La administración Trump, en una operación militar conjunta con El Salvador, deportó el fin de semana a 17 presuntos miembros de las pandillas venezolanas y de la MS-13 a El Salvador. Estos individuos habían sido señalados por el Departamento de Estado de EE.UU. como criminales extranjeros.
El grupo de presuntos delincuentes violentos, vinculados al Tren de Aragua y a la MS-13, fue trasladado por el ejército estadounidense el domingo por la noche, informó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado. Rubio señaló, además, que entre los deportados había asesinos y violadores.
En este sentido, la Casa Blanca confirmó la autenticidad una lista de 16 deportados publicada por un periodista de Fox News, la cual incluía a 12 personas con condenas penales, un individuo que admitió ser miembro de una pandilla y tres personas que enfrentan cargos. Estos serán ahora encarcelados en El Salvador.
Por su parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó en una publicación en X que los deportados son "asesinos confirmados y delincuentes de alto perfil, incluidos seis violadores de menores".
“Anoche, en una operación militar conjunta con nuestros aliados de Estados Unidos, transferimos a 17 criminales extremadamente peligrosos vinculados al Tren de Aragua y la MS-13. Todos los individuos son asesinos confirmados y delincuentes de alto perfil, incluidos seis violadores de menores”, declaró a través de la red social.
Además, agregó: “Esta operación es otro paso en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”, mensaje al cual Trump respondió en agradecimiento por recibir a los deportados.
Críticas y desafíos legales
Desde su llegada a la Casa Blanca en enero, Trump ha impulsado una política de deportaciones masivas como parte de una ofensiva más amplia contra la inmigración. A principios de mes, invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación del siglo XVIII históricamente utilizada solo en tiempos de guerra, para justificar la deportación de presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua.
Sin embargo, la medida desató una ola de críticas y desafíos legales. La Corte Suprema suspendió temporalmente el uso de esta ley, mientras que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) la impugnó, argumentando que viola el derecho al debido proceso garantizado por la Constitución de EE.UU. Además, familiares de algunos deportados han negado que tengan vínculos con pandillas.
La semana pasada, un tribunal federal de apelaciones ratificó el bloqueo impuesto por un tribunal inferior sobre el uso de esta ley para deportaciones rápidas de presuntos pandilleros. A pesar de esto, la administración Trump ha asegurado que continuará con las deportaciones utilizando otras disposiciones legales.
El secretario de Estado, Marco Rubio, no especificó qué normativas se emplearon en las expulsiones del domingo. Mientras tanto, el gobierno de Trump ha solicitado a la Corte Suprema que revoque la suspensión y le permita seguir utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros.
