La batalla legal que desde hace 13 años enreda a Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, llegará a un punto crucial este lunes, cuando una jueza decida si lo condenará o absolverá por cargos de soborno a testigos y fraude procesal. Si lo sentencian, podría convertirse en el primer exmandatario colombiano con una condena penal.
Tras muchas idas y vueltas, y con múltiples figuras involucradas, el proceso comenzó con Uribe como denunciante, pero con el tiempo la situación se invirtió: pasó a ser el denunciado, fue investigado, tuvo que declarar y tuvo detención domiciliaria. Sus audiencias fueron transmitidas por redes sociales, algo sin precedentes en el país.
Será una jueza penal, finalmente, –tras años de un juicio que empezó oficialmente en la Corte Suprema en 2018, pues en ese momento Uribe era senador y el alto tribunal era la instancia competente para juzgarlo– quien determine el sentido del fallo. Lo hará luego de estudiar un sumario de miles de folios y de escuchar declaraciones de las partes durante 67 días de audiencias.
Así, tras más de una década, finalmente este lunes se conocerá el destino judicial de Álvaro Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010. En caso de que el sentido del fallo sea condenatorio, el proceso continuará para definir el tipo y la duración de la sentencia, que podría oscilar entre seis y 12 años de prisión. Estas son las claves del caso y lo que está en juego.
El origen del caso
El caso se remonta a 2012. El senador Iván Cepeda lideró en el Congreso tensos debates en los que exponía supuestos nexos de Uribe Vélez y su hermano Santiago con la conformación de un grupo paramilitar. Su testigo era Juan Guillermo Monsalve, un excombatiente de esos escuadrones, quien cumple en Bogotá una condena de 44 años de cárcel por secuestro.
En ese contexto, el exmandatario denunció a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos. El argumento fue que tanto Monsalve como otros habían sido presionados para declarar en su contra. Tanto Uribe como su hermano han negado los señalamientos de vínculos con los paramilitares.
Cronología y claves
2018 | Tras la denuncia de Uribe, pasaron seis años, con muchas instancias y giros, hasta un veredicto que cambió el rumbo del caso: la Corte Suprema falló a favor de Cepeda y lo exoneró.
Pero la causa no terminó ahí. El alto tribunal anunció que investigaría al expresidente, dando inicio al proceso que se ha conocido como de falsos testigos. Según el expediente, Diego Cadena, uno de los abogados de Uribe, se reunió con el exparamilitar Monsalve en prisión para intentar que cambiara su versión. Monsalve grabó la conversación con una cámara oculta en un reloj.
2019 | La investigación avanzó y Uribe debió declarar, lo que captó la atención de todo el país.
El 4 de agosto, la Corte Suprema ordenó su detención domiciliaria. El exmandatario, por su parte, denunció sentirse "secuestrado".
En ese momento, emprendió diversas maniobras judiciales para frenar el proceso. Como aún era congresista, lo juzgaba la Corte Suprema debido a sus fueros.
Al renunciar al Senado, perdió ese fuero y el caso pasó a la Fiscalía General de la Nación, encargada de investigar delitos penales cometidos por civiles.
El 5 de marzo de 2021, el fiscal a cargo del caso solicitó cerrarlo al considerar que no había pruebas de que Uribe hubiera sido el “determinador” de los hechos ni que hubiera ordenado al abogado Cadena ofrecer sobornos. Sin embargo, en abril de 2022, una jueza negó la preclusión y ordenó continuar la investigación.
Posteriormente, un nuevo fiscal asumió el caso e insistió en buscar preclusión, pero su solicitud fue rechazada nuevamente por un juzgado en mayo de 2023.
2024 | Luego de un cambio en el fiscal a cargo, el ente investigador llamó a Uribe a juicio. Fue citado y aseguró que se trataba de una "venganza política". La Fiscalía inicialmente no halló pruebas para acusarlo, pero luego de acudir a varias instancias, lo acusó formalmente.
El juicio comenzó en mayo, con los cargos de soborno, soborno a testigos y fraude procesal.
En paralelo, su hermano Santiago Uribe fue absuelto en primera instancia por un tribunal ordinario por acusaciones de homicidio y vínculos con grupos paramilitares.
2025 | La Fiscalía pidió que Uribe fuera condenado ante las pruebas “concluyentes” de su participación como “determinador de las conductas” por las que fue acusado. A comienzos de julio, la jueza finalizó la etapa de testimonios, tras escuchar a más de 90 testigos, y fijó este lunes 28 de julio como fecha para la lectura del sentido del fallo, en el cual indicará si condena o absuelve al expresidente.
¿Qué esperar del fallo?
La decisión, que mantiene en vilo al país, está en manos de Sandra Heredia, jueza penal del Circuito de Bogotá, quien dará a conocer el veredicto en el complejo judicial de Paloquemao.
El penalista Jaime Granados, defensor de Uribe, insiste en que su cliente nunca ordenó sobornar a nadie y que su único interés al denunciar a Cepeda fue defender su honra y buscar la verdad.
¿Qué sigue?
Si el sentido del fallo es condenatorio, se fijará otra audiencia para determinar la pena.
Tanto el abogado Reinaldo Villalba, quien representa al senador Cepeda —reconocido como víctima en este proceso—, como el defensor Jaime Granados, coinciden en que el caso no terminará realmente este lunes.
Si la jueza decide condenar a Uribe, se abrirá un incidente de reparación integral para las víctimas y se definirá el monto de la pena, que habitualmente no se fija el mismo día en que se revela el sentido de fallo.
Sea cual sea la decisión, se espera que la parte que pierda el juicio apele el fallo, lo que puede alargar el proceso, incluso por años.
De todas formas, la decisión de este lunes repercutirá en el plano político. En la actualidad, Uribe es el líder del Centro Democrático, el principal partido opositor al Gobierno del presidente Gustavo Petro. Y una eventual condena en contra de uno de los políticos más poderosos de Colombia asestaría un duro golpe a la derecha conservadora de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
