El Gobierno de Donald Trump acaba de apuntarse una victoria en la Corte Suprema de Estados Unidos. Cinco de los nueves jueces avalaron este lunes la deportación de migrantes venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma del siglo XVIII originalmente concebida para tiempos de guerra. 

La controversia que rodea la ley se desató hace casi un mes, cuando fue utilizada por primera vez para expulsar sin audiencia previa a 200 venezolanos a El Salvador. No obstante, el alto tribunal determinó que los migrantes deben tener derecho a una audiencia judicial antes de ser expulsados del país.

Esta condición de la audiencia parece frenar, al menos en lo inmediato, los vuelos que el mes pasado trasladaron a cientos de migrantes a una prisión en El Salvador, luego de que Trump invocara la Ley de Extranjeros por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Su argumento era que los deportados pertenecían al Tren de Aragua, una banda designada recientemente por Washington como organización terrorista.

La invocación de esta ley para las deportaciones, que se ejecutaron el 15 de marzo, no tardó en despertar polémica. Por un lado, los abogados de varios de los migrantes que fueron expulsados en esos vuelos denuncian que sus clientes no pertenecen al grupo criminal y que no han cometido delito alguno, asegurando que Washington no ha presentado pruebas que justifiquen su detención. 

Por otro lado, la ley llevó un forcejeo entre Trump y el poder judicial: en ese momento, el juez de distrito James Boasberg interpuso una orden de restricción temporal que impedía al gobierno federal utilizar la norma para realizar nuevas deportaciones. Sin embargo, ahora el tribunal más alto del país dictaminó, con una estrecha mayoría, anular la orden emitida por el juez.

Así, la decisión del Corte Suprema levanta las órdenes de restricción temporal dictadas por el juez de jurisdicción inferior, señalando principalmente razones técnicas. Los migrantes que presentaron demandas para evitar su deportación se encuentran en Texas, mientras que el caso ante Boasberg se tramitó en Washington. La decisión dictaminó que, a partir de ahora las audiencias se llevarán a cabo en Texas.

Garantías de debido proceso

Ahora bien, cabe destacar que la corte dejó claro en su decisión que los migrantes acusados bajo la ley tienen derecho a algún tipo de debido proceso en la justicia y a un "tiempo razonable" para acudir a los tribunales.

"A pesar de toda la retórica de los disidentes" la orden del alto tribunal confirma "que los detenidos sujetos a órdenes de expulsión en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros tienen derecho a ser notificados y a la oportunidad de impugnar su expulsión", escribió el tribunal en una opinión no firmada por ningún juez específico.

"Deben recibir notificación después de la fecha de esta orden de que están sujetos a deportación bajo la ley" y "tener la oportunidad de impugnar" su expulsión, declaró el tribunal. "La única pregunta es qué corte resolverá dicha impugnación", añadió el fallo. 

Más allá de las garantías establecidas, los tres jueces liberales de la corte criticaron la decisión. Señalaron que el gobierno intentó evitar la revisión judicial y que ahora el tribunal lo está “premiando” por ello.

La jueza Sonia Sotomayor advirtió que, con esta decisión, será más difícil para las personas impugnar sus deportaciones de forma individual, sin importar dónde se encuentren detenidas. También recordó que el gobierno ha afirmado previamente que no puede regresar a quienes hayan sido enviados por error a la prisión en El Salvador. “Nosotros, nación y como corte de justicia, deberíamos actuar mejor que esto”, escribió Sotomayor.

Trump celebró el fallo con entusiasmo. En su red Truth Social publicó: “La Corte Suprema ha defendido el Estado de Derecho al permitir que un presidente, sea quien sea, pueda asegurar nuestras fronteras y proteger a nuestras familias y a nuestro país. ¡UN GRAN DÍA PARA LA JUSTICIA EN ESTADOS UNIDOS!”.

Polémica por el caso de Kilmar Ábrego García

Este caso se suma a la creciente tensión entre la Casa Blanca y los tribunales federales y representa, además, la segunda buena noticia en materia de inmigración para el republicano este lunes.

Horas antes la misma Corte Suprema suspendió una orden de una jueza que exigía al gobierno repatriar a Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño deportado el mes pasado.

Ábrego García vivió en Estados Unidos bajo un estatus legal protegido desde 2019, cuando un juez dictaminó que, si era devuelto a El Salvador, enfrentaría persecución y riesgo de muerte a manos de una pandilla que había extorsionado a su familia.

Sin embargo, el 12 de marzo de 2025, fue arrestado por agentes federales y deportado tres días después. Su esposa lo identificó en una foto de los detenidos que ingresaban a la infame megaprisión salvadoreña de Cecot.

Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, su inclusión en el vuelo de deportación fue un "error administrativo".