Estados Unidos ahora podrá desplegar sus tropas en instalaciones estratégicas cerca del canal de Panamá, por cuenta de un nuevo acuerdo de cooperación en seguridad que firmaron los dos países. La medida, que autoriza la presencia de militares estadounidenses en áreas de acceso y adyacentes a la vía interoceánica, llega en un contexto de creciente rivalidad entre Washington y Beijing por la influencia en América Latina, y particularmente sobre el canal, un cruce por la que transita alrededor del 5% del comercio marítimo mundial.
El acuerdo, revelado por la agencia AFP y confirmado por ambas partes, contempla entrenamientos, ejercicios conjuntos, operaciones coordinadas y otras actividades en áreas bajo control panameño, incluyendo antiguas zonas militares utilizadas por EE.UU. antes de la transferencia total del canal en 1999. Eso sí, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino fue enfático en aclarar que no se trata de bases militares y que el canal seguirá siendo de su país.
El convenio de seguridad lo firmaron esta semana el ministro de Seguridad Pública panameño, Frank Ábrego, y el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, quien realizó una visita oficial al país centroamericano. Según el documento, el acuerdo tendrá una vigencia inicial de tres años, con posibilidad de prórroga.
El rechazo a bases militares permanentes
En sus declaraciones sobre el acuerdo, Mulino insistió en descartar que se trate de bases militares o de cesión territorial. “Rechazamos terminantemente los conceptos de presencia militar permanente y cesión de territorio, porque eso sí es inaceptable, declaró durante una visita oficial a Perú. Según Mulino, su gobierno devolvió al menos cuatro borradores previos propuestos por el Pentágono que incluían esos términos.
“Ese canal es y seguirá siendo panameño”, subrayó el mandatario, recordando que la Constitución panameña prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras en su territorio.
Mulino también reveló que Estados Unidos eliminó de la versión en inglés del comunicado conjunto la mención expresa a la “soberanía irrenunciable de Panamá sobre el canal”, lo cual fue motivo de reclamo diplomático.
Es "un memorándum de entendimiento operativo, administrativo entre dos entidades de defensa", precisó el mandatario.
En medio de las tensiones entre Estados Unidos y Panamá por cuenta del canal, los países firmaron un acuerdo para negociar los precios por el uso de la vía interoceánica a cambio de servicios de seguridad de Washington.
Soberanía y protesta social
El canal de Panamá es motivo de orgullo nacional y un símbolo de soberanía desde que fue transferido a control panameño en 1999 tras los Tratados Torrijos-Carter. La sola mención de un posible retorno de bases militares estadounidenses revive heridas históricas, como la invasión de EE.UU. en 1989 para capturar al entonces dictador Manuel Noriega.
La respuesta social no se hizo esperar. En las calles de Ciudad de Panamá, pequeños grupos sindicales y de trabajadores salieron a protestar con pancartas que rezaban “Bases no” y acusaron al gobierno de traición. “Esto es un retroceso a la soberanía nacional”, dijo el líder sindical Saúl Méndez a la agencia de noticias AFP.
El canciller Javier Martínez-Acha defendió el acuerdo y aseguró que “no se ha cedido ni un solo centímetro de soberanía”. Según explicó, se trata de una cooperación más amplia en materia de defensa del canal, en caso de amenazas tangibles.
Amenaza estratégica desde el este
Durante su visita, el secretario de Defensa de EE.UU. Hegseth declaró que el canal “debe ser protegido con apoyo de Estados Unidos, y no de China”. Washington considera una amenaza estratégica el hecho de que Hutchison Ports, una empresa de Hong Kong, opere dos terminales portuarias en ambas entradas del canal.
A raíz de esa presión, Panamá anunció su salida de la Iniciativa de la Franja y la Ruta impulsada por China. Además, realizó una auditoría que detectó presuntas irregularidades contractuales de Hutchison, lo que derivó en el anuncio de una futura venta de las concesiones a un consorcio estadounidense. Sin embargo, la operación no se ha concretado, en parte por una investigación abierta por los reguladores chinos.
El gobierno chino ha negado tener una "influencia indebida" sobre Panamá o el canal interoceánico.
Compensaciones por tarifas y tránsito militar
Otro elemento sensible del nuevo acuerdo es la discusión sobre los costos del tránsito de buques militares estadounidenses por el canal. Estados Unidos busca exenciones o mecanismos de compensación por los peajes pagados por sus buques de guerra y auxiliares.
El ministro panameño para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, aclaró que no se trata de un tránsito gratuito, sino de una fórmula para equilibrar tarifas con servicios de seguridad proporcionados por EE.UU. En tanto, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) confirmó que se estudia un esquema de “compensaciones cruzadas”.
Según Hegseth, “en momentos de contingencia, nuestras tropas deben poder cruzar primero y sin cargos”.
Seguridad bilateral y neutralidad en tensión
A pesar de las tensiones, ambos países han reafirmado su compromiso de cooperación en defensa. El acuerdo contempla revitalizar el Diálogo de Alto Nivel en Seguridad y priorizar la defensa del canal bajo el marco del Tratado de Neutralidad y la Constitución Nacional panameña.
Panamá y Estados Unidos mantienen una relación de cooperación en seguridad desde hace más de 18 años, incluyendo ejercicios conjuntos y asistencia técnica en materia de lucha contra el narcotráfico. El nuevo acuerdo busca ampliar esa colaboración sin vulnerar la soberanía ni los acuerdos previos.
La autorización del despliegue de tropas estadounidenses cerca del canal de Panamá representa un cambio significativo en la relación bilateral y plantea interrogantes sobre los límites de la cooperación militar en un país con una historia marcada por la presencia de Washington. Mientras EE.UU. busca reafirmar su presencia estratégica frente a China, Panamá intenta mantener el equilibrio entre seguridad y soberanía.
El debate sobre este acuerdo continúa en el plano político y social, y su implementación será clave para evaluar hasta qué punto se respetan los principios de neutralidad y autonomía que rigen el canal, una de las rutas comerciales más importantes del planeta.
