El lío por el que ahora Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, espera un veredicto del Supremo Tribunal empezó a finales de 2022. Justo cuando Luiz Inácio Lula da Silva acababa de ganar las elecciones y estaba a pocos días de asumir como presidente. En paralelo, según investigaciones, soldados de operaciones especiales y figuras de la extrema derecha –incluido el propio Bolsonaro– discutían un complot para realizar un golpe de Estado. Aquel presunto plan dio lugar a un juicio histórico contra el exmandatario que mantiene en vilo al país, y cuyo veredicto se conocerá esta semana.
A medida que avanzaba el proceso judicial, se iban conociendo más detalles que evidenciaban la complejidad del caso. Al punto que adquirió dimensiones políticas, diplomáticas y económicas, entrelazadas con la presión de Estados Unidos, el respaldo internacional a Lula da Silva y los recuerdos sombríos de las dictaduras militares pasadas.
Ahora, mientras el Supremo Tribunal Federal (STF) define el futuro del exmandatario —quien se perfila cada vez más cerca de una condena, con dos de cinco votos en su contra—, Brasil y la región siguen pendientes del desenlace. Estas son las preguntas y respuestas clave para entender el caso.
Datos básicos: ¿de qué acusan a Bolsonaro?
El juicio marca un hito histórico: Bolsonaro es el primer exmandatario de Brasil en ser procesado por intento de golpe de Estado desde el fin de la dictadura militar (1964-1985). Enfrenta cinco cargos, además del intento de golpe, se lo juzga por participación en una organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y dos delitos vinculados con la destrucción de bienes públicos.
Puntualmente, la denuncia que presentó la Fiscalía lo señala de liderar una "organización criminal" que buscaba invalidar los resultados de las elecciones presidenciales e impedir la toma de posesión de Lula da Silva. La investigación sostiene que el presunto complot incluía un plan para asesinar al presidente electo, a su vicepresidenta y a un juez del STF, Alexandre de Moraes, como parte de una estrategia mayor destinada a mantener a Bolsonaro en el poder. Según los fiscales, el golpe no se consumó por falta de apoyo de los altos mandos militares.
La acusación incluye su rol en la instigación de los hechos del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores vandalizaron las sedes de poder en Brasilia reclamando una insurrección militar para derrocar a Lula.
El exmandatario, de 70 años, y siete excolaboradores —incluidos varios altos militares— podrían enfrentar penas de hasta 40 años de prisión.
Por su parte, Bolsonaro, ya inhabilitado políticamente hasta 2030, proclama su inocencia y se considera víctima de una "persecución política".
Cronología
Enero de 2023. Se produjeron los disturbios de partidarios de Bolsonaro en Brasilia, apenas una semana después de la asunción de Lula.
Febrero de 2025. El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet Branco, imputó a Bolsonaro y a otras 33 personas. El caso pasó al Supremo Tribunal de Brasil, que debía decidir si ordenaba la detención y el juicio.
Marzo de 2025. El STF evaluó el caso y comenzó oficialmente el juicio.
Junio de 2025. En su primer testimonio, Bolsonaro negó cualquier vínculo con los hechos. Al deslindarse de toda responsabilidad, admitió haber considerado “posibilidades, alternativas, siempre dentro de la Constitución".
4 de agosto. El Supremo ordenó arresto domiciliario. La medida le prohibió recibir visitas, salvo de familiares y abogados, y usar teléfonos, directa o indirectamente.
20 de agosto. La situación judicial sumó un nuevo capítulo: la Policía Federal lo denunció por obstrucción a la justicia en una investigación que reveló un supuesto plan de fuga a Argentina para pedir asilo político. El hallazgo de un borrador llevó al juez Alexandre de Moraes a hablar de un claro “riesgo de fuga”.
2 de septiembre. Comenzó la fase final con alegatos de la Fiscalía —que pidió condena para todos— y de las defensas —que reclamaron absoluciones por falta de pruebas—. Ante el “riesgo de fuga”, Moraes ordenó reforzar la seguridad en torno a la residencia de Bolsonaro en Brasilia.
8 de septiembre. Los jueces comenzaron a votar en audiencias públicas transmitidas en vivo. Los dos primeros votos fueron a favor de condenarlo, y basta una mayoría simple de tres sobre cinco para dictar condena o absolución.
El primero en exponer fue De Moraes: durante cinco horas, describió a los acusados como parte de una "organización criminal" que se coordinó durante meses para cometer los delitos imputados. El magistrado, sancionado por el Gobierno de EE.UU. por supuestamente promover una "caza de brujas" contra Bolsonaro, votó por condenar a todos los acusados e incluyó al expresidente como líder de la organización. "Brasil casi volvió a una dictadura", afirmó.
A continuación, el juez Flávio Dino, exministro de Justicia de Lula, coincidió en su voto y respaldó la condena contra el exmandatario. "Hubo violencia y grave amenaza", declaró Dino tras resumir la vorágine política en que se sumergió Brasil después de que Bolsonaro no reconoció su derrota en las elecciones. Citó bloqueos de carreteras, atentados frustrados por la Policía y los campamentos montados por activistas de extrema derecha frente a cuarteles del Ejército en los que se exigía que las Fuerzas Armadas impidieran que Lula asumiera el poder.
Próximos pasos
Bolsonaro tiene previsto seguir el proceso en su residencia en Brasilia, donde desde agosto cumple arresto domiciliario. Sus abogados atribuyen su ausencia en el tribunal a cuestiones de salud.
Los jueces comenzaron a exponer y votar desde el martes, y se prevé que se extienda hasta el viernes. Tras De Moraes y Flávio Dino, votará Luiz Fux, quien ha cuestionado argumentos de De Moraes en casos vinculados al 8 de enero de 2023. Luego tomará la palabra Cármen Lúcia Antunes y, finalmente, Cristiano Zanin, quien además será el encargado de proclamar el resultado.
En caso de condena, que requiere al menos tres votos, el ingreso en prisión no será automático, ya que es apelable.
¿Indulto?
Dentro de los posibles escenarios y mientras resuena fuerte la posibilidad de la condena, los bolsonaristas impulsan un indulto. Con mayoría en el Congreso, la derecha maniobra para votar una amnistía para el exmandatario, un pedido refrendado por decenas de miles de seguidores en manifestaciones el fin de semana en varias ciudades brasileñas.
¿Qué está en juego? De candidaturas a los aranceles
En el veredicto hay mucho más en juego que una simple condena.
Por un lado, aunque Bolsonaro siempre confió en revertir su inhabilitación política y postularse en 2026, una condena lo dejaría fuera de la contienda. Incluso si mantiene influencia tras bambalinas, se abriría la carrera por sucederlo de cara a las elecciones de 2026, donde Lula da Silva, de 79 años, aspira a presentarse a la reelección.
Pero el juicio también va más allá de las consecuencias a nivel nacional.
El caso trascendió fronteras al abrir una crisis sin precedentes entre Brasil y Estados Unidos. Desde Washington, el presidente Donald Trump denunció una “caza de brujas” contra su aliado e impuso aranceles de hasta 50% a varias exportaciones brasileñas en julio, desatando una crisis inédita entre ambos países. Además sancionó al juez De Moraes.
En ese entonces, Lula calificó la amenaza arancelaria de Trump como un "chantaje inaceptable". El mandatario defendió la independencia del Poder Judicial brasileño y aseguró que Brasil es "un país de paz y sin enemigos", comprometido con el multilateralismo y la cooperación internacional.
En la última semana, las amenazas de sanciones se intensificaron. El hijo del expresidente, Eduardo Bolsonaro —residente en Estados Unidos y figura clave de la campaña en favor de su padre ante la administración de Trump— advirtió en sus redes sociales que estas podrían aumentar.
En contraste con el apoyo de EE.UU. a Trump, líderes de otros países que defienden un orden mundial multipolar, principalmente del bloque BRICS, han mostrado respaldo a Lula al rechazar las medidas económicas unilaterales de Washington.
De hecho, este lunes, por convocatoria del presidente de Brasil, los líderes del bloque se reunieron en una cumbre virtual de emergencia, donde advirtieron que dichas sanciones limitan el comercio entre países aliados y denunciaron una estrategia de “divide y vencerás” por parte de Washington. Lula hizo un llamado a los BRICS para actuar unidos y proteger su soberanía económica.
A la espera del veredicto, el caso Bolsonaro no solo definirá su futuro judicial y político, sino que también podría tener fuertes repercusiones internacionales y sentar un precedente histórico sobre condenas por intento de golpe de Estado, marcando así el rumbo de Brasil, y muy posiblemente también de la región.
