El arresto de Mahmoud Khalil, activista de la Universidad de Columbia, el mes pasado, se realizó sin la orden judicial correspondiente. Así lo confirmó el Gobierno de Estados Unidos en documentos presentados ante la Justicia, donde argumentó que los agentes federales temían que Khalil pudiera escapar antes de que se emitiera la orden.
"Por lo general, se debe obtener una orden de arresto. Sin embargo, existe una excepción al requisito de la orden cuando el oficial de inmigración tiene motivos para creer que la persona probablemente escapará antes de que pueda obtenerse una orden", argumentaron los abogados del gobierno en una presentación ante un tribunal que se llevó a cabo este jueves.
Los representantes legales del gobierno justificaron la detención alegando que Khalil no colaboró y declaró "iba a irse del lugar", aunque las imágenes del arresto grabadas por su esposa Noor Abdalla –ciudadana estadounidense y embarazada en ese momento–, muestran lo contrario.
Los abogados del gobierno aseguraron que Khalil no llevaba consigo su tarjeta de residencia permanente, conocida como green card, lo cual consideraron un "delito menor". De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, los titulares de una green card deben llevarla consigo en todo momento.
Khalil, quien el año pasado ayudó a organizar protestas universitarias contra la agresión israelí en Gaza, movilización que dio inicio a una ola de manifestaciones pro-Palestina en campus estadounidenses, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 8 de marzo, en su apartamento propiedad de la universidad en Nueva York. Su arresto se enmarca en la ofensiva del presidente Donald Trump contra el activismo pro-Palestina.
En una emotiva carta, Mahmoud Khalil, estudiante palestino detenido en EE.UU., denunció la represión contra las voces propalestinas y el retroceso de derechos civiles en EE.UU.: “Una democracia de conveniencia no es democracia”.
“Esto es claramente otro intento desesperado del Gobierno de Trump por justificar la detención ilegal del defensor de derechos humanos Mahmoud Khalil, quien ahora es, según la tácita admisión del propio gobierno, un preso político de Estados Unidos”, afirmó su abogada Amy Greer en una declaración enviada por correo electrónico. Greer se encontraba al teléfono con Khalil y su esposa durante el arresto, y afirmó que “él permaneció calmado y obedeció las órdenes”.
“El gobierno finalmente admite lo que todo el mundo ya sabía y había visto: que ICE no tenía una orden para detener a Mahmoud Khalil”, señaló en un comunicado Ramzi Kassem, otro de sus abogados y codirector del proyecto CLEAR de la Facultad de Derecho de CUNY.
Aunque la administración Trump ha acusado a Khalil de participar en “actividades alineadas con Hamás”, no se ha presentado ninguna prueba ante los tribunales que respalde esta afirmación. Tampoco se le han imputado cargos.
La esposa de Khalil declaró que ICE rechazó una solicitud para liberarlo temporalmente con motivo del nacimiento de su hijo.
“Esta fue una decisión deliberada de ICE para hacernos sufrir a Mahmoud, a nuestro hijo y a mí”, expresó en un comunicado. “Los primeros días de vida de mi hijo no deberían ser sin su padre a su lado. ICE y la administración Trump nos han robado estos momentos irreemplazables en un intento por silenciar el apoyo de Mahmoud a la libertad del pueblo palestino”, agregó.
El parto tuvo lugar en Nueva York, mientras que Khalil fue trasladado al estado sureño de Luisiana, en lo que parece ser un intento por encontrar a un juez afín a las nuevas políticas migratorias de Trump.
Ofensiva de Trump contra el activismo pro-Palestina
Los asesores de Trump han acusado a los manifestantes propalestinos de promover el antisemitismo y el terrorismo, acusaciones que los activistas rechazan de manera categórica.
Asimismo, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha invocado una ley aprobada durante la era del “Pánico Rojo” en la década de 1950, la cual permite a Estados Unidos expulsar a extranjeros considerados contrarios a su política exterior.
Rubio sostiene que las protecciones constitucionales de la libertad de expresión no se aplican a los extranjeros y que él puede tomar decisiones de forma unilateral, sin necesidad de revisión judicial.
El arresto de Khalil marcó el inicio de una intensa campaña contra el activismo a favor de Palestina. Desde entonces, cientos de estudiantes han visto revocadas sus visas, y algunos afirman haber sido perseguidos por motivos tan diversos como escribir artículos de opinión o tener antecedentes menores de arresto.
Un juez ordena trasladar a la estudiante turca a Vermont tras su arresto por activismo pro-Palestina; su caso plantea posibles violaciones a la libertad de expresión y al debido proceso.
Pocos días después de la detención de Khalil, fue arrestado Badar Khan Suri, investigador indio en la Universidad de Georgetown. Su abogado declaró que el arresto se debió a la identidad palestina de su esposa.
Luego, las autoridades buscaron a otro estudiante activista, Momodou Taal, a quien le solicitaron que se entregara voluntariamente.
El 25 de marzo, la estudiante de la Universidad de Columbia, Yunseo Chung, anunció que demandó a la administración Trump para frenar su deportación de Estados Unidos, tras haber participado en una protesta pro-Palestina la primavera pasada. Ese mismo día, Rumeysa Ozturk, estudiante turca de doctorado en la Universidad de Tufts, fue detenida a plena luz del día por autoridades estadounidenses debido a sus críticas a las acciones de Israel en Gaza.
La semana pasada, Mohsen Mahdwai, también estudiante en Columbia y activista pro-Palestina, fue detenido durante su entrevista de ciudadanía. Otros estudiantes, como Leqaa Kordia, Ranjani Srinivasan y Alireza Doroudi, han sido detenidos o se han autodeportado.
