Mohammad EslamiTras los bombardeos sin precedentes contra instalaciones nucleares de Irán por parte de Estados Unidos e Israel, el liderazgo de Teherán ahora evalúa una decisión que podría redefinir el orden nuclear mundial: retirarse o no del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP).
En sintonía con este cambio, el parlamento iraní aprobó la semana pasada una ley vinculante que establece la suspensión de toda cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). El 2 de julio, el presidente Masoud Pezeshkian ordenó formalmente a todas las instituciones ejecutivas cumplir con la nueva legislación, señalando una seria escalada en la postura nuclear de Teherán.
Las autoridades de Irán argumentan que un tratado que no ha garantizado sus promesas fundamentales –en particular la protección del desarrollo nuclear pacífico– ha perdido legitimidad.
Establecido en 1968, el TNP se basa en tres pilares centrales: la no proliferación, el desarme y el uso pacífico de la energía nuclear.
Los estados miembros sin armas nucleares se comprometen a no adquirirlas, los estados con armas nucleares se comprometen a avanzar hacia el desarme, y todos los miembros tienen garantizado el acceso a tecnología nuclear con fines civiles bajo garantías internacionales.
Irán, signatario del TNP desde 1970, insiste desde hace mucho tiempo en que su programa nuclear tiene carácter civil, y ha sido desarrollado para la producción de energía y la investigación médica.
Sin embargo, tras los ataques recientes contra sus principales instalaciones nucleares en Natanz, Fordow, Isfahán y Arak, los líderes de Teherán cuestionaron públicamente el sentido de respetar un acuerdo que no logró protegerlos.
Mientras Irán aumentaba su enriquecimiento de uranio, y seguía cooperando con los inspectores del OIEA, entró en conversaciones indirectas con EE.UU. orientadas a evitar la militarización y levantar sanciones.
En medio, Israel afirma que las crecientes capacidades nucleares de Irán representan una amenaza existencial, y entonces lanzó ataques para degradar su programa cuando Teherán se negó a detener el enriquecimiento en su propio territorio, un derecho protegido bajo el TNP.
Según analistas, los ataques también buscaban presionar a Irán antes de cualquier decisión de EE.UU. sobre una acción militar.
Derechos legales, obligaciones y el costo de la retirada
En las últimas semanas, Teherán ha intensificado su retórica. Las autoridades iraníes suspendieron la cooperación con el OIEA, desactivaron cámaras de vigilancia y amenazaron con expulsar a los inspectores.
Un portavoz del gobierno declaró explícitamente que Irán tiene el derecho legal de retirarse, siempre que dé un aviso de tres meses y cite eventos extraordinarios que hayan puesto en peligro sus intereses nacionales.
Los ataques a la infraestructura nuclear iraní –que incrementan el riesgo de contaminación ambiental, exposición a radiación y daños a la población civil– podrían respaldar precisamente ese argumento.
Según el derecho internacional, los ataques conjuntos de EE.UU. e Israel contra instalaciones nucleares de Irán también resultan altamente cuestionables.
La intervención militar con fines de contraproliferación debe estar autorizada por una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y ejecutarse con la legitimidad del consenso internacional. El uso de la fuerza por fuera de ese marco, sin amenaza inminente ni sanción multilateral, establece un precedente peligroso.
Debilita la propia arquitectura del derecho internacional y permite a los Estados con armas nucleares actuar de forma arbitraria contra aquellos que no las poseen, lo cual puede incentivar su proliferación en lugar de prevenirla.
Como miembro del TNP, Irán goza de varios derechos clave: acceso a tecnología nuclear con fines pacíficos, protección bajo el sistema de salvaguardia del OIEA, y reconocimiento internacional de su derecho soberano a desarrollar energía nuclear.
A la vez, conlleva obligaciones: transparencia total, no desviar material nuclear hacia programas de producción de armas, y cooperación con las inspecciones del OIEA.
Al abandonar el tratado, Irán ya no tendría la obligación de cumplir estos compromisos y podría desarrollar su programa nuclear sin supervisión internacional, generando profundas inquietudes sobre la estabilidad regional.
Opacidad estratégica y consecuencias regionales
Si Irán abandona el tratado, se eliminarían las restricciones para atacar objetivos sensibles en Israel, incluida la instalación nuclear de Dimona.
En un escenario así, Teherán podría no solo restringir el acceso a inspectores del OIEA, sino también reconstituir sus operaciones de centrifugado en instalaciones secretas. Sin las obligaciones de reporte del TNP, Irán no estaría legalmente obligado a divulgar nuevos sitios nucleares ni niveles de almacenamiento.
A esto se suma la incertidumbre sobre el estado actual del uranio enriquecido iraní.
No existe evidencia creíble de que la totalidad de las reservas–que incluiría unos 400 kilogramos de uranio enriquecido al 60%-- haya sido destruido.
No se ha detectado radiación, y hay informes de que Irán trasladó de forma preventiva su material más sensible a ubicaciones no reveladas antes del ataque a Fordow. De ser cierto, esas reservas podrían ser usadas como moneda de negociación o como núcleo para un posible programa armamentístico.
Si Irán suspende formalmente su membresía en el TNP, el camino hacia un arma nuclear sería, al menos técnicamente, mucho más claro.
Con los inspectores fuera del país y los mecanismos de supervisión desactivados, Irán podría acelerar el enriquecimiento, instalar cascadas de centrifugadoras avanzadas en sitios fortificados y encubrir el proceso con desinformación estratégica.
Ya circulan declaraciones contradictorias de funcionarios iraníes: algunos afirman que las reservas de uranio fueron destruidas, otros insinúan que aún podría utilizarse. Lo cual sugiere que Teherán podría estar apostando a un juego asimétrico de ambigüedad para confundir a los servicios de inteligencia extranjeros y sembrar dudas.
Mientras tanto, el presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró recientemente: “El programa nuclear de Irán ha sido completamente desmantelado, y lo último en lo que están pensando es en construir una bomba”.
Sin embargo, esta afirmación ha desatado un debate dentro de Estados Unidos, especialmente después de que una evaluación recién publicada del Pentágono contradijera la declaración, sugiriendo que Irán conserva la capacidad técnica y los materiales necesarios para reanudar rápidamente la producción de armas si así lo decide.
Pero lejos de eliminar la amenaza, el ataque conjunto de EE.UU. e Israel podría haber creado un dilema de seguridad aún más complejo.
En lugar de contener la amenaza, la ofensiva ha generado una nueva y peligrosa dinámica: la opacidad estratégica, es decir, crear intencionalmente incertidumbre sobre las intenciones nucleares de Irán para obtener ventajas políticas y reforzar su capacidad de disuasión.
Al empujar a Irán hacia una posición donde la ambigüedad se vuelve un activo, el ataque ha abierto inadvertidamente la puerta a un entorno nuclear menos predecible y más volátil.
Los ataques conjuntos también provocaron una rápida condena mundial. China y Rusia los calificaron como escaladas ilegales que amenazan la estabilidad regional y sientan un precedente peligroso para ataques contra instalaciones nucleares bajo salvaguardias.
Líderes de la Unión Europea pidieron moderación y urgieron a Irán a permanecer dentro del marco del TNP, advirtiendo que abandonar la vía diplomática conlleva el riesgo de mayor proliferación y desestabilización.
En una región ya marcada por la desconfianza y la política de riesgo, la posible retirada de Irán del TNP podría establecer un precedente contundente, desafiando los propios cimientos del sistema internacional de no proliferación.
Si esta maniobra es una táctica de presión o un giro real aún está por verse, pero sus consecuencias se sentirían mucho más allá de Oriente Medio.
