En una nueva medida de presión a favor de su “aliado cercano” Israel, el Gobierno de Estados Unidos sancionó a dos jueces y a dos fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) este miércoles, en medio del proceso que el tribunal lleva contra altos funcionarios de Tel Aviv por crímenes de guerra. De hecho, entre los sancionados se encuentra el juez francés Nicolas Guillou, quien en noviembre de 2024 autorizó las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant. La CPI calificó la medida como un ataque a su independencia, mientras países como España lamentaron las sanciones.
La jueza canadiense Kimberly Prost y los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan, de Fiji, y Mame Mandiaye Niang, de Senegal, fueron los otros funcionarios de la CPI sancionados por Washington. Prost había hecho parte de un caso penal que autorizó la investigación sobre presuntos crímenes cometidos durante la guerra de Afganistán, incluidas las fuerzas estadounidenses.
"La Corte Penal Internacional condena el anuncio de nuevas sanciones por parte de la administración estadounidense”, sostuvo el tribunal internacional. De hecho, aseveró que la medida constituye “un flagrante ataque a la independencia de una institución judicial imparcial”. Y agregó que también es “una afrenta contra los Estados Partes de la Corte, el orden internacional basado en normas y, sobre todo, contra millones de víctimas inocentes en todo el mundo”.
Luego afirmó que respaldaba “firmemente a sus funcionarios y a las víctimas de atrocidades inimaginables”. En esa línea destacó que seguiría cumpliendo con su mandato “de manera decidida” y sin tener en cuenta “ninguna restricción, presión o amenaza”. Previamente, en febrero, Estados Unidos había sancionado a otros cuatro jueces y el fiscal general de la CPI.
Al anunciar las medidas este miércoles, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, acusó a la corte de ser “una amenaza para la seguridad nacional que ha sido un instrumento de guerra jurídica contra los Estados Unidos y nuestro cercano aliado Israel”. En su comunicado, Rubio afirmó que los cuatro juristas intentaron investigar o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel "sin el consentimiento de ninguna de las dos naciones".
Las sanciones de Washington congelan cualquier activo que los afectados puedan tener en EE.UU. y, esencialmente, los separan del sistema financiero de ese país. También les prohíben la entrada al territorio.
El 21 de noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió las órdenes de arresto contra Netanyahu, Gallant y el jefe militar de las Brigadas Al-Qassam, Mohammed Deif, quien sin embargo había muerto en julio de ese año, aunque su fallecimiento se confirmó después de la medida. Esta orden, aprobada tras una solicitud presentada meses antes por el fiscal de la CPI, Karim Khan, responde a "crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra" cometidos desde al menos el 8 de octubre de 2023 hasta el 20 de mayo de 2024.
Ni Estados Unidos ni Israel son miembros de la CPI.
Voces de rechazo: Sanciones “socavan la justicia internacional”
Por su parte, la ONU expresó la preocupación que le generan las sanciones de Washington al advertir que este tipo de medidas “socavan los cimientos de la justicia internacional". Las Naciones Unidas creen “firmemente que la CPI es un pilar fundamental de la justicia penal internacional", declaró el portavoz Stéphane Dujarric en una conferencia de prensa. Y añadió que respetan el trabajo del alto tribunal.
De manera similar, España emitió un comunicado en el que “lamenta profundamente” el anuncio de Washington. “Ante estas nuevas acciones contra la independencia de la Corte Penal Internacional, España reitera su más firme apoyo a este alto tribunal, y expresa su solidaridad y apoyo a los jueces y fiscales afectados y a todo el personal” de la corte. También destacó que su labor “es esencial para la rendición de cuentas frente a los crímenes más graves contra la humanidad y para la reparación de las víctimas”.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia instó a Estados Unidos a retirar todas las sanciones pues “constituyen un ataque contra la Corte y los 125 Estados Partes del Estatuto de Roma y son contrarias al principio de independencia judicial”. Y añadió que recibió con “consternación” la medida.
En la misma línea, Bélgica reiteró su oposición a la decisión de Washington, advirtiendo que sanciones así afectan los esfuerzos para garantizar la justicia y la rendición de cuentas. "Bélgica lamenta profundamente una vez más las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra jueces y fiscales adjuntos de la Corte Penal Internacional", declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Maxime Prevot, a través de la red social X. "Al igual que con las sanciones anteriores, Bélgica reafirma su apoyo inquebrantable a la CPI, su independencia y su personal", añadió.
Sanciones en el primer mandato de Trump
Esta no es la primera vez que Trump impone sanciones contra el tribunal internacional. Durante su primer mandato, impuso sanciones financieras y una prohibición de visas contra la entonces fiscal Fatou Bensouda y otros altos funcionarios y empleados.
Describiendo al tribunal como una "corte de canguros", su administración tomó esta medida después de que Bensouda iniciara una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán. Si bien su orden en ese momento no mencionaba a Israel, funcionarios de la administración Trump dijeron que también les enfureció la apertura de una investigación por parte de Bensouda sobre la situación en los territorios palestinos en 2019.
El expresidente Joe Biden levantó esas sanciones poco después de asumir el cargo en 2021. Después, el fiscal Khan retiró a Estados Unidos de la investigación sobre Afganistán y se centró en los talibanes.
