Un juez federal en Estados Unidos ha ordenado al gobierno del presidente Donald Trump trasladar a Rumeysa Ozturk, estudiante de doctorado en la Universidad de Tufts, desde un centro de detención en Luisiana hasta el estado de Vermont, mientras evalúa su denuncia de arresto ilegal por parte de las autoridades migratorias, en represalia por su activismo en defensa de Palestina.
La decisión del juez de distrito William Sessions, emitida el viernes desde Burlington, representa un avance importante en la batalla legal de Ozturk, ciudadana turca de 30 años y becaria Fulbright, para ser liberada de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y retomar sus estudios, tras ser detenida el pasado 25 de marzo en Massachusetts.
El artículo de opinión, en el centro del caso
Ozturk fue arrestada luego de que el Departamento de Estado revocara su visa de estudiante, alegando un artículo de opinión que coescribió en el periódico estudiantil de Tufts. En el texto, criticaba la respuesta de la universidad a las demandas del alumnado de desinvertir en empresas vinculadas a Israel tras el inicio de la guerra, y exigía “reconocer el genocidio palestino”.
El juez Sessions señaló que Ozturk ha presentado pruebas suficientes para sustentar que su detención tuvo como fin castigarla por ejercer su derecho a la libertad de expresión, y calificó el artículo como una “expresión evidente sobre asuntos de interés público”. Añadió que el gobierno “no ha ofrecido hasta ahora ninguna prueba que respalde una motivación alternativa y legal para su detención”.
El juez, nombrado por el expresidente demócrata Bill Clinton, programó una audiencia para el 9 de mayo para considerar la posibilidad de liberarla bajo fianza, y fijó otra audiencia para tratar el fondo del caso el 22 de mayo. La aplicación de su orden fue suspendida por cuatro días para permitir una posible apelación. El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, no emitió comentarios al respecto.
La detención de Ozturk, realizada por agentes encapuchados en una calle del suburbio de Somerville ubicada en las afueras de Boston, fue grabada en video y se viralizó rápidamente, convirtiéndose en un caso de alto perfil y símbolo de la ofensiva del presidente Trump contra estudiantes internacionales que han expresado críticas a Israel y su ofensiva militar en Gaza.
Sus abogados, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), afirman que su detención es una represalia política y una violación clara a sus derechos constitucionales a la libre expresión y al debido proceso. Jessie Rossman, abogada de la ACLU en Massachusetts, calificó el fallo del juez como “un paso crucial para defender el estado de derecho en nuestro país”.
Un reporte que cita al Departamento de Estado de EE.UU. señala que no hay evidencia que víncule a Rumeysa Ozturk, detenida por su activismo pro-Palestina, con terrorismo o discurso de odio.
Problemas de salud en custodia
Durante una audiencia celebrada el 14 de abril, el juez Sessions advirtió sobre una posible “crisis constitucional” si el gobierno federal se negaba a liberar a Ozturk incluso en caso de que el tribunal declarara ilegal su detención. Su planteamiento reflejó una preocupación creciente entre expertos legales y legisladores demócratas sobre el respeto del gobierno de Trump a los fallos judiciales adversos.
La noche antes de su traslado a Luisiana, sus abogados presentaron una demanda en Massachusetts para impedir su salida del estado sin previo aviso de 48 horas. Aunque un juez emitió la orden, Ozturk ya había sido enviada a Vermont, desde donde fue trasladada en avión a la instalación del ICE en Basile, Luisiana.
En una audiencia posterior, los abogados de Ozturk solicitaron su liberación inmediata bajo fianza o, en su defecto, que fuera trasladada de regreso a Vermont. Argumentaron que desde su ingreso en custodia, Ozturk ha sufrido múltiples ataques de asma y que su salud corre peligro debido a las condiciones médicas inadecuadas del centro de detención donde se encuentra.
Un tribunal federal en Boston, pese a la solicitud del gobierno de desestimar el caso, resolvió el 4 de abril que el proceso podía continuar en Vermont, dado que allí se encontraba Ozturk en el momento en que se presentó la demanda.
