Nasir QadriCuando los ríos se tiñeron de rojo en Cachemira en 1947, una ola de violencia transformó por completo su demografía: más de 500.000 musulmanes fueron masacrados y muchos más, desplazados. Al mismo tiempo, en Palestina, los antiguos olivares comenzaban a sangrar durante la Nakba de 1948.
Dos geografías, Cachemira y Palestina, se convirtieron en escenarios de exilio persistente y resiliencia, unidos por un rostro común y blanqueado: desplazamiento, negación, ingeniería demográfica y vacío legal.
El 7 de mayo de 2025, India lanzó ataques con misiles sobre tres regiones de Pakistán, incluida la Cachemira administrada por Pakistán, causando víctimas civiles. El ataque, motivado por acusaciones no comprobadas que vinculan a Pakistán con los asesinatos en la zona turística de Pahalgam, evidencia cómo la disputa no resuelta sobre Cachemira continúa arrastrando a la región al borde de una guerra a gran escala, tras haber librado ya tres guerras importantes por este territorio.
Violencia colonizadora
Más de setenta años después, la maquinaria del colonialismo y de asentamientos sigue avanzando, ahora bajo el lenguaje sesgado de la ley. Desde que India derogó el Artículo 370 el 5 de agosto de 2019, despojando a Yammu y Cachemira de su limitada autonomía, ha instaurado silenciosamente una arquitectura legal no para proteger derechos, sino para disolverlos.
En abril de 2025, en respuesta a una consulta de legisladores opositores, el Departamento de Hacienda de Yammu y Cachemira (el nombre oficial de la región) reveló que en solo dos años se habían otorgado más de 84,000 certificados de domicilio a personas no cachemires sin vínculos previos con la región. Aún más significativo fue que declaró que el término “sujetos del estado”, en referencia a residentes permanentes, ya no se aplicaba conforme a la anterior Constitución de Yammu y Cachemira.
Nueva Delhi e Islamabad vuelven a intercambiar disparos y acusaciones en lo que terminó por convertirse en un peligroso patrón que puede escalar fácilmente hacia una guerra en toda regla.
Según esa Constitución, un ciudadano indio era considerado residente permanente en dos casos: si, al 14 de mayo de 1954, era sujeto estatal de clase I o II, había adquirido legalmente bienes inmuebles en el estado y residido allí por al menos 10 años previos a esa fecha, o si había migrado a territorios que luego serían Pakistán y regresado con un permiso de reasentamiento emitido por la legislatura estatal.
Los sujetos de clase I incluían a quienes nacieron en la región y vivían allí antes del inicio del antiguo reino Dogra bajo el maharajá Gulab Singh en 1846, así como aquellos que residían permanentemente antes del año Samvat 1942 (equivalente a 1885 d.C.). La clase II abarcaba a quienes se establecieron y adquirieron propiedades antes del año Samvat 1968 (1911 d.C.), durante el reinado de Pratap Singh.
Pero esto no es una simple reforma administrativa. Es una guerra jurídica: el uso estratégico del derecho interno para institucionalizar el régimen de colonos, reconfigurar la demografía y borrar la soberanía de las poblaciones originarias.
Este esquema replica las técnicas legales que Israel ha aplicado en los territorios ocupados palestinos: legalización de la apropiación de tierras, extensión de privilegios colonos y desmantelamiento de protecciones locales bajo el disfraz de gobernanza. Transforma cuestiones políticas de ocupación y soberanía en procesos burocráticos de documentación y desplazamiento.
De “sujetos del estado” a “domiciliados”
El Reglamento de Concesión de Certificados de Domicilio de Yammu y Cachemira de 2020, introducido durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 en India, redefinió la elegibilidad para incluir a quienes hubieran vivido, estudiado o trabajado en la región. Bajo el pretexto de una emergencia sanitaria, se amplió discretamente la cobertura legal para no residentes. Un funcionario del Servicio Administrativo de India, originario del estado de Bihar, fue uno de los primeros en recibir un certificado: un acto tanto simbólico como estratégico.
Esta maniobra jurídica refleja la política israelí en Jerusalén Este ocupada, donde Israel aprobó su Ley de Nacionalidad y derogó la Orden de Ciudadanía Palestina de 1925. Revocaciones de residencia, permisos discriminatorios y alteraciones legales han consolidado las ventajas de los colonos.
Estas tácticas, repetidamente condenadas por la Corte Internacional de Justicia y en violación de la Cuarta Convención de Ginebra, no son anomalías: son plantillas legales de un manual colonial.
No es coincidencia que la alineación ideológica y táctica entre India e Israel se refuerce con la estrecha relación personal entre el primer ministro indio, Narendra Modi, y su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu. Estos líderes comparten no solo una relación cercana, sino una adhesión a modelos políticos supremacistas, vigilancia digital y control militarizado sobre poblaciones nativas.
Al igual que Israel, India muestra un desprecio abierto por las normas legales internacionales. Mientras Israel se ampara tras el poder de veto estadounidense, India utiliza su peso económico y sus alianzas geopolíticas para silenciar las críticas. Ambos estados invocan la soberanía como excusa de impunidad, no de responsabilidad, escudando violaciones sistemáticas al derecho internacional y resoluciones de la ONU bajo pretextos nacionalistas.
Al redefinir la soberanía como inmunidad ante la rendición de cuentas, rechazan el principio central del derecho internacional: que los derechos de los pueblos indígenas y ocupados no están subordinados a las ambiciones de las potencias ocupantes.
Militarización de la vida cotidiana
Pero las leyes, por sí solas, no conquistan: requieren del miedo. Tras la revocación del Artículo 370, Cachemira fue sometida al apagón de comunicaciones más largo jamás registrado en una democracia. Cortes de internet, censura mediática y restricciones de movimiento paralizaron la vida pública.
El costo de la resistencia se penalizó mediante contrainsurgencia militarizada. Los disidentes fueron encarcelados bajo leyes draconianas como la Ley de Prevención de Actividades Ilegales, frecuentemente sin juicio. Abogados, periodistas, líderes políticos e incluso familias en duelo fueron vigilados, detenidos o silenciados.
En Cachemira, se confiscaron propiedades civiles, se ocuparon tierras, y se demolieron con impunidad hogares de presuntos disidentes. Se prohibieron funerales, se criminalizó la expresión en redes sociales y se destituyó a empleados públicos, a menudo sin cargos formales.
Esto no fue gobernanza, sino castigo colectivo legalizado, una contrainsurgencia disfrazada de administración.
Tras bombardeos que dejaron al menos 38 muertos en ambos lados, las dos potencias nucleares se enfrentan nuevamente en el disputado territorio de Cachemira. Las claves del conflicto y qué se sabe de los ataques.
Colonialismo de asentamiento encubierto
Lo que se despliega en Cachemira no es una política interna ni una reforma de seguridad, sino la transformación de un conflicto reconocido por la ONU en una solución demográfica. Es un colonialismo de asentamiento oculto bajo la retórica de la integración nacional y el desarrollo jurídico.
Bajo el derecho internacional, la ilegalidad es clara. La Cuarta Convención de Ginebra prohíbe que una potencia ocupante traslade su población civil a territorios ocupados. Las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, incluida la Resolución 47, reconocen el carácter disputado de Cachemira y exigen un referéndum de autodeterminación.
Las acciones de India no solo violan estas obligaciones, sino que exponen la incapacidad estructural del derecho internacional para contener a regímenes que manipulan la legalidad para afianzar la dominación.
¿Legalidad o justicia?
Aquí, el derecho no es neutral. Se emplea para borrar la línea entre colonos y nativos, y eliminar la categoría misma de “sujeto del estado de Cachemira”. Donde la ley antes registraba presencia, ahora registra vacío. Es una jurisprudencia del olvido, donde la legalidad no elimina cuerpos, pero sí identidades políticas.
Estas no son simples violaciones legales, sino agresiones epistémicas contra la memoria, el arraigo y la identidad indígena. En India, esta transformación se celebra como eficiencia burocrática. Para los cachemires, representa una metamorfosis colonial, que refleja la ocupación israelí no solo en sus tácticas, sino en su lógica legal.
La cuestión no es si estos actos son legales, sino si la ley, cooptada y deformada, aún puede servir a la justicia. ¿Puede el derecho internacional frenar a los estados que dominan su vocabulario para alcanzar sus ambiciones? ¿O es la legalidad ahora solo una caja de herramientas para la dominación?
Como advirtió el pensador anticolonial Frantz Fanon, el colono sabe escribir leyes. Quienes son privados de sus tierras, deben escribir la historia en el exilio. En Cachemira, como en Palestina y otros escenarios de violencia legal, el mundo debe enfrentar cómo los colonizadores usan la legalidad para desplazar, despojar y hacer desaparecer a pueblos nativos a través de la eliminación de los certificados de domicilio, uno por uno.
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, expresó su solidaridad con Pakistán y respaldó su postura “prudente” frente a la escalada con India. Islamabad agradeció el gesto y destacó que Türkiye fue el primer país en condenar los ataques.
