Por segundo miércoles consecutivo, una escena se repitió en la capital argentina: intensos debates dentro del Congreso y protestas a las puertas del edificio. Sin embargo, esta vez, la jornada concluyó con la aprobación de un controvertido decreto que autoriza al presidente Javier Milei a negociar un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras un fuerte operativo policial captaba la atención en el exterior, limitando el avance de los manifestantes, aunque sin represión.
Tras un intenso debate, la Cámara de Diputados validó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) presentado por Milei el 11 de marzo para gestionar un acuerdo financiero con el FMI. La votación resultó en 129 votos a favor, 108 en contra y 6 abstenciones. El oficialismo, en minoría parlamentaria, consiguió el respaldo principalmente gracias al apoyo del PRO, el partido del expresidente Mauricio Macri.
El texto aprobado prevé la obtención de fondos a reembolsar en diez años, aunque sin especificar el monto. Este nuevo endeudamiento se sumará a los 44.000 millones de dólares pendientes desde 2018 y se destinará a cancelar compromisos con el Banco Central y el propio FMI.
La medida generó fuerte rechazo, ya que en lugar de enviar un proyecto de ley al Parlamento para su debate, Milei optó por un DNU. Según sectores opositores, como el peronismo y la izquierda, el Gobierno debería haber sometido la operación con el FMI a la aprobación de ambas cámaras legislativas. No obstante, un DNU solo requiere la validación por mayoría simple de una de las dos cámaras del Congreso.
La oposición sostiene que este mecanismo contradice la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública, aprobada en febrero de 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández. Esta norma, aún vigente, establece que "todo programa de financiamiento u operación de crédito público" con el FMI "requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente".
Protestas y operativo de seguridad
Mientras tanto, miles de manifestantes se congregaron en las inmediaciones del Congreso, convocados por sindicatos, organizaciones sociales e hinchadas de fútbol. Su principal reclamo fue en apoyo a los jubilados, quienes denuncian el deterioro de sus condiciones de vida debido al ajuste del Gobierno. A pesar de que estas protestas se han repetido semanalmente durante meses, el miércoles pasado la represión policial dejó 45 heridos, entre ellos un fotorreportero en estado grave. Esta vez, además, los manifestantes rechazaban el acuerdo con el FMI, asegurando que no hará más que empeorar la situación económica de los argentinos.
En esta ocasión, la manifestación transcurrió bajo un fuerte operativo de seguridad impuesto por el Ministerio de Seguridad Nacional. Desde la mañana, camiones de las fuerzas de seguridad, carros hidrantes y vallas metálicas bloquearon el acceso al Congreso. Más de 2.000 efectivos fueron desplegados para contener la movilización.
Asimismo, en las terminales ferroviarias metropolitanas las pantallas reprodujeron advertencias de las autoridades: "Protesta no es violencia, la policía va a reprimir todo atentado contra la República".
Aunque al caer la noche se registraron incidentes menores protagonizados por un puñado de manifestantes que golpearon vallas y arrojaron piedras a la policía, no se reportaron incidentes.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó de "exitoso" el operativo, aunque la estrategia también recibió críticas por su alto costo.
