La llegada del gobierno republicano a la Casa Blanca ha desembocado en una serie de decretos que han provocado que las minorías del país se sientan desprotegidas, advierten organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos.

La imposición del inglés como único idioma oficial en un país donde se hablan 350 lenguas, la desmantelación del Departamento de Educación –que limitará el acceso a la formación para quienes no pueden costearse escuelas privadas–, así como el fin de la nacionalidad por nacimiento –que elimina los derechos de los nacidos en Estados Unidos—, son ejemplos de los numerosos decretos de Trump (solo en su primer mes como presidente firmó 72) que han provocado la reacción de parte de la sociedad civil.

Estas medidas, justifica el gobierno, buscan acabar con el despilfarro de los gastos federales, terminar con la “discriminacion” que los estadounidenses blancos sufren con las políticas favorables al multiculturalismo y con el objetivo de trabajar por el bien del país. “Quien salva a su patria no viola ninguna ley”, escribió en febrero Trump en Truth Social, su propia red social, parafraseando a Napoleón Bonaparte.

“Necesitamos políticas que cierren brechas, no que las amplíen”

“Para mí, el cambio comienza en casa. Como madre, tengo la responsabilidad y el privilegio de formar a la próxima generación de líderes. Criar hijos no es solo enseñarles a ser buenos seres humanos, sino empoderarlos para que sean agentes de cambio en su comunidad”, señala Francis Castro-Corral, madre de dos hijos y activista latina de la organización Mujeres Poderosas, en diálogo con TRT Español.

Francis, que aparte de su faceta como activista de base en casa y en la calle, trabaja como especialista Sénior para América Latina en Relaciones Comerciales y con Socios en una prestigiosa empresa tecnológica, se siente “profundamente comprometida con la celebración de la diversidad y el respeto a las culturas”. Desde su casa en Phoenix, Arizona, muestra su preocupación por los “actuales retrocesos en derechos civiles, mientras los crímenes de odio aumentan. La discriminación laboral sigue en alza, afectando especialmente a trabajadores de minorías”.

En relación con las medidas firmadas por el nuevo gobierno, esta activista se manifiesta especialmente preocupada por la desigualdad educativa. “El acceso a educación de calidad sigue dependiendo del código postal. Las escuelas en comunidades de bajos ingresos reciben miles de millones menos en financiamiento, y la censura histórica limita la enseñanza sobre derechos civiles, afectando la identidad y el pensamiento crítico de las nuevas generaciones”, explica Francis. “Necesitamos políticas que cierren brechas, no que las amplíen”, añade.

Además, Francis es cofundadora de una pequeña organización sin fines de lucro que apoya a estudiantes de bajos recursos y de primera generación. “El conocimiento es poder. La desinformación es una de las mayores amenazas para nuestras comunidades, y por eso me esfuerzo en compartir información verificada y relevante”, añade. “No publico por moda ni por likes, sino con propósito”.

Su meta es amplificar las voces que muchas veces son ignoradas y generar discusiones que lleven a la acción. “Como latina y mujer de minoría, entiendo la importancia de estar informada y educar a otros sobre las políticas que nos afectan”, reflexiona Francis. “Por ello trabajo activamente en espacios educativos para asegurar que otros niños tengan acceso a oportunidades. A través de mi organización busco empoderar a jóvenes para que crean en su potencial y se conviertan en líderes del mañana”. 

Elecciones y temas migratorios

Aparte de iniciativas y acciones a nivel individual como las de Francis, hay otras organizaciones más grandes que han empezado a liderar el cambio en materia de inmigración, justicia económica y problemas ambientales que impactan a las comunidades de cara a las próximas elecciones.

“(Estamos) inmensamente orgullosos del progreso alcanzado en la tarea de servir a la comunidad latina”, se enorgullece Yadira Sánchez, directora ejecutiva de Poder Latinx, en una entrevista con TRT Español. “Si bien cada estado donde estamos presentes (Florida, Georgia, Carolina del Norte, Texas, Arizona, California y el estado de Washington) se encuentra en un diferente nivel en cuanto al compromiso político, conocemos el enorme impacto que nuestras comunidades pueden tener en las elecciones locales y estatales en el futuro”.

“(Somos partidarios) de luchar por políticas y leyes inclusivas para mejorar la vida de las personas”, lo dice en diálogo con  TRT Español, Kica Matos, presidenta del Centro Nacional de Leyes de Inmigración. “Y así movilizar el apoyo público a soluciones sensatas para mejorar nuestro sistema de inmigración y exigir a los funcionarios electos que rindan cuentas de su responsabilidad de priorizar a las personas por encima de la política”.

Son precisamente las órdenes ejecutivas sobre migración las que más controversia están despertando. Entre ellas se encuentran: “Declaración de emergencia nacional en la frontera de los Estados Unidos”, “Garantizar la seguridad de nuestras fronteras”, “Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión”, y “Proteger a los Estados Unidos de terroristas extranjeros”,

Trump desplegó esta batería de medidas para “acabar con la crisis de la frontera sur de Estados Unidos” y frenar el ingreso de migrantes, un discurso que ha sido bien recibido por muchos de sus votantes. 

Estado de derecho y minorías

Sin embargo, hay una parte de la población que cree que el despido de miles de trabajadores, la eliminación de leyes establecidas desde hace cien años como el derecho a la ciudadanía o las amenazas a despachos de abogados que defienden posturas contrarias a las del gobierno, van en contra del estado de derecho en Estados Unidos.

“Las comunidades marginadas vamos a ser las primeras en sentir el efecto de las leyes de este gobierno”, dice a TRT Español la abogada afroamericana Kenya Whitaker.

“Estas acciones son una amenaza para la sociedad estadounidense en su conjunto. Un ejemplo fue la orden orden de secuestro y deportación que se ejecutó contra personas que se manifestaban en contra de las medidas totalitarias de Trump”, indica. 

“Es el caso de Mahmud Khalil, uno de los rostros más destacados de las acampadas de estudiantes en Estados Unidos que protestaron el año pasado por la guerra de Gaza, y ahora se enfrenta a una posible deportación”, añade Whitaker. 

En los últimos días, surgieron casos similares al de Khalil, como el de Rumeysa Ozturk, una estudiante y académica turca detenida en Boston por las autoridades estadounidenses por expresar su solidaridad con Palestina, lo que resultó en la revocación de su visa.

Whitaker toma las recientes acciones en Estados Unidos con cautela y considera que hay otro componente en el fondo. “¿Cuánto tiempo pasará hasta que se acuse de lo mismo a personas que no son afroamericanas o de tez morena?”, se pregunta la abogada. “La raza y la etnia desempeñan un papel en estos ataques”, afirma.

Kenya cree que la situación ha tomado desprevenida a la mayoría de la gente, pero que ahora están tomando conciencia y “luchando contra Trump con uñas y dientes para evitar cualquier ataque perjudicial contra las comunidades marginadas”, concluye la abogada. “Trump firmará y publicará una orden ejecutiva un día y, al día siguiente, un juez federal bloqueará parte o la totalidad de la misma. La ciudadanía no se quedará de brazos cruzados”. 

Es la manera de pasar a la acción en un país donde, según los jueces, algunos de los decretos firmados por el actual presidente son, lisa y llanamente, ilegales