En un fallo que marca un antes y un después en la historia de Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue declarado culpable este lunes por los delitos de soborno a testigos y de fraude procesal. Así se convirtió en el primer exmandatario condenado penalmente en el país.
“Hoy, este juzgado no decide sobre un nombre, decide sobre unos hechos, y esa distinción es vital. El sentido del fallo (…) no tiene orientación política ni está atravesado por simpatías ni antipatías. Aquí no hay lugar para la sospecha ni para el cálculo electoral”, expresó la jueza Sandra Heredia al comenzar a leer su decisión.
Calificado por la prensa como “el juicio del siglo”, el proceso se extendió por más de una década, con más de 60 audiencias y decenas de testigos, incluido el propio Uribe. Todo confluyó este lunes, en una jornada maratónica de más de 10 horas, cuando la jueza Sandra Heredia anunció el sentido del fallo: culpable.
Aunque la defensa de Uribe anunció que apelará, la decisión marca un punto de quiebre en uno de los procesos judiciales más resonantes de la historia reciente del país.
Estas son las claves para entender el juicio a Uribe y los puntos principales del fallo.
Las claves del caso
El caso que llevó a Uribe a esta histórica condena comenzó en 2012 con él como acusador… y terminó, más de una década después, con él en el banquillo.
Todo se originó por una disputa con el senador Iván Cepeda, quien, durante un debate en el Congreso, acusó a Uribe de tener vínculos con grupos paramilitares. En ese momento, el expresidente respondió acusando a Cepeda de fabricar testimonios con paramilitares detenidos.
Así las cosas, la justicia investigó a Cepeda durante varios años, pero finalmente en 2018 lo exoneró. Y fue entonces cuando el caso dio un giro inesperado: se abrió una investigación contra Uribe bajo la sospecha de que había intentado sobornar a testigos para que modificaran sus declaraciones.
El caso comenzó en la Corte Suprema, pues en ese momento Uribe era senador y el alto tribunal era la instancia competente para juzgarlo. Pero más adelante Uribe renunció a su cargo y el caso pasó luego a la Fiscalía General de la Nación, encargada de investigar delitos penales cometidos por civiles. En los años siguientes, dos fiscales solicitaron cerrar el proceso por falta de pruebas, pero en 2024 la Fiscalía decidió llevarlo a juicio.
Así, en mayo de 2024, Uribe fue formalmente acusado de soborno, fraude procesal y manipulación de testigos.
Las pruebas señaladas por la jueza
La jueza citó dos pruebas principales presentadas por la Fiscalía que, indicó, fueron lo suficientemente sólidas como para dictar un "fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de soborno (...) y en relación con el fraude procesal”.
En ambas pruebas, de acuerdo al fallo, Diego Cadena, abogado de Uribe en 2012, aparece como una figura clave. De acuerdo al expediente, fue Cadena quien visitó a varios exparamilitares en prisión para ofrecerles beneficios a cambio de que modificaran sus declaraciones sobre el expresidente o que vincularan al senador Iván Cepeda en una presunta compra de testigos.
Aunque la defensa de Uribe sostuvo que Cadena actuó por iniciativa propia, la jueza concluyó este lunes que el exmandatario lo indujo a cometer los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
“No cabe duda que el procesado sabía de su proceder... Él mismo la ejecutaba desde las sombras”, indicó la jueza Heredia en la lectura del sentido del fallo.
Una de las pruebas centrales fue una interceptación telefónica realizada en 2018 por la Corte Suprema, que se ordenó por error, ya que el número intervenido estaba registrado a nombre de otra persona vinculada a otro caso. Sin embargo, en las conversaciones grabadas durante varios días, Uribe dialogaba con Cadena, quien supuestamente intentaba sobornar a testigos en prisión, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que no declararan sobre sus presuntos vínculos con grupos armados ilegales.
La otra prueba contra Uribe validada por la jueza es la utilización de un reloj espía usado por Monsalve para grabar las visitas que le hizo el abogado Cadena en la cárcel. El objetivo de esas visitas supuestamente era ofrecerle ayuda a cambio de que no declarara en contra de Uribe, en la disputa que mantenía con el senador Cepeda.
Entonces, ¿qué viene ahora?
Este lunes, la jueza se limitó a anunciar el sentido del fallo: Uribe es culpable. Se espera que este viernes, en una nueva audiencia, se conozca la pena concreta que deberá cumplir el exmandatario.
Heredia adelantó que, para estos delitos, la ley prevé una condena de “un monto superior a cuatro años e inferior a ocho”, aunque consideró que Uribe, a quien elogió por su “gallardía y cordialidad”, podría obtener la prisión domiciliaria como sustituto de la pena de prisión.
Sin embargo, la fiscal del caso, Marlene Orjuela, pidió una pena mayor, de nueve años, y una multa de 1.025 salarios mínimos legales vigentes, que equivalen a 1.458 millones de pesos colombianos (unos 349.000 dólares).
Por ahora, Uribe permanece en libertad, a la espera de la decisión final.
Los defensores de Uribe, encabezados por abogado Jaime Granados, señalaron en un comunicado "que el fallo será apelado ante el Tribunal Superior de Bogotá, como lo permite la ley. Y, de ser necesario, se acudirá a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia", lo que indica que la resolución definitiva del caso puede prolongarse incluso años.
¿Podría prescribir la causa?
En octubre se cumplen 20 años de los hechos investigados, por lo que, si la condena no queda en firme antes de esa fecha, el caso prescribirá, pues así lo establece la ley de Colombia.
Si la defensa apela —como ya ha anunciado que lo hará—, el proceso pasará al Tribunal Superior de Bogotá. Esta instancia tendrá hasta octubre, antes de la prescripción, para emitir una nueva sentencia.
Ahora bien, en caso de que se ratifique la condena, la defensa aún podrá recurrir a la casación penal ante la Corte Suprema de Justicia. Si el caso llega a esa instancia, el término de prescripción se extiende por cinco años.
Impacto político y reacción en EE.UU.
Uribe ha sido uno de los líderes más influyentes del país en las últimas dos décadas. Apadrinó a los dos presidentes que lo sucedieron en el poder y actúa como líder del partido político Centro Democrático, el principal opositor al Gobierno del presidente Gustavo Petro. De hecho, en un comunicado, el partido señaló que respeta “las decisiones de los jueces”, pero reafirma su “convicción sobre la inocencia del expresidente”. “Recordamos que esta no es una decisión definitiva. Mientras existan recursos judiciales pendientes, el expresidente Uribe conserva plenamente su presunción de inocencia, como lo garantiza la Constitución y el debido proceso”, añadió.
Pero también es cierto que la condena representa un duro golpe para la derecha, a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026.
Mientras en Colombia los dirigentes políticos reaccionaban al fallo, desde Estados Unidos comenzaron a llegar comentarios que Petro calificó como una intromisión en la soberanía del país.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y varios congresistas estadounidenses condenaron el fallo, señalando que la justicia en Colombia está “politizada”.
"El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria", afirmó Rubio en la red social X. Añadió, además, que el fallo de la jueza Sandra Heredia se debe a que la Justicia en Colombia está politizada.
"La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante", dijo. Las críticas de Rubio estuvieron acompañadas de comentarios similares de congresistas estadounidenses, como los representantes por Florida María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, entre otros.
Petro respondió a Rubio, acusándolo de hacer declaraciones que vulneran la soberanía del país. "Una intromisión en asuntos judiciales de otro país, es una intromisión a la soberanía nacional", escribió Petro en X, donde afirmó que "el mundo debe respetar los jueces de Colombia" porque "muchos han caído asesinados por ayudar al mundo".
En el mismo sentido se expresó la ministra encargada de Relaciones Exteriores colombiana, Yolanda Villavicencio Mapy, quien se encuentra en Nueva York para participar en la Conferencia Internacional de Alto Nivel de la ONU sobre 'La solución pacífica de la cuestión de Palestina y la aplicación de la solución de dos Estados'.
"Rechazamos las declaraciones de Marco Rubio sobre la condena de Álvaro Uribe. Su intromisión en asuntos judiciales colombianos vulnera nuestra soberanía y desconoce la independencia de la justicia", aseguró Villavicencio en sus redes sociales.
