Bajo un manto de tensión, Argentina transita una semana decisiva tras el anuncio de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumplirá prisión domiciliaria. El anuncio se suma a una serie de desarrollos que sacudieron el tablero político: mientras una marcha en apoyo a la principal figura de la oposición promete reunir a 300.000 personas este miércoles en Buenos Aires, en medio de un fuerte operativo de seguridad, se abre una etapa de incertidumbre en la que los dirigentes comienzan a reacomodarse.
Durante días, se anticipó que Fernández se presentara este miércoles ante la Justicia para comenzar a cumplir su condena de seis años, acompañada por una caravana de hasta 500.000 simpatizantes, en un trayecto de cinco kilómetros desde su casa hasta el juzgado. Esa movilización mantenía en vilo al Gobierno del presidente Javier Milei.
Sin embargo, este martes, un tribunal le otorgó la prisión domiciliaria con efecto inmediato, eximiéndola de presentarse en persona. La decisión judicial desactivó, al menos en parte, la tensión en torno a la movilización, aunque no frenó la convocatoria.
Como actual líder del Partido Justicialista –más conocido como peronismo, por su fundador Juan Domingo Perón, fuerza que ha gobernado de forma intermitente durante más de 75 años–, Fernández sigue siendo la dirigente con mayor peso dentro de la oposición.
Por eso, cada novedad sobre su situación judicial ha generado un gran impacto político y social, lo que se refleja en la convocatoria de este miércoles, que trasciende su círculo más cercano, movilizando también a sindicatos, organizaciones sociales y partidos de izquierda.
Pese al fallo judicial, la marcha no fue suspendida, sino que modificó su recorrido: el Partido Justicialista, del que Fernández era presidenta hasta que se hizo efectiva la sentencia, resolvió que la concentración se realice en Plaza de Mayo.
En la emblemática plaza frente a la Casa Rosada se montó un enorme escenario, mientras la policía colocó vallas y preparó un fuerte operativo de seguridad. Se espera la llegada de delegaciones desde distintos puntos del país y una participación que supere las 300.000 personas.
Los motivos de la marcha
La movilización busca manifestar el respaldo a Cristina Fernández. La dos veces presidenta (2007-2015) y vicepresidenta (2019-2023) fue condenada por administración fraudulenta en contratos de obras públicas, en una decisión ratificada el martes pasado por la Corte Suprema.
Sin embargo, sus seguidores denuncian que el fallo es injusto y cuestionan la imparcialidad del máximo tribunal, señalando que la decisión se confirmó justo después de que Fernández anunciara su candidatura para las elecciones de octubre, a las que ya no podrá presentarse. En este contexto, denuncian que la exmandataria ha sido víctima de una estrategia de lawfare, es decir, persecución política y judicial con el objetivo de eliminarla como candidata.
Desde el Gobierno de Milei, en cambio, aseguran que la sentencia no tuvo motivaciones políticas. “Nadie puede hablar de un fallo político”, afirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el jueves pasado. Enfatizó que la decisión judicial “fue tomada por una Justicia independiente”.
“Se hicieron muchas especulaciones, se habló de un supuesto acuerdo de impunidad entre Fernández y el Gobierno, y todo eso resultó falso”, aseveró. Y añadió: “Cristina deberá cumplir su condena como cualquier ciudadano”.
Las preocupaciones del Gobierno de Milei por la marcha
La magnitud de la movilización generó inquietud en el Gobierno y también en el Poder Judicial. De hecho, según reportan medios argentinos, el tribunal le habría otorgado el arresto domiciliario apenas horas antes de la movilización justamente para evitar una concentración masiva en las calles.
En paralelo, este martes, Milei firmó un decreto que no pasó desapercibido y que también fue vinculado a sus preocupaciones por la marcha. El Gobierno amplió las facultades de la policía para realizar arrestos, requisas, uso de armas reglamentarias y vigilancia digital sin orden judicial.
Con estas nuevas atribuciones, la Policía Federal podrá mantener bajo arresto a una persona sin orden judicial por un máximo de diez horas para su identificación en casos en que exista presunción de delito. También podrá requisar a personas en la vía pública, así como sus pertenencias y vehículos, sin permiso de un juez.
El jefe de Gabinete del Gobierno, Guillermo Francos, explicó por qué se realizarán controles a los micros que arriben a Buenos Aires antes de la movilización a Plaza de Mayo. “El Gobierno va a controlar y va a disponer de todos los medios de seguridad para evitar que esto se convierta en algo que supongo que nadie desea”, afirmó en diálogo con Radio Mitre este miércoles.
“Uno tiene que controlar los elementos que se transportan y evitar cualquier intento de violencia. Me parece absolutamente normal”, sostuvo en referencia a las inspecciones en los accesos a la ciudad.
El peronismo se reorganiza, mientras Milei crece en las encuestas
Mientras tanto, el PJ enfrenta una nueva encrucijada. La condena a Cristina Fernández “sacudió la dinámica interna del peronismo y motivó gestos de acercamiento entre sectores antes enfrentados”, señala un comunicado consensuado por 250 intendentes alineados al partido.
La sentencia podría marcar un punto de inflexión en la historia política argentina. Muchos consideran que, lejos de debilitar al movimiento, podría actuar como catalizador de una nueva respuesta popular.
“El peronismo, que parecía estar en una etapa de debilitamiento, está comenzando a reorganizarse. Es capaz de reaccionar de formas imprevisibles”, analiza el periodista y escritor Christian Vitale, autor del libro “Junios. Peronismo y antiperonismo en la encrucijada”, en diálogo con la agencia de noticias EFE.
Ahora, "la condena a Cristina Fernández parece ser un elemento fortalecedor, tonificador del peronismo; y está en manos de los dirigentes estar a la altura de entender este fenómeno", sostiene Vitale.
Pero las encuestas más recientes no muestran la misma tendencia.
El último sondeo, de las consultoras Trespuntozero (dirigida por Shila Vilker) y CB (de Cristian Buttié), fue realizado entre el 11 y el 12 de junio, justo después de que la Justicia confirmara la condena de la expresidenta.
Por un lado, en la encuesta Fernández alcanzó una imagen positiva (entre buena y muy buena) del 40% de los encuestados; en la medición anterior era del 36,3%. Además, el 43,1% de las personas consultadas indicó que "podría llegar a votarla"; el mes anterior ese número fue del 39%.
Ahora bien, el presidente Milei muestra los niveles más altos de imagen positiva: este mes alcanzó el 52,2%, una cifra que se consolida tras la caída que sufrió con el escándalo de la criptomoneda $LIBRA en febrero, cuando su imagen descendió al 42%.
La encuesta también consultó sobre la intención de votar a “un candidato cercano a Cristina Fernández de Kirchner”: el 32,5% respondió afirmativamente, mientras que un 6,4% dijo que “podría votarlo”. Es un número elevado, aunque superado ampliamente por el rechazo: el 56,8% respondió que “nunca votaría” a un candidato afín a Cristina Fernández.
El Gobierno de Milei, en tanto, mostró en el sondeo un "piso" estable del 30,8% de intención de voto.
Así, ahora la atención está centrada en la marcha de este miércoles, los operativos de seguridad y los próximos pasos que tomará el peronismo y la respuesta del propio partido gobernante, La Libertad Avanza. Todo con el foco puesto en las elecciones del 26 de octubre.
