Ya se anticipaba que el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, sería amistoso. Después de todo, Bukele es el primer mandatario de América Latina que el líder estadounidense ha recibido en la Casa Blanca. Y la reunión no dejó lugar a dudas. Allí fortalecieron su alianza y sus vínculos en cuanto a inmigración.
Al punto que funcionarios estadounidenses calificaron la estrecha relación como una "colaboración histórica para hacer del mundo un lugar más seguro". Dirigiéndose a Bukele, Trump sostuvo que “nos está ayudando” al retener a los migrantes deportados en la megacárcel de El Salvador. “Ahora solo necesitamos expulsar a los criminales, asesinos y violadores de nuestro país", remató Trump.
Por su parte, Bukele destacó que El Salvador, a pesar de ser una nación pequeña, quiere “ayudar” a EE.UU. con su “problema de crimen” y “terrorismo”. "Estamos deseando ayudar. Sabemos que tienen un problema con el crimen, un problema de terrorismo, y que necesitan ayuda. Somos un país pequeño, pero si podemos ayudar, lo haremos", dijo el mandatario centroamericano a Trump. También mencionó que consideraba un honor estar en el Despacho Oval de la Casa Blanca junto al "presidente y líder del mundo libre".
“Encarcelar a algunos” para liberar “a millones”
En un intercambio con Trump durante la reunión, Bukele le dijo: "De hecho, señor presidente, tiene que liberar a 350 millones" de estadounidenses de los delincuentes, pero para ello "tiene que encarcelar a algunos. Así es como funciona, ¿no?”. Justamente, el presidente salvadoreño reiteró en Washington que San Salvador ha dejado de ser la "capital mundial del asesinato" y que su país se haya convertido “en el más seguro” de Latinoamérica: "Algunas veces se dice que encarcelamos a miles. A mí me gusta decir que de hecho liberamos a millones".
Mientras ambos líderes hablaban, la Casa Blanca envió un correo electrónico a periodistas con lo que, según describió, era una "pequeña muestra de los criminales despiadados deportados a El Salvador". La lista incluía los nombres de más de 20 supuestos integrantes de pandillas que el país de Bukele ha acogido. "Gracias a los dos líderes, decenas de asesinos violentos de inmigrantes ilegales, violadores, pandilleros y otros criminales perversos han sido rápidamente retirados de nuestras calles", añadió la Casa Blanca.
La visita de Bukele a Washington empezó con un apretón de manos y terminó con Bukele haciendo un gesto con el pulgar hacia arriba, a su salida, cuando los periodistas le preguntaron qué tal fue la reunión.
Varias familias de los venezolanos que Estados Unidos deportó a El Salvador defendieron la inocencia de sus seres queridos y pidieron al Gobierno de Nayib Bukele que los libere.
El acuerdo entre Trump y Bukele
La reunión de los dos presidentes llega después de que El Salvador asegurara un acuerdo con Washington para recibir a deportados de EE.UU. y retenerlos en una megacárcel de máxima seguridad, el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot), a cambio de un pago de hasta seis millones de dólares anuales.
El Cecot es una conocida prisión que Bukele ha convertido en símbolo de su Gobierno, pero que también ha enfrentado críticas de organizaciones de derechos humanos por la condición de los detenidos. En Estados Unidos, además, se ha cuestionado la legalidad del envío de deportados de otras nacionalidades a El Salvador, y organizaciones de derechos civiles han presentado varias demandas para bloquear la expulsión de más personas hacia el país centroamericano.
En marzo, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 contra el Tren de Aragua, una organización a la que acusa de estar invadiendo Estados Unidos, para acelerar las deportaciones. Esta norma permite al Gobierno detener o deportar a ciudadanos de una "nación enemiga" durante tiempos de guerra o invasión.
La controversia que rodea esta ley se desató hace casi un mes, cuando fue utilizada por primera vez para expulsar sin audiencia previa a 238 venezolanos y 23 salvadoreños al centro Cecot. La semana pasada Trump logró el respaldo de la Corte Suprema de Justicia que, en una votación de cinco a cuatro, avaló el envío de venezolanos bajo la norma, utilizada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial. No obstante, determinó que los migrantes deben tener derecho a una audiencia judicial antes de ser expulsados del país.
"Fueron aproximadamente seis millones de dólares para El Salvador por la detención de estos terroristas extranjeros", declaró la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, en una de sus recientes sesiones informativas. “Quisiera señalar que esto es una miseria en comparación con el costo de la vida y el costo que supondría para el contribuyente estadounidense albergar a estos terroristas y mantenerlos en prisiones de máxima seguridad aquí en Estados Unidos”, completó.
Estados Unidos deportó a 17 presuntos pandilleros ligados al Tren de Aragua y la MS-13 a El Salvador, en una operación militar conjunta. Estos individuos, según confirmaron Bukele y Rubio, eran “asesinos, delincuentes y violadores”.
Bukele afirma que no devolverá al salvadoreño Kilmar Ábrego García
Mientras ambos presidentes se reunían, frente a la Casa Blanca se congregó un grupo de manifestantes, incluyendo a la esposa y los hijos pequeños de Kilmar Ábrego García, el salvadoreño a quien EE.UU. deportó erróneamente el mes pasado y cuyo regreso ordenó la Corte Suprema de Justicia. "¡Presidente Trump, traiga a Kilmar a casa ya!", exclamó un orador que se dirigía al grupo frente a la Casa Blanca.
Sin embargo, preguntado por la prensa en el Despacho Oval, Bukele afirmó que no tiene competencias para devolver a Ábrego García. "Por supuesto que no voy a hacerlo. ¿Cómo voy a enviar de contrabando a un terrorista a Estados Unidos?", declaró.
Si bien el presidente salvadoreño reconoció que sí podría ordenar su excarcelación, dejó claro que no lo hará. "No nos gusta mucho liberar terroristas en nuestro país", expresó. En la reunión, también estuvo presente la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien declaró que el regreso de Ábrego García no depende del Gobierno estadounidense dado que este se encuentra bajo custodia de El Salvador.
Un juez de inmigración estadounidense le había otorgado a Ábrego García estatus de protección debido a la posible violencia de pandillas en El Salvador. También contaba con un permiso de trabajo estadounidense antes de su deportación.
Tras su envío a El Salvador, varios tribunales ordenaron que fuera devuelto a EE.UU. por irregularidades en su deportación, pero la administración Trump llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal ordenó la semana pasada que las autoridades federales debían “facilitar” la liberación y el regreso de Ábrego García. También “asegurarse de que su caso se maneje como lo habría hecho si no hubiera sido enviado inapropiadamente a El Salvador".
Sin embargo, el Departamento de Justicia anunció este domingo que “los tribunales federales no tienen autoridad para ordenar al Poder Ejecutivo que gestione las relaciones exteriores de una manera específica ni que interactúe con un país soberano extranjero de una manera determinada”. En un documento señalaron que los funcionarios solo tienen el deber de "eliminar cualquier obstáculo interno" que pueda obstaculizar el regreso de Ábrego García.
