La estudiante turca Rumeysa Ozturk, detenida en marzo por agentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, continúa bajo custodia. Un juez federal ha solicitado este lunes nuevas pruebas antes de decidir sobre su posible liberación bajo fianza y aplazó la resolución del caso.
El juez William Kenneth Sessions III, del distrito Burlington, Vermont, señaló que antes de analizar la petición de fianza, debe determinar si tiene jurisdicción para pronunciarse sobre la solicitud presentada por Ozturk. Durante una conferencia telefónica con abogados el lunes, Sessions subrayó que si el tribunal carece de jurisdicción –como argumenta el Gobierno– entonces “no tiene poder, ni autoridad” para tomar una decisión.
El juez dio a ambas partes plazo hasta el jueves por la tarde para presentar informes legales sobre la jurisdicción y la solicitud de fianza, y programó una nueva audiencia para el 14 de abril.
Por su parte, el abogado de Ozturk, Ramzi Kassem, instó al juez a liberar de inmediato a la joven para que pudiera retomar sus estudios, argumentando que el tribunal sí tiene autoridad para conceder la libertad y que ella no representa un peligro para la sociedad ni riesgo de fuga.
Según registran los documentos judiciales, la visa de estudiante de Ozturk fue revocada sigilosamente y sin previo aviso cuatro días antes de su detención. Sus abogados afirman que no se le ofreció ninguna explicación en el momento del arresto.
La cuestión de la jurisdicción
Ozturk fue detenida en la calle por agentes de migración en Boston y trasladada en avión a Luisiana al día siguiente. Según denuncian sus abogados, durante más de 24 horas ni sus familiares, ni su defensa legal ni el consulado de Türkiye fueron informados de su paradero. En ese lapso, habría sufrido un ataque de asma.
Esa misma noche, su equipo legal presentó una petición de emergencia. Un juez federal determinó que el caso debía tramitarse en un tribunal de Vermont, ya que la estudiante seguía allí al momento de presentar el recurso.
En este contexto, el juez Sessions declaró este lunes que el caso presenta circunstancias inusuales y solicitó a ambas partes que reúnan y entreguen pruebas adicionales.
Asimismo, el gobierno sostiene que el caso corresponde a la jurisdicción del tribunal de inmigración, argumentando que los tribunales de distrito no tienen competencia sobre los asuntos planteados, incluida la revocación de su visa y la orden de deportación, dejando a la cuestión de la jurisdicción en el eje del debate.
El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó previamente que la visa F-1 del estudiante de Ozturk había sido revocada y defendió su detención. Las autoridades afirman que participó en actividades de apoyo al grupo palestino Hamás, aunque no han presentado pruebas.
Los abogados y allegados de Ozturk aseguran que fue detenida por coescribir un artículo de opinión en The Tufts Daily en marzo de 2024, en el que criticaba la postura de la universidad frente al movimiento a favor de Palestina.
Represión creciente
Pero lo ocurrido con Ozturk no es un caso aislado: forma parte de una lista cada vez más extensa de estudiantes pro-Palestina que se han convertido en blanco de la administración Trump por criticar las acciones de Israel en Gaza y calificarlas de genocidio.
El 8 de marzo, las autoridades detuvieron a Mahmoud Khalil, quien lideró las protestas propalestinas en la Universidad de Columbia la pasada primavera. Trump celebró su arresto y lo calificó como el “primero de muchos”, acusándolo de apoyar a Hamás, sin aportar pruebas, pese a que el estudiante niega vínculos con el grupo palestino.
Días después del arresto de Khalil, fue detenido otro estudiante pro-Palestina: Badar Khan Suri, un investigador indio de la Universidad de Georgetown. Su abogado indicó que fue arrestado por la identidad palestina de su esposa. Poco después, las autoridades comenzaron a perseguir a otro estudiante, Momodou Taal, a quien solicitaron que se entregara.
El 25 de marzo, Yunseo Chung, estudiante de la Universidad de Columbia, informó que demandó a la administración Trump para frenar su deportación por haber participado en una protesta propalestina en la primavera pasada. Otros estudiantes, como Leqaa Kordia, Ranjani Srinivasan y Alireza Doroudi, han sido detenidos o han optado por irse del país.
Trump también ha arremetido contra las universidades estadounidenses por permitir protestas en apoyo a Palestina en sus campus. Todo comenzó con Columbia, a la que le retiró 400 millones de dólares en fondos federales, lo que desató una ola de manifestaciones que se extendió por todo el país. Finalmente, la universidad cedió ante la presión y anunció cambios drásticos en sus políticas, incluidas nuevas restricciones a las protestas dentro del campus.
Posteriormente, Trump dirigió su atención a Harvard, iniciando una revisión por presunto antisemitismo y amenazó a la universidad con retirar nueve mil millones de dólares en fondos federales.
La medida se tomó después de que la universidad destituyera a los directores del Centro de Estudios de Oriente Medio en un intento por distanciarse de las voces críticas de Israel y responder a las acusaciones de parcialidad.
