La figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha marcado la política de Argentina durante los últimos 20 años y el revés judicial que ahora enfrenta agita el mapa político del país. En un fallo, cuyas repercusiones ya han trascendido el plano judicial y las fronteras de la nación, la Corte Suprema ratificó este martes la condena a seis años de prisión por corrupción contra Fernández, que además la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos.
La decisión se desprende de un recurso que presentó la defensa de la expresidenta contra la sentencia dictada en 2022, que la declaró culpable de administración fraudulenta en relación con la adjudicación de obras públicas durante su mandato. Fernández, quien gobernó el país de 2007 a 2015 y fue vicepresidenta de 2019 a 2023, ha rechazado reiteradamente la legitimidad del proceso judicial, calificándolo como un caso de “lawfare”, es decir persecución judicial y política.
Incluso, antes de que se conociera el fallo, la exmandataria señaló al alto tribunal de actuar como "guardia pretoriana del poder económico". En esa línea, sostuvo que hay personajes políticos que, habiendo obrado contra los intereses del país, caminan "libres" por las calles, por lo que, para ella, "estar presa es un certificado de dignidad".
Sin embargo, el fallo del máximo tribunal de Argentina, adoptado por unanimidad de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, sostiene que las sentencias dictadas por los tribunales anteriores “se asentaron en la profusa prueba producida" por lo que “se desestima” el recurso de la defensa. Y añadió que no se demostró “en modo alguno” que durante “el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional". En otras palabras, que el debido proceso de Fernández se garantizó.
Ahora Fernández de Kirchner, de 72 años, debe presentarse ante el tribunal en los siguientes cinco días hábiles para recibir la notificación de su pena. También tiene la opción de pedir prisión domiciliaria por tener más de 70 años. De hecho, según la solicitud a la que tuvo acceso la agencia de noticias EFE, la defensa de la exmandataria ya hizo este miércoles el pedido de que cumpla los seis años de prisión en su casa en Buenos Aires.
Fernández se convierte en el segundo exjefe de Estado en Argentina en ser condenado desde el regreso de la democracia, después de Carlos Saúl Menem (1989-1999), quien recibió una pena de siete años de cárcel por venta de armas.
El momento álgido en el que llega la condena
El fallo de la Corte Suprema llega en un momento electoral decisivo: apenas ocho días después de que Cristina Fernández anunciara su intención de postularse como candidata legislativa en la Provincia de Buenos Aires para las elecciones del próximo 7 de septiembre. De ganar en estas votaciones, la expresidenta habría obtenido fueros judiciales.
Sin embargo, con la decisión del tribunal antes del cierre oficial de listas, queda excluida de la contienda. Un revés que ahora obliga a la oposición a replantear su estrategia electoral de cara a los comicios legislativos nacionales de medio término que se realizarán en octubre.
El analista político Rosendo Fraga dijo a la agencia de noticias AFP que "Cristina va a crecer políticamente", puesto que su detención ayudará a superar las divisiones internas que atraviesa el principal partido opositor. "Será difícil para un peronista ponerse en su contra" si está encarcelada, señaló Fraga.
Sin embargo, el politólogo e historiador Sergio Berensztein señaló, también en conversación con AFP, que es "un escenario político nuevo". "Cristina hoy tiene un liderazgo acotado, no es la Cristina de 2019, pero sigue teniendo relevancia", explicó. La incógnita es si su encarcelamiento "puede derivar en una gradual marginación o su muerte lenta como líder política", agregó.
Ahora bien, Cristina Fernández también deberá ser removida como presidenta del Partido Justicialista, debido a la inhabilitación para ejercer cargos públicos. "Desde donde esté voy a seguir hablando", dijo la exmandataria el martes ante partidarios. "Seguirá siendo la líder indiscutida y los pasos a seguir los va a dar desde su casa", dijo el exgobernador de Buenos Aries y dirigente del PJ Felipe Solá.
Fernández ha sido la principal opositora y una crítica acérrima del actual presidente Javier Milei, quien incluso señaló en una entrevista de 2024 que le "encantaría meter el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro". De hecho, el mandatario celebró la condena de la Corte Suprema desde Israel, donde se encuentra de visita oficial, con un mensaje breve y contundente: “Justicia. Fin”. En una publicación posterior en X agregó: “La república funciona y todos los periodistas corruptos, cómplices de políticos mentirosos, han quedado expuestos en sus operetas sobre el supuesto pacto de impunidad”, en referencia a quienes lo acusaban de mantener un acuerdo con la exmandataria a cambio de estabilidad política.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, también se refirió a las acusaciones de complicidad con el peronismo, al escribir en su perfil de X: "Muy extraño resultó el 'pacto de impunidad'".
Jornadas de protestas en rechazo a la condena
Tanto el martes como el miércoles, centenares de personas expresaron solidaridad frente a la casa de Fernández de Kirchner. A lo que se sumó que las tres centrales sindicales del país se manifestaron "contra la proscripción y en defensa de la democracia" y algunos dirigentes reclamaron llamar a huelga.
“El poder judicial se ha convertido en un instrumento de persecución. No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras la democracia es puesta en riesgo”, afirmó Abel Furlán, líder de la Unión Obrera Metalúrgica, durante la reunión de emergencia celebrada el lunes en la sede del Partido Justicialista. De manera similar, el diputado y dirigente sindical Mario Manrique declaró en una entrevista radial: “Lo que no pueden ganar en las urnas, lo quieren lograr con fallos judiciales”.
En la noche del martes, las instalaciones que albergan los canales de televisión Todo Noticias (TN) y Canal 13, del Grupo Clarín, en Buenos Aires, sufrieron un ataque por parte de manifestantes, que dañaron vidrios, televisores y vehículos. "Luego de que la Corte Suprema ratificara la sentencia por corrupción a la expresidenta, un grupo de manifestantes ingresó por la fuerza al edificio y provocó destrozos", explicó TN en un comunicado.
TN, uno de los canales de noticias más vistos en Argentina, y Canal 13, dedicado al entretenimiento y muy popular, tienen abiertamente una posición editorial crítica hacia la expresidenta. Imágenes difundidas por el canal TN mostraron cómo decenas de manifestantes encapuchados rompieron las puertas de acceso al edificio y lanzaron piedras y otros objetos.
En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, un centenar de personas se reunieron en la plaza 25 de mayo en apoyo a la expresidenta, mientras que en San Miguel de Tucumán, capital de la provincia de Tucumán, gobernada por el peronista Osvaldo Jaldo, otras tantas levantaron carteles con el lema: "Todos con Cristina".
Además, este miércoles, universitarios iniciaron tomas pacíficas de varias sedes de estudio y por la tarde se programó una renovada convocatoria en la protesta que cada semana hacen los jubilados frente al Congreso por aumento de sus pensiones.
Justamente, las movilizaciones por la condena a Fernández de Kirchner se entremezclan con un clima social crispado por protestas de estudiantes, científicos y personal de salud contra los recortes presupuestarios del gobierno.
Más allá de Argentina: las reacciones en Latinoamérica
Los tremores de la ratificación de la condena a Fernández se extendieron más allá de Argentina, con la reacción de varios líderes de América Latina. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su solidaridad con la exmandataria y aseguró que el fallo “ es un asunto más político desde nuestro punto de vista y tiene nuestra solidaridad”.
Por su parte, el Gobierno de Venezuela calificó de “golpe político y judicial” la decisión de la Corte Suprema. A través de un comunicado, señaló que Fernández es "víctima hoy de una persecución brutal impulsada desde un poder judicial subordinado al proyecto autoritario" de Milei. "Este fallo ilegítimo e ilegal busca inhabilitar por la fuerza a quien representa el corazón político y emocional de millones de argentinas y argentinos. No se trata de justicia, se trata de borrar al adversario con métodos coloniales", añadió el Gobierno venezolano.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, manifestó su “firme respaldo” a Fernández ante lo que consideró un "uso de la justicia". "Desde Bolivia expresamos nuestro firme apoyo y solidaridad con la hermana Cristina Fernández, frente a un evidente uso de la justicia como herramienta para socavar las fuerzas de izquierda y del campo nacional popular", publicó Arce en sus redes sociales.
En rechazo a la condena, Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la expresidenta, anunció este miércoles que llevarán el caso “al mundo”. La persecución contra Cristina Fernández de Kirchner ya ha sido denunciada ante la Corte Penal Internacional (CPI), por tratarse de un caso emblemático de detención y criminalización selectiva", escribió Dalbón en su perfil de la red social X.
Además, anticipó que también realizará una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde alegará que los tribunales fueron parciales, la vulneración sistemática del debido proceso y el uso del sistema penal como herramienta de neutralización política, entre otros argumentos. Según el abogado, el fallo “no resiste el más mínimo control de constitucionalidad ni de convencionalidad” y se trata de “una construcción artificial” que vulnera garantías básicas del debido proceso.
El impacto simbólico
La confirmación de la condena no sólo deja a Cristina Fernández fuera del juego electoral, sino que podría alterar de manera estructural el mapa político argentino. Su figura, que durante dos décadas marcó el pulso del país, queda ahora relegada a un plano judicial con impacto simbólico profundo.
Además, el fallo agudiza la polarización política en Argentina. Llega en un momento en que el Gobierno de Milei busca consolidar su proyecto económico ultraliberal, mientras la oposición redefine liderazgos y estrategias. La escena queda abierta y más fragmentada que nunca.
