El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explora nuevas rutas para sus políticas migratorias, incluyendo la deportación de migrantes a países africanos que no son sus lugares de origen. La semana pasada, Sudán del Sur aceptó recibir a ocho personas deportadas desde EE.UU., en lo que se perfila como el primer antecedente de este tipo en África.
La decisión coincidió con una reunión entre Trump y líderes de varios países africanos, en la que el mandatario habría propuesto planes para ampliar estas deportaciones a terceros países.
Esta no sería la primera iniciativa de este estilo. Estados Unidos ha enviado a cientos de venezolanos y otros a Costa Rica, El Salvador y Panamá. No obstante, aún no ha anunciado otros acuerdos con gobiernos de África, Asia o Europa.
Primer caso en África: Sudán del Sur
Hasta ahora, el único país africano que ha aceptado deportados de terceros países desde EE.UU. es Sudán del Sur.
El gobierno sursudanés confirmó el miércoles 9 de julio la llegada de ocho personas deportadas de EE.UU., entre las que se incluyen dos cubanos, un mexicano y únicamente un ciudadano sursudanés, que habían permanecido retenidos en una base militar estadounidense en Yibuti desde finales de mayo.
La medida, según las autoridades de ese país, forma parte de los esfuerzos por fortalecer las relaciones diplomáticas con Washington, y añadió que fue adoptada tras “consultas exhaustivas” para promover los intereses comunes de ambos países. Sin embargo, no se hicieron públicos los detalles del acuerdo firmado entre ambos países.
Reunión con líderes africanos
El anuncio coincidió con una reunión en la Casa Blanca entre Trump y los presidentes de Liberia, Senegal, Mauritania, Guinea-Bisáu y Gabón. Aunque el encuentro se centró en el comercio, inversión y seguridad, el tema migratorio también estuvo presente.
Trump abordó la migración, pidiendo a los líderes que acepten el retorno de sus ciudadanos que no tengan derecho a permanecer en EE.UU. y también les expuso la posibilidad de aceptar nacionales deportados de terceros países. Sin embargo, los mandatarios aclararon posteriormente que no hubo solicitudes concretas ni compromisos asumidos.
“No están obligando a nadie, pero quieren que sepamos que esta es su preocupación y nos preguntan cómo podemos contribuir, cómo podemos aportar”, afirmó el presidente de Liberia, Joseph Boakai, sin confirmar que se les pidiera aceptar a personas deportadas ajenas a su país.
Por su parte, el presidente de Guinea-Bisáu, Umaro Sissoco Embaló, reconoció que el tema fue tratado, pero también negó que existiera una solicitud específica.
Desde Nigeria, el ministro de Relaciones Exteriores, Yussuf Tuggar, afirmó que hay conversaciones en curso con representantes estadounidenses, pero advirtió que su país no cederá ante lo que calificó como “presión” para aceptar deportados sin ciudadanía nigeriana.
Precedentes en América Latina
Estados Unidos ya ha trasladado a cientos de migrantes venezolanos y de otras nacionalidades a países como Costa Rica, El Salvador y Panamá. Estas políticas forman parte de lo que la Casa Blanca llama acuerdos con terceros países seguros.
El responsable de fronteras de EE.UU., Tom Homan, confirmó que la administración busca ampliar estos acuerdos. “Si hay una amenaza para la seguridad pública o nacional, esas personas no caminarán libres por nuestras calles. Encontraremos una nación segura a la que enviarlas, y lo estamos haciendo”, dijo.
Organizaciones de derechos humanos han cuestionado fuertemente este enfoque. Michelle Mittelstadt, portavoz del Instituto de Política Migratoria, advirtió sobre los riesgos legales y humanitarios del envío de migrantes a Sudán del Sur, así como a cualquier otro país con los que no tienen ningún vínculo.
“Hay mucha confusión y falta de claridad sobre quién controla a estas personas cuando son deportadas a un tercer país”, señaló. También denunció que estas prácticas podrían vulnerar derechos fundamentales, como el del debido proceso.
El factor económico
Analistas coinciden en que los acuerdos migratorios podrían estar condicionados por factores económicos. Beverly Ochieng, experta en la firma Control Risks, sugirió que algunos países africanos podrían aceptar deportaciones para mantener relaciones comerciales o evitar sanciones vinculadas a ayuda financiera, aranceles o restricciones de visado.
“Muchos gobiernos podrían optar por cooperar para no perder acceso a la economía estadounidense ni a iniciativas de desarrollo”, afirmó Ochieng a la agencia AP.