Un día después de la polémica propuesta de intercambio del presidente de El Salvador, Nayib Bukele –para “canjear” 252 venezolanos deportados por EE.UU. y retenidos en una megacárcel de ese país a cambio de lo que consideró “presos políticos” en Venezuela– la respuesta oficial de Caracas fue contundente.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, contestó señalando que Bukele “es un violador sistemático y serial de los derechos humanos desde El Salvador contra el pueblo venezolano". Durante su programa semanal de televisión, el mandatario también exigió la liberación inmediata de sus compatriotas. "Y más temprano que tarde póngalos en libertad incondicionalmente, libertad incondicional para los jóvenes que están secuestrados en El Salvador".
Maduro llamó a Bukele a "ponerse a derecho" y responder las preguntas planteadas horas antes por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien denunció la desaparición forzada de venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), de El Salvador, la megacárcel más grande de Latinoamérica, construida por el propio Bukele y con capacidad para 40.000 reclusos.
En una propuesta que Caracas calificó de “cínica”, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, planteó un canje de 252 venezolanos deportados a cambio de 252 “presos políticos”.
“Nuestros compatriotas están desaparecidos”
Este lunes, el fiscal Saab denunció que los venezolanos, a quienes el presidente de EE.UU. Donald Trump vinculó con la pandilla el Tren de Aragua pero cuyos familiares defienden su inocencia, no habían pasado por un tribunal y se les había negado el derecho a un abogado.
"A nuestros compatriotas no se les ha permitido que un médico los vea (...) están desaparecidos", aseguró Saab. E indicó que la comparación planteada en el “canje” propuesto por Bukele es un absoluto desatino. No se puede “comparar el caso de las personas detenidas en Venezuela por intentar magnicidio", y otras acciones para desestabilizar el país, con los venezolanos deportados que no han cometido delitos ni en Estados Unidos, ni en El Salvador. "Estamos pidiendo la libertad incondicional", subrayó Saab.
Venezuela pidió formalmente "a la fiscalía general de El Salvador que se pronuncie, igualmente la Corte Suprema de Justicia que le responda a los abogados sobre el recurso de habeas corpus".
Caracas no está solo en el reclamo. El sábado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se sumó al llamado contra Bukele y exigió también la entrega de los colombianos deportados recluidos en el Cecot.
El intercambio que planteó Bukele
En un mensaje en X, Bukele le envío su propuesta de canje a Maduro: "Quiero proponerle un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100% de los 252 venezolanos que fueron deportados, a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico (252) de los miles de presos políticos que usted mantiene".
El mandatario salvadoreño no precisó si los que llama “presos políticos” serían encarcelados nuevamente tras el intercambio. Sin embargo, especificó el canje debe incluir a Rafael Tudares, yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia; a Rocío San Miguel, a activista de derechos humanos; a los opositores asilados en la embajada de Argentina en Caracas, y a unos 50 ciudadanos detenidos de otras nacionalidades, incluidos estadounidenses, alemanes y franceses, como parte del intercambio.
Trump, en medio de tensiones con la justicia
El Gobierno de Bukele, aliado clave de Trump en su programa de deportaciones, recibió en poco más de un mes a 288 deportados, 252 de ellos venezolanos. La oferta de “canje” se produce en un escenario de tensión interna en Estados Unidos, donde Trump arremetió contra la Corte Suprema, tras su orden de detener expulsiones como las de los venezolanos. Para estas deportaciones, Trump invocó una "Ley de Enemigos Extranjeros" de 1798 utilizada en tiempos de guerra.
La administración Trump se enfrenta a una creciente oposición por parte de jueces federales, grupos de derechos humanos y legisladores demócratas, quienes señalan que su política de deportaciones infringe derechos constitucionales fundamentales.
Uno de los casos que más han resonado es el de Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño deportado el 16 de marzo bajo acusaciones de ser miembro de la MS-13. Aunque el Gobierno de Trump reconoció que la deportación fue el resultado de un "error administrativo", pues Ábrego tenía protección legal desde 2019, se ha negado a gestionar su regreso, argumentando que el caso está en manos de El Salvador.
