La decisión del Gobierno de Perú de reducir en un 42% la reserva que alberga las famosas Líneas de Nasca encendió las alarmas entre los arqueólogos. A esta medida le siguió otra duramente cuestionada: los mineros que operaban ilegalmente en esa zona ahora podrán iniciar el proceso para obtener permisos oficiales de explotación. Una disposición que pone en evidencia los desafíos que enfrenta Perú frente al avance de la minería ilegal, cuyas denuncias se han intensificado en los últimos meses, especialmente tras la muerte de varios trabajadores mineros a comienzos de mayo.
Aunque el gobierno asegura que el ajuste de los límites de la reserva se basa en estudios científicos actualizados –y que no compromete el estatus de Patrimonio Mundial de la UNESCO ni las protecciones esenciales del sitio–, críticos sostienen que esta reducción debilita décadas de resguardo cultural y ambiental.
"No hay patrimonio arqueológico ni de otro tipo" en la zona afectada, señaló este martes el ministro de Energía y Minas de Perú, Jorge Montero, en una conferencia de prensa.
Añadió que, teniendo en cuenta que la zona ya no está designada como patrimonio arqueológico, quienes trabajaban ilegalmente en esa área deberán formalizar sus actividades.
“Uno está completamente al margen de la ley cuando opera en un lugar donde la minería está prohibida... pero como esa restricción de patrimonio cultural ya no existe, ya no están en infracción. Ahora tendrán que formalizar sus operaciones”, indicó Montero el martes durante una conferencia de prensa en Lima.
De zona protegida a explotación minera
La zona afectada alberga las Líneas de Nasca, enormes geoglifos trazados en el desierto con unos 2.000 años de antigüedad y que tienen la forma de figuras geométricas y animales, las cuales solo pueden ser apreciadas desde el aire. El primer geogiflo se descubrió en 1927. Este área, además, está calificada como uno de los ecosistemas desérticos más frágiles del país.
La reserva, creada en 1993, había sido establecida en 5.633 kilómetros cuadrados en 2004. Ahora, el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, explicó que la reducción se basa en “más de 20 años de estudios rigurosos” y que la verdadera reserva arqueológica es de aproximadamente 3.200 kilómetros cuadrados.
La medida no pasó desapercibida para el Colegio de Arqueólogos del Perú, que cuestionó la validez técnica de la resolución. Su decano, el Dr. Pieter Van Dalen, afirmó en una entrevista con la radio peruana Exitosa que la base de datos oficial del Ministerio de Cultura solo registra entre el 5% y el 10% de los sitios arqueológicos existentes en el país.
Por otro lado, expertos como el abogado ambientalista peruano César Ipenza dijeron a la agencia de noticias AP que, una vez que los mineros ingresen, generarán un enorme impacto ambiental. Destacó que no se debe “olvidar a nuestros antepasados y nuestro patrimonio, y disfrazar decisiones que favorecen a sectores que buscan imponer la ilegalidad, como la minería informal e ilegal”.
Desafíos por la minería ilegal
Tras anunciar la reducción de la reserva, el ministro Fabricio Valencia admitió que existe minería ilegal en el área. “Lamentablemente, la minería informal es una actividad presente en esta zona, pero la medida que hemos tomado no significa que será promovida, ni que aumentará la probabilidad de que cause daños. Eso no ocurrirá”, declaró Valencia en RPP, una de las radios más importantes de Perú.
En años anteriores, el Ministerio de Cultura, fiscales y medios de comunicación han reportado actividades mineras ilegales dentro de la reserva protegida, incluyendo la destrucción de maquinaria y campamentos mineros.
Pero el Gobierno de Perú también ha lidiado con otras situaciones complejas respecto a la minería en los últimos años, una actividad clave para la economía del país, que alguna vez llegó a ser uno de los mayores productores de oro en toda América Latina.
Desde febrero de 2024, la región de Pataz, a 900 kilómetros de Lima y más de 1.300 km de Nasca, está bajo estado de emergencia por el aumento de la violencia ligada a la minería de oro.
Pero la tensión y las denuncias crecieron a inicios de mayo, cuando las autoridades y la empresa minera Poderosa confirmaron la muerte de 13 trabajadores que habían sido secuestrados días antes en una mina de oro en Pataz. Según un comunicado de la compañía, el equipo de rescate de la Policía Nacional pudo recuperar los cuerpos “tras intensas labores de búsquedas”. Y añadió que a los trabajadores los habían secuestrado “mineros ilegales coludidos con elementos criminales".
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