Cumplió su amenaza: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles un decreto que ordena imponer aranceles del 50% sobre Brasil, en un nuevo capítulo del choque diplomático que protagoniza con su homólogo, Luiz Inácio Lula da Silva, desde hace algunas semanas. Trump justificó su medida asegurando que hay una “emergencia legal” por el trato que Brasil le ha dado al expresidente Jair Bolsonaro –uno de sus principales aliados en la región y quien enfrenta un juicio histórico por un intento de golpe de Estado–, y por la supuesta censura contra plataformas estadounidenses.
Una jugada ante la que Lula reaccionó rápidamente señalando que defenderá "la soberanía del pueblo brasileño" ante Washington. “Hoy es el día sagrado de la soberanía”, insistió el mandatario desde un acto oficial en Brasilia. Y en una entrevista previa que concedió al diario The New York Times, ya había declarado sobre Trump: “Tal vez él no sabe que aquí en Brasil el poder judicial es independiente”.
En medio del choque diplomático, que se remonta a principios de julio cuando Trump lanzó su amenaza inicial, la Casa Blanca tomó una acción adicional. El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó al juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal de Brasil y quien supervisa el juicio contra Bolsonaro, por supuestamente usar su poder “para autorizar detenciones arbitrarias previas al juicio y suprimir la libertad de expresión”. “Alexandre de Moraes ha tomado el papel de juez y jurado en una cacería de brujas ilegal contra ciudadanos y empresas estadounidenses”, declaró un comunicado.
Trump señala al Gobierno de Lula de ser “una amenaza inusual”
La orden que Trump firmó este miércoles invoca una ley de 1977 que permite la imposición de aranceles durante emergencias nacionales. En esa línea, el presidente estadounidense señaló que el Poder Judicial de Brasil representa una amenaza para los intereses de Washington, especialmente en su proceso contra Bolsonaro.
Actualmente, Bolsonaro enfrenta un juicio histórico por su presunta participación en un intento de golpe de Estado en 2023, luego de que perdiera las elecciones presidenciales ante Lula. Pese al proceso penal que está en curso y las acusaciones de los fiscales, Trump ha calificado el proceso como una “desgracia internacional” y una “caza de brujas”.
En la exposición de motivos de los aranceles, Trump además afirmó que el Gobierno de Lula constituye "una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de EE.UU.".
Ahora bien, al decreto se anexó una enorme lista con cientos de excepciones a los que no se les aplicará el arancel del 50%, entre las cuales figuran piezas de aviones, petróleo, zumo de naranja, fertilizantes y castañas.
Según cálculos de la Cámara Americana de Comercio en Brasil, las exportaciones exentas representaron 18.400 millones de dólares en 2024, un 43,4% de todo lo que se vendió a EE.UU., que es el tercer mayor socio comercial de Brasil, tras China y la Unión Europea.
“Inaceptable interferencia”
Tras convocar a una reunión con el núcleo duro de su gabinete, Lula denunció la "inaceptable interferencia del Gobierno de EE.UU. en la Justicia brasileña". "Uno de los fundamentos de la democracia y del respeto a los Derechos Humanos en Brasil es la independencia del Poder Judicial, y cualquier intento para debilitarlo constituye una amenaza al propio régimen democrático. La justicia no se negocia", dijo en un comunicado.
En esa línea subrayó que en Brasil "la ley es para todos" y que usar "argumentos políticos" para imponer aranceles es "injustificable". "La motivación política de las medidas contra Brasil atenta contra la soberanía nacional", sostuvo.
Previamente, en su primera entrevista con The New York Times en 13 años, Lula había sido claro: “Brasil nunca negociará como si fuera un país pequeño contra un país grande. Conocemos el poder económico de Estados Unidos, reconocemos su poder militar y su tamaño tecnológico”.
“Pero eso no nos asusta”, advirtió. “Nos preocupa”.
“Para nosotros, el estado democrático de derecho es algo sagrado”, recordó, evocando los años de dictadura en Brasil. Y lanzó una crítica severa a la actitud de su homólogo estadounidense: “El comportamiento del presidente Trump se apartó de todos los estándares de negociación y diplomacia. Cuando hay un desacuerdo comercial o político, se llama, se programa una reunión, se habla y se intenta resolver el problema. Lo que no se hace es imponer impuestos y dar un ultimátum”.
Lula concluyó señalando que serán los ciudadanos de ambos países quienes sufrirán las consecuencias. “Ni el pueblo estadounidense ni el pueblo brasileño merecen esto. Porque vamos a pasar de una relación diplomática de 201 años en la que todos ganan a una relación política en la que todos pierden”.
La presión sobre la justicia
Ante las sanciones de Estados Unidos contra el juez de Moraes, el Supremo Tribunal también reaccionó y aseguró que "no se apartará de su papel de cumplir la Constitución". Y recordó además que hay "indicios graves" contra Bolsonaro y el resto de acusados por golpismo, a los que garantizó un "juicio justo".
Las medidas contra el juez son de las más significativas que Washington ha impuesto en medio del esfuerzo de Trump por presionar a Brasil para que detenga el proceso contra Bolsonaro.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, había anunciado el 18 de julio que Estados Unidos restringiría las visas para funcionarios judiciales brasileños, incluyendo a de Moraes "y sus aliados en la corte", así como para sus familiares directos.