Una reunión entre aliados: así podría considerarse el encuentro que este lunes sostendrán el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, en Washington. Y no es menor el dato de que Bukele es el primer mandatario de América Latina que Trump recibe en la Casa Blanca, pues las reuniones con otros jefes de Estado de la región han sucedido en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida. Un detalle que subraya la buena relación entre los líderes y el lugar que el salvadoreño ocupa en la agenda del estadounidense.

¿El tema principal? La inmigración y los acuerdos adicionales de cooperación a los que pueden llegar ambos países. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, adelantó que Trump y Bukele "hablarán sobre la colaboración de El Salvador". Este país se ha convertido en un pilar para el plan de deportaciones que tanto prometió Trump en campaña.

De hecho, desde marzo, el país centroamericano ha aceptado de Estados Unidos a más de 200 inmigrantes venezolanos a quienes los funcionarios del Gobierno de Trump acusan de pertenecer a pandillas y cometer crímenes violentos. Sin embargo, varios familiares de los deportados han reclamado su inocencia y pedido su libertad durante semanas.

“¡Esperando ver al presidente Bukele, de El Salvador, este lunes!”, escribió Trump en Truth Social este domingo, confirmando la reunión. Y añadió que el mandatario salvadoreño “ha aceptado generosamente la custodia, en su nación, de algunos de los enemigos extranjeros más violentos del mundo, y en particular, de Estados Unidos”.

Previamente, en conversación con la prensa, dijo que Bukele “está haciendo un trabajo fantástico”. "Está resolviendo muchos problemas que tenemos y que realmente no podríamos resolver desde el punto de vista del costo", dijo Trump. “Y realmente está haciendo un trabajo increíble. Tenemos algunas personas muy malas en esa prisión. Personas a las que nunca se debería haber permitido estar en nuestro país”.

Tras sellar un contrato que implica una prestación de seis millones de dólares por parte de Washington, y del que aún se desconocen los detalles, El Salvador ha permitido el uso de su prisión de máxima seguridad, el Centro de Confinamiento para el Terroristo (Cecot), para albergar a supuestos miembros de las pandillas Tren de Aragua (TdA) y MS-13 expulsados de EE.UU.

La mano dura de Trump contra la inmigración

En el marco de la gran ofensiva migratoria de Trump, Washington ha declarado que el Tren de Aragua está invadiendo su territorio y utilizó una antigua norma de 1798, la Ley de Enemigos Extranjeros, para acelerar las deportaciones. Y la semana pasada logró el respaldo de la Corte Suprema de Justicia que, en una votación de cinco a cuatro, avaló el envío de migrantes venezolanos bajo la ley originalmente concebida para tiempos de guerra.

La controversia que rodea esta ley se desató hace casi un mes, cuando fue utilizada por primera vez para expulsar sin audiencia previa a 238 venezolanos y 23 salvadoreños al centro Cecot. No obstante, la semana pasada el alto tribunal determinó que los migrantes deben tener derecho a una audiencia judicial antes de ser expulsados del país.

La invocación de esta ley para las deportaciones, que se ejecutaron el 15 de marzo, despertó polémica de inmediato. Por un lado, los abogados de varios de los migrantes que fueron expulsados en esos vuelos denuncian que sus clientes no pertenecen al grupo criminal y que no han cometido delito alguno, asegurando que Washington no ha presentado pruebas que justifiquen su detención.

El caso de Kilmar Ábrego, salvadoreño deportado erróneamente

El salvadoreño Kilmar Ábrego García, a quien EE.UU. deportó el mes pasado junto con los más de 200 venezolanos, se ha convertido en el rostro de quienes fueron enviados a El Salvador y sostienen su inocencia. Ábrego García, de 29 años, residía en el estado de Maryland, y desde 2019 tenía en EE.UU. un estatus legal protegido, tras un fallo judicial que determinó que no debía ser deportado, pues corría riesgos en su país de origen.

Tras su deportación, varios tribunales ordenaron que fuera devuelto a EE.UU. por irregularidades en su deportación, pero la administración Trump llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal ordenó la semana pasada que las autoridades federales deben “facilitar” la liberación y el regreso de Ábrego García. También “asegurarse de que su caso se maneje como lo habría hecho si no hubiera sido enviado inapropiadamente a El Salvador".

Sin embargo, el Departamento de Justicia anunció este domingo que “los tribunales federales no tienen autoridad para ordenar al Poder Ejecutivo que gestione las relaciones exteriores de una manera específica ni que interactúe con un país soberano extranjero de una manera determinada". En un documento señalaron que los funcionarios solo tienen el deber de "eliminar cualquier obstáculo interno" que pueda obstaculizar el regreso de Ábrego García.

Previo a la decisión de la Corte Suprema, el Departamento de Justicia ya había admitido haber cometido un error al deportar a Ábrego García, pero alegó que no tenía la autoridad para traerlo de regreso porque ahora se encontraba bajo custodia de otro país: El Salvador.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Leavitt, ya había dicho desde el viernes que el trabajo del gobierno es "facilitar el regreso, no efectuar el regreso”.