El pasado 7 de junio de 2025, en Colombia, un menor de 15 años le disparó en la cabeza al precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay. Este hecho de violencia política recuerda un tipo de agresión que no se vivía en el país desde los años noventa. Sin embargo, detrás de la atrocidad del hecho –que mantiene al político en estado grave– y de la captura del menor, se reavivó una vieja preocupación que hoy toma nuevos matices: el uso sistemático de menores por parte de bandas criminales y carteles para cometer delitos graves. 

Lo que antes parecía marginal hoy es una estrategia extendida en toda la región, donde los niños, niñas y adolescentes son usados y desechados por estos actores criminales.

Panorama regional

Desafortunadamente, el reclutamiento de menores en pandillas, organizaciones criminales y grupos al margen de la ley, o en medio de conflictos armados, no es un hecho aislado. Este triste fenómeno se extiende por toda América Latina. 

Según un informe de UNICEF, niños entre 9 y 11 años están siendo reclutados por estas organizaciones para desarrollar todo tipo de actividades delictivas. Desde llevar mensajes, vigilar e informar (funciones de inteligencia), hasta participar en secuestros, tráfico de armas, drogas e incluso torturas y asesinatos.

Las cifras son preocupantes: en México cerca de 30.000 niños y niñas han sido reclutados por los carteles del narcotráfico. En un estudio realizado por la organización sin ánimo de lucro Reinserta, que brinda acompañamiento y protección a menores en contacto con la violencia, se relata cómo estos secuestran a miembros del cartel contrario, sacan información, los descuartizan y, antes de partir, colocan mantas como amenazas dirigidas a otros grupos. 

En Colombia, se estima que en 2022 y 2023 grupos armados no estatales como el Ejército de Liberación Nacional, las Disidencias de las FARC y las Autodefensas Gaitanistas habrían reclutado al menos a 919 menores de 18 años cada año.

En Haití, la situación es incluso más alarmante: según la ONU el reclutamiento aumentó un 70% para 2025, y se calcula que al menos la mitad de los miembros de los grupos armados son menores, con una edad de ingreso que empieza desde los 8 años.

Pero este fenómeno no se limita solo a América Latina. En Estados Unidos, el pasado mes de mayo detuvieron a cuatro menores migrantes, de entre 12 y 17 años, tras atacar a dos policías que intentaban atender una agresión en Times Square, en el centro de Nueva York. Según autoridades, la pandilla juvenil Los Diablos 42 era una célula derivada de la megabanda venezolana El Tren de Aragua.

¿Por qué los menores? Las lógicas del reclutamiento

Las organizaciones criminales no reclutan menores por casualidad, lo hacen porque representan una herramienta útil, moldeable y, muchas veces, desechable. 

Las miles de historias de reclutamiento de menores retratan una compleja realidad. La historia de Sol, en México, es una de ellas. A los 9 años ya era adicta a las metanfetaminas, y a los 12 fue reclutada por un conocido mientras vendía flores frente a un bar. A los pocos meses de ingresar al cartel, cometió su primer delito: un secuestro que terminó en tortura y asesinato. Al parecer, el cartel se convirtió en su familia y, en esa estructura, que le ofrecía un sentido de pertenencia e identidad. Sol fue capturada a los 16 y, ahora, con 20, está intentando rehacer su vida.

En Colombia, el caso del joven sicario que, según informes, atentó contra el precandidato presidencial Uribe repite el patrón: vivía en un entorno familiar disfuncional, su madre falleció cuando tenía 8 años, su padre se fue de mercenario a Ucrania y el joven creció bajo el cuidado de su abuela. Informan que consumía drogas y que, meses atrás, había abandonado el colegio. En su testimonio ante la Fiscalía, relató que fue contactado por el jefe de la olla —como se le conoce al líder del expendio de drogas—, quien le ofreció un pago de 20 millones de pesos (unos 4.620 dólares) por el asesinato. Pero, al final, él mismo concluye que nunca le iban a pagar el dinero. “Sabían que me iban a matar en esa vuelta”, dijo tras contar que lo dejaron solo en medio de la balacera y la persecución tras el crimen.

Nacer con pocos recursos, crecer en la pobreza, sin acceso a la educación o vivir en territorios donde la presencia de los grupos criminales es fuerte hace que muchos menores se conviertan en un blanco fácil. En Haití, las bandas aprovechan que más del 60% de la población vive con menos de cuatro dólares al día y también atacan la infraestructura de las escuelas para dejar a los jóvenes sin posibilidad de estudiar.

Mismos crímenes, menos penas

Otra de las motivaciones es que las leyes de justicia juvenil suelen aplicar sanciones menos severas que a los adultos. Por lo tanto, un adolescente armado es más eficiente que un adulto con antecedentes y, si lo atrapan, quizá salga libre en meses. En la mayoría de países de la región, la edad mínima para tener responsabilidad penal es de 18 años.

En Colombia, los menores de 14 años no pueden ser procesados penalmente y, a los jóvenes entre 14 y 17 los cobija el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, el cual tiene una sanción máxima de 8 años para delitos graves. 

En México, las penas a adolescentes suelen estar entre los 3 y 5 años. Por ejemplo, tomó visibilidad el caso de Jacobo, un joven de 17 años que recibió 4 años de condena por varios asesinatos. 

Por el contrario, El Salvador redujo la edad penal a los 12 años bajo el régimen de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele.

Una realidad compleja

La complejidad que plantean los menores criminales abre preguntas difíciles pero urgentes: ¿son los menores responsables de sus actos o simplemente un reflejo de una falta previa de contención institucional, de la sociedad y de sus familias? ¿Son víctimas de las organizaciones criminales o victimarios conscientes de sus crímenes?

Es cierto que muchos adolescentes han cometido crímenes graves, pero también lo es que muchos lo han hecho en contextos donde la libertad de elección está severamente limitada. Han crecido rodeados de violencia, consumo de drogas a temprana edad, precariedad y abandono. Por eso, pedirles responsabilidad sin reconocer su historia es no ver el panorama completo.

Aceptar la ambigüedad no implica justificar la violencia, sino entender que los menores van más allá de un problema de seguridad, lo que también implica asumir que es una cuestión de derechos, protección y prevención. Además, se trata de construir una respuesta que articule al Estado, la sociedad y las familias para garantizar que los menores vivan plenamente su niñez y puedan crecer en espacios seguros alejados de las organizaciones criminales que los convierten en niños soldados y piezas descartables.