El arresto de Mahmud Khalil, un joven palestino de 29 años, graduado de la Universidad de Columbia y activista pro-palestino, ha desatado una ola de indignación en Estados Unidos. Khalil, residente legal permanente y titular de una Green Card, fue detenido el sábado por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en su residencia en la Universidad de Columbia, Nueva York, en un intento de la administración de Donald Trump de deportarlo.

El joven palestino había sido una de las figuras más prominentes del movimiento de protestas estudiantiles que se extendieron por varias universidades en Estados Unidos y que criticaban la brutal ofensiva israelí en Gaza.

En medio del debate sobre la represión política y los derechos de los activistas, la administración de Donald Trump justificó el arresto como un acto de “seguridad nacional”, alegando que Khalil estaba involucrado en “actividades vinculadas a Hamás”, aunque sin presentar pruebas. Además, el presidente declaró que "es el primer arresto de muchos que vendrán".

“La represión política es una amenaza para todos los estadounidenses”

Este arresto ha generado un fuerte rechazo en varios sectores, incluido un grupo de miembros del Congreso de Estados Unidos, que han exigido su liberación inmediata, argumentando que las “acciones ilegales de la administración sientan un peligroso precedente”.

En una carta dirigida a Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), varios legisladores expresaron estar "horrorizados por el reciente arresto ilegal y la detención indefinida" de Khalil por parte de agentes del DHS, exigiendo su liberación inmediata de la custodia del gobierno.

"Khalil no ha sido acusado ni condenado por ningún delito. Como admite con orgullo la administración, fue detenido únicamente por su activismo y organización como líder estudiantil y negociador del Campamento de Solidaridad con Gaza en el campus de la Universidad de Columbia, protestando contra el brutal ataque del gobierno israelí al pueblo palestino en Gaza y la complicidad de su universidad en esta opresión", expresaba la carta.

"Debemos ser extremadamente claros: esto es un intento de criminalizar la protesta política y un ataque directo a la libertad de expresión de todos en este país. El arresto de Khalil es un acto de racismo antipalestino, destinado a silenciar el movimiento de solidaridad con Palestina en este país, pero este abuso ilegal del poder y la represión política es una amenaza para todos los estadounidenses", advirtieron los miembros del Congreso.

Los legisladores describieron a Khalil como un prisionero político que fue "detenido de manera incorrecta e ilegal" y "que merece estar en su casa en Nueva York esperando el nacimiento de su primer hijo".

En la misma línea, los abogados condenaron el hecho de que Khalil fuera trasladado a más de 2,100 kilómetros de su hogar, a un centro de detención en Luisiana, alegando que su acceso a un abogado y a su familia ha sido “severamente restringido”, lo que consideran una violación de sus derechos civiles. "Se le ha negado el acceso significativo a un abogado y cualquier visita de su familia. Esto es absolutamente inaceptable e ilegal", añadieron.

Otras reacciones

En el ámbito legal, la situación de Khalil sigue siendo incierta. Un juez federal bloqueó temporalmente su deportación, ordenando que permanezca en el país mientras se resuelve el desafío legal sobre su arresto. Los abogados de Khalil aseguran que están luchando para obtener su liberación.

Ron Kuby, un prominente abogado de derechos civiles, cree que el manejo del caso de Khalil por parte de la Casa Blanca representa un “peligroso exceso legal”.

"Lo que creo que ocurrió aquí, aunque no puedo estar seguro, es que la Casa Blanca obtuvo información sobre él por haber estado en el país con una visa de estudiante y, basándose en eso, ordenó a Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) arrestarlo, sin darse cuenta de que en realidad era titular de una Green Card", dijo Kuby.

"Una vez que se enteraron de su estatus, en lugar de admitir el error, redoblaron la teoría legal de revocar su Green Card, alegando que había cometido un crimen, lo cual no es el caso aquí", añadió.

Además, subrayó la gravedad de las acciones del gobierno: "Esto casi con certeza es ilegal. Viola los principios básicos de la Primera Enmienda. El más fundamental de esos principios es que el gobierno no puede otorgarte ni quitarte algo en función del punto de vista que expreses".

"Sin debido proceso"

Los observadores legales creen que la lucha más amplia —sobre si el gobierno puede usar las leyes de inmigración para suprimir la expresión política— apenas ha comenzado.

Melissa Price, una abogada de inmigración con sede en California, comparte la misma preocupación.

"Hemos visto cómo estas leyes se aplican de manera amplia, más allá de un comportamiento criminal real", dijo. "El verdadero riesgo es que crea un efecto disuasorio sobre la expresión política, especialmente para los no ciudadanos".

Kuby, por su parte, fue aún más directo.

"El pueblo estadounidense debe recordar que estas protecciones se aplican de igual manera a ciudadanos y no ciudadanos. La noción de la derecha de que los no ciudadanos no tienen derechos es una tontería peligrosa. Incluso si alguien está en el país de manera ilegal, todavía tiene derechos. No se puede deportar a alguien sin debido proceso", afirmó.

Finalmente, desestimó la justificación de la administración como legalmente insostenible. "No hay precedentes para lo que se hizo aquí. El presidente no cancela ni revoca Green Cards; eso debe hacerlo, si acaso, un juez administrativo siguiendo el debido proceso. Nada de esto tiene precedentes, y creo que todo esto será finalmente declarado ilegal".