Miles de israelíes salieron este domingo a las calles de Tel Aviv durante una protesta que se realizó en el marco de una huelga nacional que paralizó gran parte del país. El objetivo de la movilización es claro: busca presionar al Gobierno de Benjamín Netanyahu para evitar que expanda la ofensiva en Gaza y alcanzar un alto el fuego que permita el intercambio de rehenes israelíes y prisioneros palestinos.

El Foro de las Familias de Rehenes, que convocó a esta movilización, calculó en cerca de 500.000 el número de participantes.

Aunque ya se habían registrado varias manifestaciones, esta convocatoria fue especialmente masiva tras la decisión del gobierno, la semana pasada, de ocupar por completo la Ciudad de Gaza. Diversas asociaciones israelíes y activistas que promueven un acuerdo para el regreso de los rehenes alertan que el tiempo se agota ante la intensificación de las operaciones militares que, lejos de facilitar la liberación de los israelíes retenidos, ponen aún más en riesgo sus vidas.

Desde primeras horas del domingo, los manifestantes bloquearon calles, túneles y puentes en Jerusalén ocupada y Tel Aviv. Cientos de empresas, municipios y organizaciones se sumaron a la huelga. La emisora pública KAN informó que las principales carreteras quedaron colapsadas, provocando atascos kilométricos y la suspensión de trenes, mientras que restaurantes y cafés cerraron sus puertas.

Además, según el diario Haaretz, decenas de artistas, celebridades y deportistas se sumaron públicamente a la causa. También lo hicieron los principales sindicatos de abogados y médicos, así como la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Sin embargo, las autoridades reprimieron la protesta. La policía utilizó cañones de agua para dispersar a las multitudes, mientras columnas de humo negro se alzaban de los neumáticos incendiados que bloqueaban el tráfico. La jornada terminó con 38 detenidos en distintos puntos del país, según confirmó el diario Yedioth Ahronoth.

De acuerdo con estimaciones israelíes, unos 50 ciudadanos de ese país permanecen en Gaza, de los cuales unos 20 seguirían con vida. En paralelo, Israel mantiene en sus cárceles a más de 10.800 palestinos en condiciones denunciadas como inhumanas, con reportes de muertes derivadas de torturas, hambre y negligencia médica.

La oposición se involucra 

El descontento también alcanzó a varios sectores de la política. El líder de la oposición, Yair Lapid, visitó la llamada Plaza de los Rehenes en Tel Aviv para sumarse a la huelga y dijo que seguirán manifestándose hasta que “haya un acuerdo, se termine la guerra y los rehenes regresen”.

“Hoy paralizamos el país. Porque nuestros rehenes no son peones que el gobierno pueda sacrificar en aras de la guerra”, declaró en un video difundido en X.

Por otro lado, el líder de Unidad Nacional, Benny Gantz, también expresó su apoyo a los manifestantes. Incluso el exministro de Defensa Yoav Gallant — acusado de crímenes de lesa humanidad por parte de la Corte Penal Internacional— aseguró: “Tenemos el deber supremo de traer a todos a casa”, señaló en declaraciones recogidas por Yedioth Ahronoth.

A la protesta se sumaron los presidentes de varias universidades israelíes, que exigieron al Gobierno de Netanyahu un alto el fuego. Daniel Chamovitz, rector de la Universidad Ben-Gurión, recordó que “en marzo pasado, todos los directores de universidades e instituciones de educación superior de Israel firmaron una carta dirigida al primer ministro. Declaramos claramente que el gobierno debe completar ese acuerdo y repatriar a todos”. Y concluyó: “Esto no es una reivindicación política; es una exigencia moral y de conciencia”.

Netanyahu dice que la ofensiva seguirá

El sector más radical del Ejecutivo criticó duramente la protesta. El propio Netanyahu dijo que la ofensiva seguirá adelante y que quienes “piden hoy poner fin a la guerra sin una derrota de Hamás” en realidad “refuerzan la posición de Hamás y alejan la liberación de nuestros rehenes”, a la vez que hacen que Israel tenga que “luchar una guerra sin fin", afirmó tras una reunión de su gabinete.

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, acusó a los organizadores de ejercer “manipulación emocional en beneficio de Hamás” y restó importancia al impacto de la huelga. El responsable de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, también arremetió contra los manifestantes en X, asegurando que son “las mismas personas que debilitaron a Israel entonces y están intentando hacerlo de nuevo hoy”.

China acusa a Estados Unidos de complicidad en Gaza

En paralelo, se realizaron manifestaciones en ciudades de todo el mundo, incluida Estados Unidos, donde los participantes denunciaron la complicidad de Washington en el genocidio.

En este sentido, el mismo domingo, China acusó a Estados Unidos de ser “cómplice del genocidio en Gaza” en su informe anual sobre los derechos humanos en Estados Unidos, publicado por la Oficina de Información del Consejo de Estado y difundido por la agencia de noticias estatal china Xinhua.

“Estados Unidos ha sido cómplice del genocidio en Gaza”, sostiene el documento, que denuncia además el “apoyo militar y diplomático inquebrantable” de Washington a Israel. El texto señala a la Casa Blanca de haber frustrado repetidamente los esfuerzos internacionales para asegurar un alto el fuego en el segundo año de la ofensiva israelí, y recuerda que Estados Unidos “ha ejercido su poder de veto siete veces para bloquear resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que pedían un alto el fuego”.

El informe también critica lo que describe como “uso excesivo de sanciones unilaterales” por parte de Washington, acusándolo de “alimentar las crisis humanitarias” y de ser “abrumadoramente el mayor usuario de sanciones unilaterales del mundo”.

Un genocidio en curso

La brutal ofensiva israelí sobre Gaza ha provocado la muerte de casi 61.900 palestinos desde octubre de 2023, devastando completamente el enclave y empujando a su población a la hambruna total. Organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos denuncian que los ataques sistemáticos, la destrucción de infraestructuras civiles y el bloqueo de suministros básicos constituyen actos de violencia indiscriminada que podrían calificarse de crímenes de lesa humanidad.

En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant por su responsabilidad en estos crímenes. Además, Israel enfrenta actualmente un caso de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, mientras la comunidad internacional debate la impunidad de un Estado que continúa ejecutando operaciones militares contra una población sitiada y vulnerable.