La Paz, Bolivia — Bolivia llega a sus elecciones presidenciales de este 17 de agosto en medio de una encrucijada histórica. Mientras en 2025 se conmemoran los 200 años de independencia, el país atraviesa una crisis política y económica que podría cambiar su rumbo.
En sus dos décadas de liderazgo, el Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) —partido encabezado por Evo Morales, primer presidente indígena de Bolivia (2006-2019), y por Luis Arce desde 2020—, ha impulsado políticas de nacionalización, programas sociales y de industrialización. Sin embargo, actualmente el país enfrenta dificultades de acceso a dólares, la falta de combustibles y el aumento sostenido de los precios, además de un electorado cada vez más dividido y decepcionado de la cultura política.
En medio de esta tensión, la población indígena y campesina, históricamente marginada de la democracia –y que representa cerca de la mitad de Bolivia, e incluye grupos como los quechua, aymara y guaraní–, aparece de nuevo bajo el foco de atención. Hoy se constituye en una fuerza política y cultural crucial que podría ser clave para definir quién gobernará el país en la próxima década. Ganar su confianza será un desafío para todos los partidos políticos.
Ante este contexto de incertidumbre, con nueve candidatos compitiendo por la presidencia, surge la pregunta: ¿qué opciones electorales tienen los campesinos e indígenas y cuáles son los escenarios más probables?
Dos opciones liberales y una popular
Una de las opciones principales consiste en la continuidad del proceso actual, es decir, la lenta liberalización de la economía. En este primer escenario, el gobierno mantendría el discurso progresista y permitiría que la burocracia profundice su alianza con las clases dominantes —como la minería y la agroindustria— y con corporaciones nacionales y extranjeras (logias y lobbies globalistas), con el objeto de desmantelar el modelo económico estatista a partir de la flexibilización de regulaciones (exportaciones e importaciones, servicios financieros, inversión extranjera y privada en proyectos estratégicos de servicios e infraestructura y explotación de materia prima). Esta línea incluye al MAS-IPSP y grupos cercanos, como el Movimiento de Renovación Nacional (Morena).
Por otro lado, existe un escenario alternativo que implicaría un retorno radical a políticas neoliberales. Esto significa la reducción del tamaño del Estado por la apertura al protagonismo de capitales privados con sus efectos en la aceleración del endeudamiento, la privatización de empresas estatales, servicios y recursos naturales, la flexibilización laboral y el recorte de programas sociales. Este enfoque está representado por partidos como Alianza Unidad (AU), Alianza Libertad y Democracia (ALD), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Nueva Generación Patriótica (NGP), Autonomía Para Bolivia-Súmate (APB-SUMATE), Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS).
Frente a las opciones impulsadas por la élite y clase media, existe una tercera alternativa, la popular. De potencial atención por la clase trabajadora y el campesinado-indígena, esta opción podría conquistar adeptos entre la población. Su objetivo es retomar el modelo de desarrollo nacionalista plurinacional de 2006-2016 —estado fuerte, industrialización y economía mixta— sin el liderazgo de Evo Morales ni del MAS-IPSP, al que algunos sectores de la sociedad boliviana acusan de haber cooptado a las organizaciones sociales y destruir la democracia popular. Andrónico Rodríguez, joven líder cocalero y actual presidente de la Cámara de Senadores, con su Alianza Popular (AP), encabeza esta opción.
La posibilidad popular, todavía en incertidumbre
Este panorama general revela la debilidad política del bloque popular, especialmente del sector indígena y campesino, ya que carece de un liderazgo con base directa en estos grupos sociales. Una encuesta realizada en julio por Ipsos CIESMORI, y citada por la agencia de noticias Reuters, mostró que Rodríguez obtuvo tan solo un 6% de apoyo a nivel nacional en julio, frente al 19% de principios de este año. Eva Copa, otra candidata de ascendencia aymara, uno de los mayores pueblos indígenas en Bolivia, se retiró de la contienda a principios de agosto.
A la vez, este escenario refleja también el oportunismo de varias agrupaciones de derecha que, coyunturalmente, se acercan a los sectores indígenas y campesinos, creando alianzas y alquilando partidos para participar en la distribución de cuotas de poder. Y eso ocurre pese a que algunos medios revelan la emergencia de una clase media integrada por numerosos indígenas que ejercen diversas profesiones, y cuyos intereses hoy trascienden la política de identidad, según expertos en el país.
La probabilidad electoral de estos tres proyectos de país pasa por superar la consigna de voto nulo definida por otras facciones –de izquierda anarquista y Evo Morales– ante su inhabilitación como candidato a la presidencia. Esta estrategia tiene por objetivo capturar el voto de la clase media, campesina e indígena simpatizantes de Morales y renegadas del MAS-IPSP, y así neutralizar el potencial apoyo a Andrónico Rodríguez.
Entre el ideal constitucional y la realidad estructural
La victoria de Morales en las elecciones de 2006 marcó un momento histórico para los pueblos indígenas, tras siglos de racismo estructural. Hasta mediados de la década de 1950, no podían ingresar a las plazas fuera del Palacio Presidencial. Luego, la Constitución boliviana de 2009 reconoció los derechos colectivos de los pueblos indígenas y estableció el Estado Plurinacional, un modelo pionero en América Latina orientado a reparar desigualdades históricas. Sin embargo, la realidad actual es muy compleja.
A pesar de estos avances constitucionales, las políticas públicas implementadas no han logrado transformar las condiciones de los pueblos indígenas y campesinos en Bolivia. Un caso emblemático fue la situación en la reserva Territorio indígena y parque nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) en 2011. En ese momento, Morales propuso construir una carretera que atravesaría la Amazonía boliviana y los territorios indígenas para unir los sitios de Beni y Cochabamba, lo que generó protestas tanto a favor como en contra, según informaron los medios. En una entrevista con TRT World, Tomasa Yarhui, ministra y parte de la comunidad quechua, quien luego fue candidata a la vicepresidencia, explicó que no hubo una consulta previa con los indígenas para llevar a cabo el proyecto. Y también que Morales vulneró “muchos derechos de las comunidades indígenas debido a ciertos intereses”.
La disputa sobre el proyecto dividió a los movimientos sociales que habían impulsado la presidencia de Morales en 2006, reportaron medios en su momento, revelando las divisiones entre los distintos grupos. Así, expertos argumentan que esto impulsó el debate social sobre una agenda más amplia para las comunidades indígenas, la implementación de la nueva política constitucional y las tensiones por los territorios del país.
Tensiones
En la recta final para las elecciones, este tipo de complejidad se refleja en crecientes tensiones sociales y económicas. La intensificación de la extracción de materias primas en las zonas rurales, junto con la expansión de la economía informal en las ciudades, ha subordinado a las comunidades indígenas y campesinas a la lógica del mercado, la moralidad de la competitividad y la ética individualista del capital.
Varios casos recientes ilustran estas dificultades: el asesinato del líder Francisco Marupa en conflictos por minería ilegal; una explosión mortal en una mina de Sorata, causada por disputas entre cooperativistas; un contrato irregular de arrendamiento de tierras indígenas con el ficticio “Estado de Kailasa”; la popularidad de la vivienda de ricos comerciantes en El Alto, símbolo de éxito económico y mercantilización de la identidad cultural; el debate sobre la propiedad privada en Raqaypampa, primer territorio indígena autónomo; y los incendios forestales en la Chiquitanía, agravados por políticas estatales favorables al agronegocio.
Participación indígena-campesina hoy
En cuanto a la participación política, indígenas y campesinos han logrado avances importantes. En las últimas dos décadas, su experiencia política ha impulsado su consolidación como actores activos y formales del desarrollo. Por ejemplo, en agosto de 2020, en plena pandemia y crisis política por la agitación social desatada en noviembre de 2019 tras lo que Morales denunció como golpe de Estado, la movilización de organizaciones indígenas y campesinas obligó a que el entonces Gobierno de Yanine Áñez convocara a elecciones generales en octubre del mismo año.
En esas mismas elecciones, mediante resolución especial del Tribunal Supremo Electoral, se logró la habilitación de organizaciones de los pueblos indígena originarios y campesinos a postular candidaturas en las circunscripciones especiales sin la intermediación de partidos políticos y agrupaciones ciudadanas.
La participación de indígenas y campesinos se ha convertido en una fuerza de cambio, aunque sigue condicionado por luchas internas, intereses sectoriales y tensiones vinculadas al modelo económico extractivista y comercial.
A partir de esta experiencia, se observa que la mayoría de este sector acudirá a votar motivada por la crisis y evitando apoyar a los partidos tradicionales de derecha. Sin embargo, tampoco hay claridad sobre el respaldo a la opción de Andrónico Rodríguez y su Alianza Popular, a quienes sus críticos, opositores y principalmente los medios tradicionales y emergentes que los apoyan, señalan como un candidato joven e inexperto, sin fuerza política real ni conexión nacional con las bases indígenas y campesinas.
Sin una opción política propia ni participación directa en candidaturas populares, el sector campesino e indígena podría conformar un bloque favorable a la propuesta desarrollista y plurinacional, especialmente frente a una eventual segunda vuelta contra la derecha neoliberal. En caso de que esta última gane, muy factible si logra la unidad de las cuatro candidaturas principales -–Quiroga, Doria Medina, Paz, Reyes Villa– el sector se mantendría en resistencia contra las políticas antipopulares del próximo gobierno.
Frente a la ausencia de alternativas transformadoras en 2025, y con la urgencia de salvar el proyecto plurinacional y sus conquistas de las últimas décadas, el sector popular, particularmente indígenas y campesinos, está llamado a renovar sus programas, partidos y acciones, enfocándose en sus necesidades históricas.
