En los últimos años, España ha visto surgir un polémico fenómeno: empresas privadas dedicadas a desalojar personas que ocupan viviendas. Informes documentan cómo usan tácticas de intimidación y presión, operando en el límite de la legalidad. Lo que empezó como un negocio oportunista, se ha convertido en un actor político vinculado a la extrema derecha, que mezcla discurso xenófobo,  exaltación de la propiedad privada, y amenazas a migrantes y colectivos sociales. Su nombre lo dice todo: empresas de “desokupación”.

El auge del grupo responde a tres factores clave: la crisis de vivienda, la polarización social y la normalización de la seguridad privada. Con precios de alquiler desorbitados y miles de viviendas vacías en manos de fondos de inversión, ha surgido un discurso alarmista sobre una supuesta "epidemia de ocupaciones". En este contexto, Desokupa, empresa pionera en el negocio de la “desokupación” se presenta como solución, conectando con el discurso ultraderechista antiinmigración del partido Vox. 

Su líder, Daniel Esteve, difunde mensajes de odio y persigue abiertamente a migrantes y personas vulnerables, convirtiendo los desahucios en espectáculos mediáticos, habiendo aparecido en decenas de ocasiones como tertuliano en la televisión abierta en España. 

Lejos de ser un caso aislado, Desokupa forma parte de un fenómeno global: en Italia, Francia y EE.UU. proliferan grupos privados de seguridad vinculados a la extrema derecha que, bajo el pretexto de defender la propiedad refuerzan el racismo, criminalizan la pobreza y alimentan la polarización social.

El fenómeno Desokupa y la percepción de la inseguridad

Desokupa se mueve en una zona gris de legalidad. A pesar de que su deber es controlar entradas y salidas de personas que ocupan ilegalmente una vivienda, algunos medios incluyen entre sus actuaciones la intimidación física y verbal, lo que ha llevado a problemas con las autoridades. Y con esto, Desokupa presume de haber llevado a cabo más de 7.000 desocupaciones desde su fundación en 2016. 

Y es que en España la paranoia por la ocupación va en aumento. Casi un 20% de los españoles piensa que “nadie está a salvo de sufrir una ocupación” y, de hecho, hay una percepción de que la okupación afecta a uno de cada dos españoles. Sin embargo, la realidad es muy distinta: la ocupación ilegal de casas sólo afecta al 0,057% de las viviendas del país. Es más, está en descenso. Entonces, ¿cuál es el origen de esta percepción exagerada?

Sin duda, la sobrerrepresentación del fenómeno de la ocupación en medios de comunicación. En algunas cadenas se ha llegado a hablar de forma alarmante del tema casi a diario. El propio líder, (que ha trabajado como boxeador, portero de discoteca y cobrador de morosos), al que se le han dado constantes plataformas para hablar en televisión, se ha convertido en una especie de celebrity influencer en sintonía ideológica con el partido ultra Vox. Hoy, se dedica a compartir en sus redes vídeos criminalizando a migrantes, atacando verbalmente a políticos como Irene Montero (antigua ministra de Igualdad), y usando términos vinculados a la polarización ideológica y a la guerra digital o “progres” (para hablar del progresismo político). 

No sólo el discurso es indicativo del posicionamiento político de las empresas de “desokupación”: la estética militarizada –con ropa táctica, polos con su logo y el uso de banderas de España y emblemas de cuerpos como la Guardia Civil– refuerza su carácter cuasi-paramilitar y su vinculación con un discurso de orden y autoridad. Por último, el uso de jerarquías internas y un lenguaje militar (como “comando” o “bastión”) y la promoción de la autodefensa, unidos al discurso alarmante sobre la seguridad, dejan entrever que no son únicamente una empresa dedicada a la seguridad, sino un grupo ultra con gran capacidad de acción donde muchos miembros son expertos en artes marciales o el boxeo. 

Causa y síntoma de la polarización social

A pesar del miedo de los ciudadanos españoles a que sus casas sean ocupadas, el 96% de las ocupaciones ilegales se hacen en viviendas vacías, posesión de bancos o de fondos de inversión, lo que muestra que las empresas de seguridad privada como Desokupa actúan más en favor de estas entidades que en favor de ciudadanos en problemas. 

Es más, existen casos en los que Desokupa ha llevado a cabo campañas contra inmigrantes. Por  ejemplo, la joven marroquí a la que intentaron expulsar de su casa, a pesar de que pagaba un alquiler y era estudiante. Sin embargo, se la acusó de ser trabajadora sexual, se profirieron insultos racistas contra ella y hasta fue objeto de amenazas de muerte en redes. 

Daniel Esteve ha sido señalado por difundir narrativas falsas que vinculan a los migrantes con la criminalidad. Por su recurrente tendencia a criminalización de la migración, la asociación Acción Contra el Odio ha decidido denunciarlo. 

A pesar de todo, Desokupa mantiene vínculos con las fuerzas de seguridad españolas. Por un lado, Desokupa ha criticado fuertemente la inacción del Estado ante la ‘inseguridad’ de las calles, a pesar de que, como hemos visto, los riesgos por ocupación son muy bajos y España es uno de los estados más seguros del mundo, número 23 de 163, muy por delante del Reino Unido (34) o Francia (87). Por otro lado, ha firmado acuerdos para instruir en defensa personal a policías y militares, como el convenio con el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para 30.000 agentes de policía o el de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), con 4.000 militares, este último anulado por el Ministerio de Defensa. 

¿Una generación de vigilantes urbanos de extrema derecha?

Aunque Desokupa no es un grupo paramilitar, su auge refleja una tendencia preocupante: la expansión de empresas de seguridad privada y grupos civiles armados con marcada ideología extremista haciendo el papel del Estado. En contextos donde la violencia ha estado más extendida, como ocurrió con las cooperativas de vigilancia Convivir en Colombia, o en Estados Unidos con grupos de patrullaje como los Minutemen, este tipo de organizaciones ha probado no reducir la violencia, sino reconfigurar e intensificarla. 

Italia y Francia han experimentado fenómenos similares con grupos que, bajo el pretexto de proteger el orden público, han reforzado discursos xenófobos. En Italia, las Rondas Padanas, promovidas por la Liga Norte en 2009, patrullaban barrios con alta población migrante, alimentando la percepción de inseguridad. En Francia, el grupo Génération Identitaire organizó patrullas en los Alpes en 2018 para bloquear la entrada de migrantes, utilizando vehículos todoterreno y tácticas intimidatorias. Aunque el gobierno francés disolvió el grupo en 2021, su actividad refleja cómo la extrema derecha busca apropiarse del control de la seguridad en contextos de crisis migratoria, desdibujando la línea entre vigilancia civil, empresas de seguridad privada y paramilitarismo.

En EE.UU., desde la llegada de Trump grupos civiles armados se han organizado para patrullar las fronteras y apoyar la deportación masiva de migrantes, lo que deja en manos de grupos armados la vigilancia de fronteras.

El auge de estos grupos forma parte de un movimiento global en el que la derecha radical promueve la privatización de la seguridad como herramienta de control social y político. La normalización de empresas como Desokupa en Europa podría allanar el camino para que surjan versiones más extremas en otros lugares, especialmente en contextos de crisis económica y polarización política. 

Más allá de las cuestiones de vivienda o delincuencia, el verdadero peligro reside en la consolidación de milicias urbanas con respaldo ideológico. Grupos que refuerzan las narrativas del miedo y socavan el papel del Estado como garante de la seguridad y la democracia.