"Acuerdo humanitario", así definió el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, la propuesta que este domingo dirigió a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro. La oferta: repatriar a 252 ciudadanos venezolanos deportados desde Estados Unidos a su país, a cambio de un número equivalente de personas detenidas en Venezuela, a quienes Bukele califica de “presos políticos”. Venezuela no tardó en rechazar las palabras de Bukele y catalogó la propuesta de “cínica”.
"Quiero proponerle un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100% de los 252 venezolanos que fueron deportados, a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico (252) de los miles de presos políticos que usted mantiene", publicó Bukele en X, dirigiéndose a Maduro.
El mandatario salvadoreño no precisó si los que llama “presos políticos” serían encarcelados nuevamente tras el intercambio. Sin embargo, especificó el canje debe incluir a Rafael Tudares, yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia; a Rocío San Miguel, a activista de derechos humanos; a los opositores asilados en la embajada de Argentina en Caracas, y a unos 50 ciudadanos detenidos de otras nacionalidades, incluidos estadounidenses, alemanes y franceses, como parte del intercambio.
La oferta, desde Caracas, fue rotundamente rechazada.
Venezuela responde: Es una propuesta “cínica”
La respuesta de Venezuela no se hizo esperar y el fiscal general, Tarek William Saab, calificó de "cínica" la propuesta.
"Solicito de manera inmediata la lista completa con la identificación de todos los detenidos y su estatus judicial, así como también la Fe de vida y el informe médico de cada uno de los secuestrados," dijo Saab al exigir conocer los delitos cometidos por el grupo, cuándo fueron presentados ante un juez y si cuentan con abogados.
"(Este mensaje) demuestra que estos ciudadanos están secuestrados a disposición unilateral de un sujeto al margen de la ley que, pública y comunicacionalmente, le expresa al planeta que él, de forma tiránica, decide quién puede gozar o no de vida y libertad en El Salvador," añadió.
"Al mundo entero le debe causar repugnancia el hecho de que el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) ya no es un centro de tortura creado por la mente macabra de Bukele para sancionar a delincuentes en su país, sino un lugar de desaparición forzada de inocentes de nacionalidad venezolana (según se acuerde con sus socios imperiales), a quienes, como experto en traficar con seres humanos, utiliza para recibir a cambio sumas millonarias de dinero”, completó Saab.
Por su parte, el gobierno venezolano ha afirmado reiteradamente que no tiene “presos políticos” y que las personas encarceladas han sido condenadas por delitos. Sin embargo, grupos de derechos humanos afirman que hay más de 800 personas detenidas en Venezuela por motivos políticos. Caracas también ha negado que los venezolanos deportados por Estados Unidos tengan vínculos con bandas, y los abogados y familiares de los detenidos han reclamado su inocencia.
Sin embargo, desde San Salvador, Bukele sostuvo que los 252 venezolanos bajo su custodia fueron detenidos en territorio estadounidense durante operaciones contra organizaciones criminales como el Tren de Aragua, antes de ser deportados a El Salvador.
"A diferencia de nuestros detenidos, muchos de los cuales han asesinado, otros han cometido violaciones, y algunos incluso habían sido arrestados en múltiples ocasiones antes de ser deportados, sus presos políticos no han cometido ningún delito," le dijo Bukele a Maduro por la red X.
Maduro hasta ahora no ha reaccionado. Su gobierno denuncia un "secuestro" y contrató un abogado para representarlos en El Salvador.
Deportaciones a El Salvador
El mes pasado, el presidente Donald Trump ordenó la deportación de al menos 200 venezolanos desde Estados Unidos hacia El Salvador, acusándolos de ser miembros de la banda criminal Tren de Aragua. Como parte del acuerdo, Washington está pagando a El Salvador 6 millones de dólares para alojar a los deportados en el Cecot, una megacárcel de alta seguridad.
La oferta de Bukele a Maduro ocurre después de la reciente reunión que tuvo con Trump en la Casa Blanca la semana pasada, y luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueara temporalmente la deportación de otro grupo de venezolanos, a quienes se les atribuye vinculación con pandillas.
Ante esta decisión judicial, Trump recurrió a su red social Truth Social, donde arremetió contra "jueces y agentes de la ley débiles e ineficaces", a quienes acusó de permitir que continúe lo que él calificó como un "siniestro ataque" a la seguridad de Estados Unidos.
La simpatía entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de El Salvador, destacó durante la reunión que sostuvieron en la Casa Blanca. Un encuentro que fortaleció los lazos entre ambos países. Esto fue lo que pasó.
La administración Trump se enfrenta a una creciente oposición por parte de jueces federales, grupos de derechos humanos y legisladores demócratas, quienes señalan que su política de deportaciones infringe derechos constitucionales fundamentales.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño deportado el 16 de marzo bajo acusaciones de ser miembro de la MS-13. Aunque el gobierno de Trump reconoció que la deportación fue el resultado de un "error administrativo", pues Ábrego tenía protección legal desde 2019, se ha negado a gestionar su regreso, argumentando que el caso está en manos de El Salvador.
Por su parte, Bukele defendió su postura en la Casa Blanca, calificando de "absurdo" devolver a Estados Unidos a un individuo acusado de ser "terrorista".
Los deportados están recluidos en el Cecot, la prisión más grande de Latinoamérica, que tiene capacidad para albergar hasta 40.000 reclusos.
