.
En las boletas están los nombres de los candidatos en orden alfabético. A la izquierda, las mujeres, y a la derecha, los hombres. Y, por cada cargo a elegir, corresponderá un color:
Además, al lado de cada nombre, figura una sigla que indica por quién fue propuesto el candidato:
- Poder Ejecutivo (PE)
- Poder Legislativo (PL)
- Poder Judicial (PJ)
- Ya estaba en el cargo y busca mantenerse (EF)
Por la complejidad del proceso y la cantidad de candidaturas, los resultados definitivos se conocerán a partir del lunes, aunque el INE realizará un conteo muestral en 1.644 casillas para ofrecer resultados preliminares la noche del domingo.
Sin partidos políticos
Una de las claves de estas elecciones es que los candidatos debían financiar sus propias campañas y ninguno podría estar ligado a partidos políticos, ni estos podían promocionarlos.
El INE, encargado de la convocatoria, fijó una serie de normas y restricciones para la campaña —que concluyó el miércoles tras 60 días—, en un intento por garantizar que haya equidad e imparcialidad de los jueces que saldrán de las urnas.
Además, las campañas no podrían ser financiadas con capital privado y solo se les permitió imprimir volantes y realizar pequeñas concentraciones, así como promoción a través de las redes sociales con sus propios recursos con unos topes entre 11.000 y 70.000 dólares, dependiendo del cargo al que aspiran.
A pesar de estas normas, durante la campaña electoral hubo denuncias de intervenciones de algunos partidos, tanto por parte del gobernante Morena como de los opositores Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Ante estos señalamientos por supuesta influencia de la política en la elección, las autoridades electorales hicieron un recordatorio de las prohibiciones establecidas. Sin embargo, no se han emitido sanciones.
La propuesta que impulsa el presidente López Obrador contempla, entre otros, la elección por voto popular de jueces y magistrados. Sin embargo, la controversia ha rodeado el proyecto.
El largo camino de la reforma judicial y las críticas a las votaciones
La reforma judicial impulsada por López Obrador, que llevó a las elecciones, tuvo un largo camino, pasando por diferentes instancias. Primero fue aprobado por la Cámara de Diputados, donde el partido gobernante Morena tiene la mayoría. Luego pasó al Senado, donde manifestantes irrumpieron en el edificio y obligaron a la suspensión y traslado del debate.
En este punto, los críticos sostenían que esto puede afectar los contrapesos democráticos. Además, cientos de trabajadores judiciales, incluyendo jueces y magistrados, han protestado al señalar que se vulneran sus derechos laborales. Según explican, la reforma elimina la carrera judicial, pues los ascensos serían sustituidos por la elección para acceder al cargo de juez federal.
La iniciativa fue aprobada por 86 votos a favor y 41 en contra, y ratificada por 18 congresos estatales a mediados de septiembre de 2024. Luego, fue promulgada dos días después, coincidiendo con el Día de la Independencia, y publicada en el Boletín Oficial.
Finalmente, este 1 de junio, México pondrá a prueba uno de los cambios más grandes en su sistema judicial. Lo que pase en las urnas no solo marcará un hito histórico, sino que podría redefinir el equilibrio de poderes en el país.
