El palestino Mousa Shabaneh observa en silencio cómo una valla metálica de cinco metros de altura atraviesa el vivero donde cultivaba árboles, su único sustento en el pueblo de Sinjil, Cisjordania ocupada. El ejército de Israel cercó este jueves la aldea, convirtiéndola en lo Shabaneh describe como “una gran prisión”.
A sus 52 años y con siete hijos a su cargo, ve cómo su medio de vida se esfuma tras el acero. “Todos los árboles que tenía se quemaron y se perdieron. Al final, nos quitaron el sustento”, explicó en conversación con la agencia Reuters.
Las fuerzas israelíes señalan que la gran valla fue instalada para proteger a los colonos ilegales que transitan y se han asentado en las zonas colindantes. En un comunicado, afirmó que la medida busca proteger la cercana autopista Ramala-Nablus y “garantizar la seguridad de los civiles”. También que el acceso al pueblo “sigue siendo libre” dado que los residentes aún pueden entrar y salir por la única entrada habilitada.
Pero esa “libertad” viene con todas las comillas. Para los 8.000 habitantes de Sinjil, moverse implica recorrer estrechas calles, sortear obstáculos y, en muchos casos, cruzar a pie los cierres para alcanzar vehículos del otro lado.
Bahaa Foqaa, vicealcalde del pueblo, denuncia que la valla ha encerrado a toda la comunidad en apenas 10 hectáreas, aislándolos de más de 2.000 hectáreas de tierra agrícola de su propiedad. “Esta es la política que utiliza el ejército de ocupación para intimidar a la gente y quebrar la voluntad del pueblo palestino”, asegura.
“La mitad de nuestra vida se va en las carreteras”
La situación en Sinjil es reflejo de lo que viven muchas otras comunidades palestinas en Cisjordania ocupada, donde la vida se ha vuelto cada vez más precaria.
Israel ha restringido sistemáticamente la libertad de movimiento de los palestinos en el territorio, lo que dificulta su transporte y acceso al trabajo. En última instancia, esto ha dejado sin ingresos a decenas de miles de familias. Dado que la expansión de los asentamientos ilegales israelíes sigue una lógica de fragmentar Cisjordania ocupada, muchas comunidades palestinas deben compartir carreteras con colonos. Con el pretexto de preservar la seguridad de estos últimos, el ejército aumenta progresivamente los controles a la movilidad de los palestinos.
Así, lo que empieza con montículos de tierra y grandes rocas que bloquean las carreteras, acaba por convertirse en puertas metálicas a las entradas de las comunidades palestinas, que los soldados israelíes cierran a discreción aislando a la población.
Sana Alwan, de 52 años, vive en Sinjil y trabaja como entrenadora personal. Contó que lo que antes era un trayecto corto hasta Ramala puede ahora tardar hasta tres horas, sin saber al comenzar el día cuánto tiempo pasará retenida en los controles. Su trabajo se ha visto afectado porque ya no puede garantizar a sus clientes que llegará a tiempo.
“La mitad de nuestra vida se va en las carreteras”, dijo.
Mohammad Jammous, de 34 años, vive en Ramala y solía visitar a su familia en Jericó casi cada semana. Hoy, con un trayecto que puede tardar varias horas, apenas logra verlos una vez al mes. “Es como si nos quisieran mantener separados, física y emocionalmente”, dice.
La violencia continúa en Cisjordania ocupada
Mientras aumenta la retórica israelí a favor de la anexión total de Cisjordania, también se intensifica la violencia en el territorio ocupado.
Este viernes, al menos 11 palestinos resultaron heridos en ataques perpetrados por colonos israelíes ilegales y soldados en varias localidades del distrito de Nablus, según activistas locales y fuentes médicas. En las incursiones, los colonos vandalizaron propiedades, talaron olivos, robaron ganado y agredieron a los residentes. Además, en Beita, las fuerzas israelíes dispararon munición real y gases lacrimógenos, provocando intoxicaciones por inhalación de gas entre los residentes.
Un día antes, soldados israelíes dispararon y mataron a Walid Hassan Saad Badir, un palestino de 61 años, cerca del campo de refugiados de Nur Shams, en Tulkarem, según informó el Ministerio de Salud. Ese mismo jueves, el ejército detuvo en redadas a 30 palestinos, incluyendo siete estudiantes de secundaria justo antes de realizar sus exámenes finales. Según el Ministerio de Educación palestino, a 67 estudiantes de secundaria se les ha impedido presentar sus exámenes este año debido a las detenciones israelíes.
Además, cientos de familias palestinas han tenido que huir de una zona del campo de refugiados de Tulkarem tras recibir órdenes de demolición emitidas por las autoridades israelíes y que afectan a más de 100 edificios. Ahora, al menos 400 familias de la zona enfrentan el riesgo de quedarse sin hogar. Así, se suman a las decenas de miles de personas desplazadas por una ofensiva militar prolongada en la región.
Unos 700.000 israelíes viven actualmente en territorios ocupados por Israel en 1967. Gran parte de la comunidad internacional considera estas comunidades como una violación de las Convenciones de Ginebra, que prohíben trasladar población civil a territorios ocupados.
De hecho, la Corte Internacional de Justicia declaró en julio pasado que la ocupación israelí del territorio palestino es ilegal y pidió la evacuación de todos los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este.
Desde el 21 de enero, el ejército israelí lleva a cabo operaciones militares continuas en los campos de refugiados de Yenín, Tulkarem y Nur Shams.
Además, desde el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza en octubre de 2023, al menos 989 palestinos han sido asesinados y más de 7.000 resultaron heridos en Cisjordania ocupada por parte de fuerzas israelíes y colonos ilegales, según el Ministerio de Salud.
