Agustín GulmanBuenos Aires, Argentina — “Fue una trampa”: así recuerda Sandy Abu Farha el momento en que ella, sus padres y sus hermanos fueron obligados a firmar un documento en español, sin traducción ni asistencia legal, tras más de 25 horas retenidos en el aeropuerto de Buenos Aires. Lo que creían era un permiso para ir al baño o recibir comida, en realidad era una declaración que los calificaba como “falsos turistas” y habilitaba su deportación inmediata. Tres semanas después de los hechos, la familia palestina, que había llegado desde Belén con visas aprobadas para vacacionar en Argentina, emprendió acciones judiciales contra el Estado argentino por presunta expulsión ilegal.
“Nos preguntaron demasiadas cosas, revisaron todos nuestros papeles y no había nada raro, la visa, el seguro, todo estaba completo y correcto”, asegura Sandy en conversación con TRT Español. Empresaria del rubro turístico y viajera frecuente, ella asegura que nunca antes había vivido una situación similar. Tenían visado tramitado en la embajada argentina en Tel Aviv, reservas hoteleras y vuelos de regreso. Pero nada de eso, para las autoridades locales, fue suficiente.
Un “trato humillante” y denuncias de deportación ilegal
La familia Abu Farha, un matrimonio con tres hijos de 23, 29 y 33 años, ansiaba conocer el país, visitar a sus amigos argentinos y probar la carne local. Sin embargo, apenas llegaron al aeropuerto en Buenos Aires, ese sueño se transformó en pesadilla.
“Recibimos un trato humillante”, declara Sandy desde Belén, donde aguarda novedades de la Justicia argentina, que tiene en sus manos la investigación por la denuncia de la deportación ilegal que sufrió junto a sus padres y hermanos.
El caso es investigado por un tribunal penal de Buenos Aires. Sin embargo, según explicó a TRT Español el abogado de la familia, Uriel Biondi, el expediente está bajo secreto de sumario. La instrucción aún no arrojó responsables y no se definieron plazos, pero el avance podría derivar en citaciones a funcionarios.
Allí se investigan los presuntos delitos de “privación ilegítima de la libertad”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”, en los que habría incurrido la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina.
Además, se tramita un recurso administrativo para anular la orden de inadmisión con la que se justificó su deportación.
“Revisaron nuestros papeles y no había nada raro”
El episodio ocurrió el pasado 16 de junio, cuando la familia Abu Farha arribó al aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires. Llegaron tras un largo viaje desde Belén, Cisjordania ocupada, que incluyó escalas en Amán, Estambul y San Pablo. En total, debieron viajar más de cuatro días, que describieron como agotadores.
Pero al llegar comenzaron los problemas. Un oficial de Migraciones los trasladó a una zona restringida donde los interrogaron sin traductor, les tomaron las huellas dactilares y fotografías, y los obligaron a firmar un documento en español bajo la promesa de que así podrían ir al baño y acceder a comida dentro del aeropuerto.
Entonces la situación se puso aún peor. Luego de 25 horas retenidos en el aeropuerto, sin recibir alimentos, con restricciones para ir al baño y sin asearse, descubrieron que en verdad los papeles que habían firmado eran declaraciones donde admitían, sin saberlo, ser “falsos turistas”, lo que facilitó los trámites de deportación.
Un procedimiento irregular
Para el abogado Biondi todo el procedimiento fue ilegal. “No sólo no se les permitió comunicarse ni con el abogado ni con el cónsul en el aeropuerto”, enumeró, sino que “hacerlos firmar documentos sin traductor afecta el derecho a la defensa”.
La familia, según declararon, contaba con pasaportes válidos, declaraciones juradas y seguro médico, pero aún así no se les permitió ingresar. “Hubo múltiples fallas administrativas de parte de Migraciones”, agregó el abogado. “Este procedimiento vulnera derechos fundamentales”.
Según Biondi, en la deportación de la familia palestina Abu Farha se violaron múltiples tratados internacionales suscriptos por Argentina, como el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre Trabajadores Migrantes “que exigen que toda medida de expulsión sea dictada por escrito, notificada de forma clara, con acceso a la defensa y revisión judicial”.
Ante las consultas de TRT Español, autoridades de la Dirección Nacional de Migraciones rechazaron hacer comentarios.
“Teníamos todo en regla”
El calvario que ha vivido la familia Abu Farha ocurrió mientras el presidente Javier Milei concluía una visita oficial a Israel, donde buscaba reforzar lazos con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a quien recientemente ha ofrecido respaldo “incondicional” tras los ataques a Irán.
Desde que el caso salió a la luz han crecido las sospechas de que se trata de un episodio de discriminación y xenofobia vinculado a los alineamientos geopolíticos del Gobierno argentino con Israel, mientras recrudecen los ataques en Gaza.
De visita en Jerusalén, el presidente argentino mantuvo un encuentro con Netanyahu para consolidar la alianza geopolítica de Buenos Aires y Tel Aviv. Allí Milei reafirmó el “compromiso de la Argentina con el estado de Israel”.
La familia Abu Farha, sin embargo, evitó vincular el episodio al respaldo político del presidente argentino a Tel Aviv, aunque se preguntó qué otras razones podrían existir para que las autoridades locales avancen en la deportación. “Teníamos todo en regla”, repite Sandy, convencida de que, si fueran de otra nacionalidad, no los habrían deportado.
“No nos metemos con la política, no nos involucramos, somos una familia árabe cristiana viviendo en Cisjordania (ocupada)”, afirma y dice desconocer la posición del gobierno argentino sobre la ofensiva en Oriente Medio.
Una política antimigratoria
El caso ocurre además, mientras la administración de Milei se alinea a las políticas de deportaciones masivas a inmigrantes aplicadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En mayo, el mandatario argentino firmó un decreto que modifica la Ley de Migraciones, dificulta el acceso a los trámites para obtener la ciudadanía, autoriza el cobro por el uso del sistema de salud y facilita las expulsiones.
El Centro de Estudios Legales y Sociales denunció que la reforma viola compromisos internacionales y advirtió que los controles migratorios ahora serán “más intrusivos y punitivos” de parte de la Dirección Nacional de Migraciones.
“No vamos a volver”
La familia Abu Farha ha viajado mucho por el mundo. Y jamás, aclaran, han tenido dificultades de esta clase. “Nunca tuve un problema así. Siempre he viajado, soy un hombre de trabajo y nunca me trataron de esta forma”, afirma a TRT Español el padre, Bassam Hanna Issa Abu Farha, de 56 años, dueño de una tienda de regalos en Belén.
Según les dijeron, la excusa para retenerlos habría sido una alerta internacional por una persona con un nombre similar al del padre. No obstante, detallaron que desde hace años cada vez que viajan llevan un documento que aclara esta situación y que nunca necesitó mostrarlo en ningún aeropuerto.
Tras 25 horas retenidos en Argentina, fueron deportados hacia Estambul y recién en Türkiye pudieron recuperar sus pasaportes.
Desde su hogar, la familia recordó el episodio con angustia. “Tuvimos una muy mala experiencia y así no vamos a volver a Argentina. Fue muy duro. Mi hermana ahora tiene miedo a los aeropuertos, sufre pesadillas y le cuesta dormir”, relata Sandy.
“No es fácil coordinar un viaje entre cinco personas. Somos gente de trabajo. Estábamos motivados por probar la gastronomía, explorar lugares nuevos y bodegas, y también visitar amigos”, lamenta Sandy. “¿Cómo puede ser que nos traten de este modo?”.
