Los vientos de conflicto y amenaza empezaron a soplar desde Estados Unidos hacia Latinoamérica, después de que múltiples reportes confirmaran el despliegue de buques de guerra de Washington, con 4.000 soldados a bordo, en aguas del mar Caribe… cerca de Venezuela. Y la retórica desde la Casa Blanca aumentó la velocidad de esas ráfagas este martes cuando, ante la pregunta sobre esta maniobra militar, la portavoz Karoline Leavitt sostuvo que EE.UU. está dispuesto a “usar todo su poder” para “frenar el flujo de drogas”. Acto seguido arremetió contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, al asegurar que su gobierno “no es legítimo” y, por el contrario, constituye “ un cartel del narcotráfico”.
Las alarmas en América Latina no tardaron en encenderse. Maduro ya había ordenado este lunes el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país, como respuesta a estas “amenazas extravagantes”. Y el ministro de Relaciones Exteriores, Yvan Gil, señaló en un comunicado: “Que Washington acuse a Venezuela de narcotráfico revela su falta de credibilidad y el fracaso de sus políticas en la región”. Luego añadió: “Mientras Washington amenaza, Venezuela avanza con firmeza, en paz y soberanía, demostrando que la eficacia contra el crimen se logra respetando la independencia de los pueblos”
En el país vecino, Colombia, el presidente Gustavo Petro también alzó la voz y advirtió sobre los riesgos para la región de una operación militar de EE.UU. "Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo a Venezuela resuelven su problema, (con eso) meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema (de) que se arrastran a Colombia", manifestó Petro en un consejo de ministros transmitido al país.
Según el mandatario, en caso de una invasión al país vecino –con el que Colombia comparte una frontera terrestre de 2.219 kilómetros– los traficantes de droga que operan entre las dos naciones aprovecharían para "apoderarse de las riquezas del subsuelo, (de los) minerales". "Así que yo le dije a Trump, a través de sus emisarios, que eso sería el peor error", insistió Petro.
Por su parte, el Gobierno de Cuba rechazó este lunes el despliegue militar de Washington, y lo calificó como parte de la "corrupta agenda" del secretario de Estado Marco Rubio. “Denunciamos presencia de fuerzas militares navales y aéreas de Estados Unidos en el sur del Caribe que, bajo falsos pretextos, responden a la corrupta agenda del secretario de Estado", señaló el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, en su cuenta en X. "América Latina y el Caribe debe ser respetada como zona de paz", agregó.
Y desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que salir a desmentir que su país tenga un acuerdo con la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) para participar en un proyecto conjunto contra operadores que controlan las rutas del narcotráfico en la frontera común. El lunes, un comunicado de la DEA informó que México colabora en el denominado "Proyecto Portero", pero la mandataria negó esa información. "No hay ningún acuerdo con la DEA", dijo en su conferencia matutina.
Según el boletín difundido en la web oficial de la DEA, en el marco de ese programa participan "investigadores mexicanos con autoridades estadounidenses, fiscales, funcionarios de defensa y miembros de la comunidad de inteligencia". Pero Sheinbaum sostuvo que con esa institución sólo se ha pactado un entrenamiento de policías mexicanos en Texas.
El objetivo del "Proyecto Portero", según el comunicado, "es desmantelar a los 'guardianes' de los cárteles, agentes que controlan los corredores de contrabando" en la frontera común y que son "esenciales para las operaciones" de las bandas de narcotraficantes. "La DEA está tomando medidas decisivas para enfrentar a los cárteles que están asesinando a estadounidenses con fentanilo y otros venenos", señaló el administrador de la DEA, Terrance Cole, en el comunicado.
¿Una operación antidroga?
El despliegue militar de Estados Unidos parece exceder con creces lo que habitualmente se entiende como una operación antidroga. El pasado viernes, la cadena CNN citó a dos fuentes del Pentágono que confirmaron la movilización de la marina estadounidense en el Caribe con la misión de "combatir a los carteles del narcotráfico", además de reforzar su presencia con aviones, barcos y sistemas lanzamisiles. Entre los equipos enviados se encuentran un submarino nuclear, aviones de reconocimiento P-8 Poseidon, varios destructores y un buque de guerra equipado con misiles.
Además, un funcionario del Departamento de Defensa le dijo a la agencia de noticias AP que el despliegue de los buques de guerra en el Caribe sería “a lo largo de varios meses”
El trasfondo de este despliegue militar refleja una reinterpretación expansiva y cuestionable del papel de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. En una carta revelada meses atrás por el diario The Intercept, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, sostuvo que las Fuerzas Armadas tienen el deber de "defender la patria", lo que, según él, incluye "sellar las fronteras, repeler toda forma de invasión, incluida la inmigración masiva, el tráfico de drogas, el contrabando de seres humanos y otras actividades criminales".
De esta forma, la Casa Blanca borra las líneas que históricamente han separado las funciones militares de las policiales, tanto dentro como fuera de su territorio.
Incluso dentro de Estados Unidos, la estrategia militar de Trump enfrenta críticas contundentes. Más de 30 organizaciones humanitarias, de derechos de inmigrantes, veteranos, grupos religiosos y defensores de la reforma de políticas de drogas han llamado al Congreso a oponerse al uso de la fuerza militar en América Latina.
Según las organizaciones, reporta un artículo de The Intercept, la fusión de dos guerras estadounidenses fallidas —la guerra contra las drogas y la guerra contra el terrorismo— “pondría a las personas en riesgo de violencia y desestabilizaría las relaciones hemisféricas, al tiempo que obstaculizaría, en lugar de ayudar, los esfuerzos para proteger a las comunidades del narcotráfico y otros delitos”.
La carta, enviada a los principales líderes del Congreso, insta a los legisladores a “utilizar todo su poder para impedir que la administración lance una nueva guerra en América Latina sin debate democrático ni rendición de cuentas pública”, mediante audiencias que evalúen el alcance de la política de uso de la fuerza y sus probables impactos diplomáticos, económicos y humanos, así como la retención de financiación para acciones militares no autorizadas o irresponsables.
El fracaso histórico de la guerra contra las drogas
Finalmente, los críticos recuerdan que la guerra estadounidense contra las drogas, declarada por Richard Nixon en 1971, ha sido un rotundo fracaso. Se estima que EE.UU. ha gastado más de un billón de dólares en la lucha contra el narcotráfico y el consumo de drogas, con resultados desalentadores.
En 2024, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó la guerra mundial contra las drogas de "fracaso rotundo" y denunció las "respuestas militarizadas de las fuerzas del orden" en todo el mundo.
Tal como subrayó Stephanie Brewer, directora para México de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA), “lo que una acción militar en el extranjero provocaría es un aumento de la violencia, la migración forzada y un daño incalculable a las relaciones de Estados Unidos con los países vecinos”.
En la misma línea, Sara Haghdoosti, directora ejecutiva de Win Without War, sostuvo: "Ya hemos visto esta estrategia de 'guerra contra las drogas' en la región, y ha fracasado una y otra vez: alimenta la violencia, desplaza a comunidades y no hace nada para abordar las causas profundas del narcotráfico". Y añadió: “Lo que hace esto aún más indignante es que la administración Trump está impulsando la guerra mientras recorta los mismos programas de salud pública que salvan vidas. La gente necesita atención médica, tratamiento y apoyo, no posturas militares ni ataques”.
