La Corte Suprema de Estados Unidos le ordenó al Gobierno de Donald Trump que "facilite" el regreso del salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado arbitrariamente el mes pasado y enviado a una megacárcel en su país natal.

La administración debe "'facilitar' la liberación Ábrego García de la custodia en El Salvador y asegurarse de que su caso se maneje como lo habría hecho si no hubiera sido enviado inapropiadamente a El Salvador", señaló el tribunal, de mayoría conservadora, en su fallo este jueves.

Ábrego García, de 29 años, residía en el estado de Maryland hasta que se convirtió en uno de más de 200 migrantes enviados a una prisión en El Salvador el mes pasado, como parte de la dura política de inmigración del presidente Donald Trump.

Desde 2019, Ábrego García había estado viviendo en Estados Unidos bajo un estatus legal protegido, tras un fallo judicial que determinó que no debía ser deportado, pues corría riesgos en su país de origen.

Tribunales inferiores habían ordenado que el Gobierno de Estados Unidos lo devolviera a ese país antes de la medianoche del lunes, pero la Corte Suprema suspendió esa orden horas antes de que venciera plazo.

La administración de Trump impugnó las decisiones previas, alegando que Ábrego García formaba parte de la pandilla salvadoreña MS-13, una acusación que los tribunales inferiores desestimaron por falta de pruebas.

Además, sostenía que ya no tenía jurisdicción para asegurar la liberación de Abrego García, ahora que se encuentra en territorio de El Salvador.

"La fecha límite en la orden impugnada ya no es efectiva", resolvió la Corte Suprema el jueves.

No obstante, "el resto de la orden del Tribunal de Distrito sigue en vigor", exigiendo que se garantice el regreso de Ábrego García, añadieron los jueces.

Juezas se pronuncian contra la deportación

El caso llevó a que las juezas liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson emitieran una declaración minoritaria en la que argumentaban que no existía "fundamento legal" para la deportación de Ábrego García a El Salvador. Además, recomendaron que el tribunal de primera instancia "siga garantizando que el gobierno cumpla con su obligación de respetar la ley".

"El argumento del gobierno... implica que podría deportar y encarcelar a cualquier persona, incluidos ciudadanos estadounidenses, sin consecuencias legales, siempre que lo haga antes de que un tribunal pueda intervenir", advirtieron las juezas en su declaración, subrayando el peligro de este tipo de acciones.