Desde la década de 1990, Afganistán se ha convertido en un actor crucial de la economía mundial de las drogas, experimentando a partir de 2001 un aumento especialmente significativo de la producción de opio. En 2020, este país fue el principal proveedor a nivel global, suministrando aproximadamente el 85% del opio.

Ahora bien, este panorama empezó a cambiar con el regreso de los talibanes al poder en 2021. Poco después de asumir el control, la administración talibán promulgó un decreto en el que prohibió el cultivo de la amapola y anunció la implementación de diversas medidas punitivas contra quienes violaran el veto. 

Aunque esta decisión replica el modelo de políticas similares instauradas durante el gobierno inicial de los talibanes, entre 1996 y 2001, se ha promulgado en un contexto local y global marcadamente distinto. En consecuencia, las cuestiones respecto al grado en el que se ha aplicado la prohibición de los talibanes sobre la amapola, así como sus consecuencias nacionales y regionales, siguen ocupando un lugar destacado en los debates políticos contemporáneos y en las observaciones sobre el terreno.

¿Qué ha ocurrido en el proceso histórico?

Cuando los talibanes tomaron Kabul en 1996, Afganistán ya había alcanzado un umbral crítico en la producción mundial de opio. El colapso económico, la desintegración de la autoridad estatal y el aumento de los precios del opio crearon un terreno fértil para el cultivo generalizado de la amapola. Durante este periodo, los talibanes se beneficiaron indirectamente de la economía de la droga a través de los impuestos recaudados sobre la producción agrícola. 

Sin embargo, en 1999, con la prohibición de la amapola declaradada por el mulá Mohammed Omar, la política cambió significativamente. Se crearon comisiones especiales, se impusieron sanciones estrictas y, para 2001, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), el cultivo de amapola había disminuido aproximadamente un 91% en el país.

Tras la transición de los talibanes a la insurgencia armada en la década del 2000, la relación del grupo con la economía de la droga se reestructuró. De manera creciente, los ingresos se derivaban no directamente de la producción, sino del transporte, la provisión de seguridad, los impuestos y los permisos de contrabando. 

De hecho, en 2018, los talibanes habrían obtenido alrededor del 20% de sus ganancias del mercado de estupefacientes del país. Esta base financiera permitió al grupo mejorar su capacidad militar y consolidar su influencia sobre el terreno. Al mismo tiempo, socavó el apoyo popular al gobierno central, desestabilizando aún más el aparato de seguridad.

Durante el segundo periodo de gobierno talibán, el líder Mullah Hibatullah Akhundzada promulgó un decreto el 14 de abril de 2022, que prohibió oficialmente el cultivo de amapola y la producción de opio en Afganistán. Se anunció públicamente que los infractores de la medida se enfrentarían a la confiscación de sus cultivos y a penas graves. Sin embargo, el impacto previsto de la prohibición no se observó en el primer año. Al contrario, los datos de la UNODC indicaron que las zonas de cultivo de amapola aumentaron un 28% en 2022.

Esta situación cambió significativamente a partir de principios de 2023. Según los datos de agencia de drogas de la ONU, la superficie de cultivo de amapola, que era de 233.000 hectáreas en 2022, se redujo drásticamente a 10.800 hectáreas en 2023. Durante el mismo periodo, la producción de opio disminuyó de 6.200 a 333 toneladas, lo que representa un descenso del 95%. 

Fuentes independientes que realizan análisis de campo basados en imágenes por satélite, como AlcisGeo, han corroborado estos resultados. Por ejemplo, el cultivo de amapola en la provincia de Helmand descendió de 129.640 hectáreas en 2022 a tan sólo 740 hectáreas en 2023. Sin embargo, en 2024, la producción de opio en Afganistán aumentó un 30% en comparación al año anterior, alcanzando las 433 toneladas. A pesar de este aumento, la cifra sigue siendo un 93% inferior a los niveles de 2022.

Estos datos indican que la administración talibán ha logrado un notable éxito a corto plazo en la implementación de la prohibición a la amapola. Sin embargo, la sostenibilidad de este éxito depende de una transformación de la estructura socioeconómica existente. 

El cultivo de amapola en la economía rural afgana no es simplemente una actividad ilegal, sino que se percibe como una forma indispensable de agricultura de subsistencia. Especialmente en provincias como Helmand, Nangarhar y Kandahar, cultivar amapola se ha convertido en casi la única fuente de sustento para muchos agricultores debido a los déficits de infraestructuras que existen desde hace tiempo, el limitado apoyo estatal y el restringido acceso a los mercados. Por lo tanto, para que la prohibición de la amapola siga siendo eficaz a mediano y largo plazo, es imprescindible llevar a cabo reformas agrícolas, integrar el mercado y desarrollar fuentes de ingresos alternativas.

Además, en 2024, el cultivo de opio se desplazó geográficamente desde las regiones del suroeste, tradicionalmente densas, hacia el noreste. En particular, los cultivos en la provincia de Badakhshan aumentaron un 381%, alcanzando las 7.563 hectáreas. Este cambio se atribuye al estricto control de los talibanes en el sur, que contrasta con una supervisión comparativamente más débil en el noreste. Además, la proximidad del noreste a las fronteras con China, Tayikistán y Pakistán ha contribuido a reconfigurar las rutas del narcotráfico.

Por otra parte, la relación histórica de los talibanes con la economía de la droga no se ha limitado únicamente a la producción de opio. Con el tiempo, ha evolucionado hacia un sistema más complejo que implica el control de las rutas de contrabando, el cobro de tasas procedentes del tráfico de drogas y la gestión de redes de transporte, que sirven como fuentes de financiación de la organización. Actualmente, con el declive de la producción de opio, esta estructura se está orientando cada vez más hacia las drogas sintéticas.

Tendencias emergentes en la economía de la droga

Aunque la decisión de la administración talibán de prohibir el cultivo de amapola en Afganistán puede considerarse un éxito a corto plazo, la transformación que se está produciendo en la economía de la droga del país genera retos nuevos y complejos para la seguridad regional y la estabilidad económica. 

Informes recientes publicados por el Inspector General Especial de Estados Unidos para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR, por sus siglas en inglés), revelan que, a pesar de la prohibición, persisten enormes reservas de opio que se acumularon durante años, sobre todo en el sur de Afganistán. Se calcula que estas reservas superan las 16.000 toneladas, una cifra suficiente para satisfacer la demanda mundial de opio durante varios años. Esta situación limita considerablemente el impacto de la suspensión del cultivo de amapola sobre la oferta mundial de drogas, al menos a mediano plazo.

Además, la transformación en curso de la economía de la droga no se debe únicamente a la oferta, sino también a cambios estructurales en la producción y el comercio. Mientras los talibanes prohíben el cultivo de opio, los productores se han orientado cada vez más hacia la fabricación de drogas sintéticas, con un aumento destacado de la producción de metanfetamina en los últimos años. 

Múltiples organizaciones internacionales, especialmente la UNODC, informan que la metanfetamina –derivada de la planta efedrina y producida a bajo costo– se ha extendido en el sureste de Afganistán como alternativa al tráfico tradicional de opio. Los reportes indican además un aumento de la producción de tabletas sintéticas conocidas localmente como "tableta K", que pueden contener metanfetamina, opiáceos y MDMA. Esta tendencia emergente da señales de una nueva oleada de amenazas tanto para la seguridad fronteriza como para la salud pública regional.

La existencia de importantes reservas de opio junto a la creciente producción de metanfetamina tiene consecuencias que van más allá de la dinámica interna de Afganistán. Países vecinos como Irán, Tayikistán y Pakistán, aunque afirman la determinación de los talibanes para hacer cumplir la prohibición del opio, han informado de un aumento significativo del tráfico de drogas sintéticas en los últimos tiempos. 

En particular, las detenciones e incautaciones de drogas relacionadas con la metanfetamina en Irán ponen de relieve el carácter generalizado de los flujos de drogas sintéticas procedentes de Afganistán. En este contexto, es evidente que los mecanismos regionales de inteligencia y seguridad fronteriza siguen sin estar lo suficientemente preparados para enfrentar la amenaza emergente que suponen los estupefacientes sintéticos.

Además, la imposición de la prohibición del opio por parte de los talibanes se interpreta en general como un intento de ganar legitimidad internacional. Sin embargo, esta búsqueda de legitimidad puede acabar fracasando en ausencia de alternativas económicamente sostenibles. En otras palabras, mientras no haya suficientes proyectos alternativos de sustento para las poblaciones rurales, la probabilidad de que las reservas de opio se aprovechen en los mercados negros, o de que aumente la producción de drogas sintéticas, dificultará la capacidad de los talibanes para mantener de forma coherente sus prohibiciones.

En conclusión, parece poco probable que los esfuerzos de los talibanes por controlar la economía de la droga tengan éxito a largo plazo si se limitan a medidas orientadas a la seguridad. Una verdadera transformación sólo puede llevarse a cabo mediante una estrategia integral que abarque el desarrollo rural, la reforma agrícola, la generación de ingresos alternativos y una mayor cooperación transfronteriza. De lo contrario, se corre el riesgo de que la prohibición de la amapola se quede en un mero instrumento político de gobierno, que acabe siendo suplantado por una economía de las drogas sintéticas más compleja y menos controlable.