Un juez federal de Estados Unidos ordenó este miércoles al Gobierno de Donald Trump ofrecer a más de un centenar de migrantes venezolanos deportados a la megacárcel de El Salvador en marzo la posibilidad de impugnar sus acusaciones y defenderse legalmente.
El documento no exige el regreso de los expulsados, que fueron enviados a la prisión de máxima seguridad tras ser deportados bajo una antigua ley de tiempos de guerra, pero sí establece que deben contar con una vía para impugnar su detención incluso desde el extranjero, y tener un debido proceso.
Tras la publicación del fallo, emitido por el juez de distrito James Boasberg, el gobierno de Trump tendrá un plazo de una semana para presentar los detalles de cómo garantizará el acceso legal a los deportados.
El 14 de marzo, el presidente de EE.UU. invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 –utilizada hasta entonces solo en tiempos de guerra y que permite deportar a ciudadanos de países considerados hostiles, incluso sin juicio previo– para expulsar a migrantes venezolanos a una megaprisión en El Salvador. Trump los acusaba de ser miembros de la banda Tren de Aragua, declarada recientemente organización "terrorista" por Washington.
La administración justificó el uso de esta ley alegando que algunos venezolanos representaban una posible amenaza para la seguridad del país. Así, expulsó a cientos de personas a la prisión salvadoreña, como parte de un acuerdo alcanzado en secreto entre Washington y el Gobierno de Nayib Bukele.
Organizaciones de derechos humanos y expertos legales han criticado el uso de esta ley para justificar las deportaciones masivas, advirtiendo que sienta un precedente peligroso y viola normas internacionales. También exigieron que todos los deportados tengan la posibilidad de pasar por un debido proceso judicial.
Desde jueces federales hasta la Corte Suprema
Además de los reclamos de las organizaciones y de generar tensión con el Gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro, estas deportaciones desencadenaron una serie de demandas judiciales que llegaron hasta la Corte Suprema de EE.UU.
Desde entonces, varios tribunales federales han paralizado temporalmente las expulsiones en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros. Fue el mismo Boasberg quien comenzó a tomar medidas el mismo 14 de marzo, bloqueando el uso de esta ley cuando los dos aviones iban rumbo al país centroamericano con los migrantes y ordenó su regreso. Sin embargo, el Gobierno indicó que estos ya habían aterrizado en El Salvador, lo que desató una batalla legal en la que también la Corte Suprema ha decidido vetar ese tipo de deportaciones.
El juez sostiene que los migrantes deben tener la oportunidad de impugnar legalmente su expulsión ante las cortes, ya que no se puede saber si tienen vínculos con alguna organización criminal porque nunca tuvieron la oportunidad de desafiar la acusación.
El reciente fallo del juez Boasberg representa el primer revés legal a esta política de expulsiones de Trump, al establecer que, incluso en situaciones de emergencia o conflicto, las personas deben tener acceso al habeas corpus (el derecho a comparecer ante un juez para que decida si un arresto fue legal o no), lo que garantiza el debido proceso, aun si se encuentran fuera del país.
"Se les debe permitir la oportunidad práctica de buscar el alivio por habeas corpus que se les negó previamente, como si nunca hubieran sido enviados a El Salvador", añadió este miércoles el juez.
De momento, el fallo no ha ordenado a la administración que adopte medidas concretas, sino que le permite presentar "propuestas sobre las acciones apropiadas" que permitan el acceso al habeas corpus.
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