El 26 de enero, en el sur de Texas, Jose Luis iba camino a su trabajo cuando se detuvo en una gasolinera. De repente, se vio rodeado por vehículos SUV negros. En cuestión de minutos, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo esposaron y se lo llevaron. 

Jose Luis, de 33 años y padre de cinco hijos, había vivido desde 2010 en EE.UU., a donde llegó desde México cuando era adolescente. Entonces, en enero desapareció en la maquinaria de la ofensiva inmigratoria del presidente Donald Trump.

Su caso está lejos de ser el único. Bajo las políticas de deportación ampliadas de Trump, el ICE casi ha duplicado su tasa de arrestos diarios, con más de 10.000 migrantes ya deportados en vuelos militares, los cuales se como una medida disuasoria.

Aún más alarmante es el plan de Trump de revivir Guantánamo como centro para enviar migrantes indocumentados, una instalación conocida por su historial de detenciones extrajudiciales.

Esta medida evoca un capítulo oscuro de la historia de EE.UU., en el que en nombre de la seguridad nacional se explotaron vacíos legales para suspender protecciones constitucionales. La disposición es parte de una estrategia que incluye restricciones retroactivas a la ciudadanía por nacimiento y deportación de migrantes detenidos a El Salvador, algo que desafía las normas constitucionales y las obligaciones legales internacionales.

Un ataque retroactivo a la ciudadanía

Entre las políticas más controvertidas de Trump, se encuentra la eliminación retroactiva de la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados o titulares de visas temporales nacidos después del 19 de febrero.

Aunque un juez federal en Seattle ha suspendido temporalmente la orden, sus ramificaciones legales y constitucionales son profundas.

Los críticos argumentan que esta política viola un precedente establecido en Estados Unidos vs. Wong Kim Ark (1898), donde la Corte Suprema sostuvo que la Enmienda 14 garantiza la ciudadanía a todas las personas en suelo estadounidense, excepto aquellas nacidas de diplomáticos extranjeros o fuerzas de ocupación.

Esta interpretación ha sido la base de la ley de ciudadanía estadounidense durante más de 125 años, y constituye un pilar del compromiso constitucional con la protección igualitaria y un proceso justo.

Al intentar revocar la ciudadanía retroactivamente, la administración Trump socava este precedente fundamental, y crea una peligrosa incertidumbre legal sobre el estatus de millones de personas.

Más allá de la ciudadanía, la agenda migratoria de Trump ha desmantelado sistemáticamente los programas de libertad condicional humanitaria, criminalizando aún más a los solicitantes de asilo en lugar de protegerlos. Estas acciones contradicen las normas legales nacionales y las obligaciones internacionales de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que prohíbe castigar a quienes buscan refugio.

Guantánamo: resucitando un vacío legal

La base militar de Guantánamo ha sido desde siempre una anomalía jurídica: una instalación donde los detenidos están fuera del alcance tanto de la ley estadounidense como del marco internacional de derechos humanos. Establecida inicialmente para detener a sospechosos de terrorismo después de los atentados del 11 de septiembre, sus prácticas de detención indefinida fueron ampliamente condenadas por violar los derechos a un proceso justo. La administración de Bush argumentó que, al ubicar a los detenidos fuera del territorio continental, se podían evadir garantías constitucionales esenciales como el hábeas corpus.

Ahora, el uso propuesto por Trump de Guantánamo para detenidos migratorios marca un inquietante regreso a esos excesos legales. La instalación sería reutilizada para albergar a miles de migrantes indocumentados, creando un sistema de detención donde las protecciones de la justicia se suspenden y la dignidad humana se subordina a la conveniencia política.

Según el derecho internacional, la detención indefinida sin juicio viola tratados de derechos humanos como la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y el Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que condenan categóricamente tales prácticas.

Al recurrir a Guantánamo, EE.UU. reintroduce un régimen donde el debido proceso bajo el Artículo 14 del PIDCP se suspende y la dignidad humana es pisoteada.

Externalización de la detención: La polémica propuesta de El Salvador

Como parte de su ofensiva migratoria, la administración Trump explora un controvertido acuerdo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para utilizar la infame megacárcel del país, conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo, para deportados estadounidenses, tanto criminales como migrantes.

Esta prisión, en las afueras de Tecoluca y diseñada para albergar hasta 40.000 personas, ya es conocida por su hacinamiento y sus abusos generalizados de derechos humanos. Algunos elogian la oferta de Bukele como una solución práctica a la crisis migratoria de EE.UU., pero plantea serias preguntas sobre la ética, la legalidad y las consecuencias a largo plazo de deportar a los detenidos.

Bajo el principio de no devolución, establecido por el derecho internacional de refugiados que prohíbe enviar a personas a países donde corren el riesgo de sufrir tortura o trato inhumano, EE.UU. cometería una violación directa al transferir detenidos a un sistema conocido por su brutalidad.

La Octava Enmienda de la Constitución de EE.UU. también prohíbe castigos crueles y excepcionales, una salvaguardia socavada si se enviara a personas a centros de detención con abusos bien documentados.

Además, al transferir detenidos fuera de la jurisdicción estadounidense, la administración externaliza la responsabilidad legal, evadiendo la rendición de cuentas mientras traslada la carga de la detención a gobiernos extranjeros.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que tanto EE.UU. como El Salvador son signatarios, obliga a los estados a defender los derechos al debido proceso. Al permitir tales instalaciones, ambos gobiernos respaldan un sistema donde los derechos humanos pueden ser subvertidos por los intereses políticos.

La erosión de los ideales estadounidenses

Las políticas migratorias de Trump atacan el corazón del constitucionalismo y la tradición legal estadounidense. EE.UU. siempre se ha enorgullecido de los derechos inalienables, un juicio justo y la equidad legal, arraigados en el liberalismo lockeano y la jurisprudencia constitucional.

El "velo de la ignorancia" de John Rawls nos recuerda que una sociedad justa debe defender la equidad independientemente del lugar de nacimiento o estatus legal de un individuo.

De manera similar, la ética deontológica de Immanuel Kant afirma que los fines políticos no pueden comprometer la dignidad humana. Sin embargo, la trayectoria actual de la política migratoria de EE.UU., erosiona estos ideales, tratando a los migrantes como desechables en lugar de individuos con derechos.

La combinación del resurgimiento de Guantánamo, el ataque retroactivo a la ciudadanía por nacimiento y la tercerización de migrantes detenidos representa no solo un cambio en la política administrativa, sino una crisis legal fundamental.

Reafirmando la supervisión judicial y legal

En este momento crucial, el poder judicial de EE.UU. debe servir como el último garante contra estos excesos. Históricamente, los tribunales han actuado como contrapeso a los abusos del poder ejecutivo, y deben hacerlo ahora, ya sea mediante revisiones judiciales, desafíos de hábeas corpus o litigios constitucionales.

Esto no es sólo política migratoria, es una prueba de la integridad constitucional de EE.UU. Una nación que debe reafirmar que los derechos constitucionales son inviolables y que ninguna orden ejecutiva o maniobra política puede anular protecciones legales fundamentales.

“El mal más radical no es lo que se está haciendo”, advirtió Hannah Arendt, “sino que nos hemos acostumbrado a ello”.

Hoy, EE.UU. enfrenta una elección clara: normalizar las subversiones legales por conveniencia política o reafirmar su compromiso con el estado de derecho. El resultado no solo definirá la política migratoria, además moldeará los cimientos mismos de la democracia estadounidense.