La escasez de agua a nivel mundial la ha convertido en un recurso estratégico y bajo disputa. Según Global Commission on the Economics of Water, para 2030 la demanda superará la oferta en un 40%, agravando las desigualdades y las amenazas a la seguridad alimentaria.

En América Latina, este escenario se intensifica por las políticas neoliberales de la década de 1990, que promovieron la privatización del agua y marginaron a comunidades indígenas y empobrecidas, según advierte Karen Bakker, investigadora y exasesora de organismos como la ONU y el Banco Mundial.

En este marco, Mekorot —empresa estatal israelí fundada en 1938— controla más del 80 % del agua en Palestina, y ha sido denunciada por organizaciones defensoras de derechos humanos como B´Tselem por usarla como herramienta de dominación y control. Hoy, su modelo se exporta a América Latina bajo discursos de cooperación tecnológica.

Pero, ¿cómo ha logrado establecerse? Y, más importante aún, ¿qué peligros implica esta expansión para la región?

Mekorot deja su huella en Latinoamérica: privatización del agua 

Desde los años 2000, Mekorot ha firmado múltiples convenios en América Latina, promoviendo su modelo hídrico –que nació en un contexto de ocupación militar en Palestina– como una "solución tecnológica".

Sin embargo, sus intervenciones suelen caracterizarse por la falta de transparencia y vínculos con agendas extractivistas, así como la ausencia de consulta pública y de estudios ambientales.

Justamente, las preocupaciones sobre la expansión de Mekorot en América Latina se basan en su historial como gestor hídrico en territorios ocupados, donde ha sido señalada por implementar modelos autoritarios y excluyentes, contrarios al derecho internacional.

Un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, presentado en septiembre de 2021, señala a la empresa estatal israelí Mekorot como un actor central en el secuestro y la redistribución discriminatoria del agua en los territorios palestinos ocupados. 

Según el documento, Israel y sus asentamientos ilegales consumen cerca del 80% del agua extraída del valle del Jordán, mientras cientos de comunidades palestinas enfrentan escasez crónica, en una clara violación de los derechos humanos por negar el acceso equitativo al agua.

El avance sobre Argentina

En Argentina, la empresa intentó instalarse en 2011 mediante un contrato millonario para construir una planta potabilizadora en La Plata, provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en 2013 su avance fue suspendido tras un amplio rechazo social, motivado por graves denuncias de violaciones a derechos humanos y al acceso al agua en Palestina, así como por cuestionamientos sobre la falta de transparencia y de participación ciudadana en sus proyectos

Aun así, actualmente, Mekorot ha avanzado con la firma de convenios en provincias como Mendoza, San Juan, Buenos Aires y Jujuy. En julio de 2025, el Gobierno de Javier Milei oficializó, mediante un decreto, la privatización del 90% de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), abriendo la puerta a su posible adjudicación a operadores privados como Mekorot.

La medida, que aún debe ser aprobada por el Congreso, implica la venta de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico privado nacional o internacional, y el remanente será ofertado en bolsas y mercados de valores. 

Esta privatización vino acompañada de una modificación al marco regulatorio que permite el corte del suministro de agua por deudas de tan solo dos meses, afectando de manera directa a los sectores más empobrecidos.

A lo que se suma que en junio de 2025, el Gobierno de Milei reglamentó un convenio bilateral con Israel —firmado en febrero de 2024— que otorga a ciudadanos israelíes residentes en Argentina el acceso a beneficios del sistema de seguridad social, incluyendo jubilaciones y asignaciones familiares. 

La medida, publicada en el Boletín Oficial el 12 de junio, fue implementada en paralelo a una política de severos recortes sociales, generando críticas por otorgar privilegios a extranjeros mientras se restringen derechos básicos a jubilados y sectores vulnerables del país.

Un patrón reiterado

La expansión de Mekorot en América Latina sigue un patrón que se repite en distintos países. Primero, su llegada suele estar impulsada por gobiernos que, bajo el argumento de “modernizar” las redes hídricas, adoptan enfoques tecnocráticos y privatizadores. En esta fase inicial se firman convenios de cooperación o contratos marco sin consultas ciudadanas previas.

En segundo lugar, los procesos se desarrollan sin licitaciones competitivas ni transparencia sobre los términos del acuerdo. Esto facilita la entrada de la empresa como “socio estratégico” sin someter sus propuestas a evaluación pública.

En tercer lugar, los proyectos se implementan sin estudios socioambientales rigurosos o con evaluaciones incompletas, lo que invisibiliza riesgos para las comunidades y el ecosistema.

El impacto negativo de este modelo se evidenció en Bahía Blanca, Argentina, donde Mekorot diseñó una planta de reutilización de aguas cloacales destinada al Polo Petroquímico local. El proyecto fue aprobado sin participación ciudadana ni estudios ambientales previos, priorizando la provisión de agua para la industria antes que para las necesidades de la población.

Organizaciones como la Asamblea de Andalgalá (Catamarca) han advertido reiteradamente sobre este patrón: “Las empresas vienen con promesas de progreso, pero lo que dejan es contaminación, desigualdad y silencio impuesto. Nos niegan incluso el derecho a decidir sobre nuestra propia agua”.

Huella sionista en la región

México: en 2013, Mekorot firmó un convenio con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para asesorar en proyectos de saneamiento, calidad del agua y remediación de acuíferos. Organizaciones sociales denunciaron falta de participación ciudadana, opacidad y riesgos de despojo.

Colombia: desde 2022, Mekorot ha extendido su alcance con convenios de consultoría en corporaciones autónomas regionales, incluidas las de Cundinamarca y La Guajira. Aunque se presentan como asesorías técnicas, organizaciones civiles denunciaron falta de transparencia, ausencia de consulta comunitaria y posibles vínculos con intereses extractivos que priorizan proyectos mineros sobre el acceso al agua de comunidades indígenas y rurales.

Uruguay: en marzo de 2022, la empresa estatal israelí firmó un acuerdo con la compañía estatal uruguaya OSE para brindar consultoría en gestión hídrica, especialmente en el diseño del controvertido Proyecto Neptuno, que busca captar agua del río de la Plata para abastecer la zona metropolitana de Montevideo.

Chile: en 2023, el Gobierno Regional del Biobío firmó un convenio con Mekorot para diseñar un “Plan Regional de Gestión de los Recursos Hídricos”. Diversas ONG lo denunciaron ante la Contraloría chilena por falta de transparencia, ausencia de licitación pública, limitaciones a la responsabilidad de la empresa y sujeción a legislación internacional que elude el marco legal chileno.

República Dominicana: en 2023, el gobierno firmó un convenio para diseñar un Plan Maestro de Gestión Hídrica. El acuerdo generó críticas por falta de licitación pública, opacidad y contradicción con la soberanía hídrica nacional. En 2024, la Dirección General de Contrataciones Públicas anuló el contrato.

Mekorot y la minería: ¿soberanía hídrica o colonialismo líquido?

La expansión de Mekorot en América Latina no ocurre en un vacío. Se entrelaza con el avance de megaproyectos extractivos —especialmente minería y agronegocio— que demandan enormes volúmenes de agua.

Empresas mineras transnacionales como Barrick Gold (Canadá), Glencore (Suiza) y Yamana Gold (Canadá), conocidas por su historial de impactos socioambientales, han promovido convenios público-privados con escasa o nula participación ciudadana, como ocurrió en la mina Veladero (San Juan, Argentina), donde se denunciaron irregularidades y silencios empresariales ante la contaminación hídrica.

En este contexto, la posible adjudicación de AySA a Mekorot, en el marco del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), refuerza un modelo de acumulación por desposesión, el agua se gestiona como insumo estratégico para el extractivismo, más que como un derecho humano.

Este proceso incluye alianzas con empresarios influyentes —como Mauricio Filiberti y Daniel Sielecki— y respaldo sindical, consolidando un modelo privatizador disfrazado de modernización.

Desde 1967, tras la imposición de la Orden Militar 158, Israel prohíbe a las comunidades palestinas construir infraestructura hídrica sin autorización militar. Esto ha permitido a Mekorot ejercer un control casi total del agua en los territorios ocupados, utilizándose como herramienta de segregación y dominio geopolítico.

Ese mismo modelo —excluyente, autoritario y tecnocrático— se exporta ahora a América Latina bajo la apariencia de cooperación.

Organizaciones como las Asambleas contra las rutas del saqueo, que reúne varios procesos de defensa del agua, la vida y el territorio, la Asamblea Pucará en Catamarca, el Comité Nacional de BDS y colectivos socioambientales denuncian los convenios con Mekorot por su falta de transparencia, su vínculo con industrias contaminantes y su impacto en contextos ya marcados por sequías y pobreza hídrica.

“Esto no es casual: forma parte de un plan más amplio de profundización del extractivismo en el país”, advirtió públicamente Natalia Morales, diputada de la provincia de Jujuy, una de las regiones más afectadas por las dinámicas de mercantilización del agua. “Vemos cómo gobernadores, senadores y diputados hacen lobby permanente para garantizar la luz verde que exigen las multinacionales, no solo para el saqueo de recursos como el litio, sino también para asegurar el agua que necesitan para un uso irracional”.

El accionar de Mekorot revela la dimensión transnacional del proyecto empresarial israelí: un operador geopolítico que exporta un modelo hídrico, sionista, autoritario y funcional al capital global. En América Latina, su expansión impone acuerdos opacos y excluyentes, subordinando el agua a la lógica del mercado y debilitando derechos colectivos.

Frente a ello, defender la soberanía hídrica es urgente: implica frenar privatizaciones, fortalecer la gestión pública y comunitaria, y garantizar gobernanzas democráticas y territoriales.

Mekorot no es cooperación: es colonialismo líquido, un sionismo que reproduce en el Sur Global las lógicas de despojo, expulsión de comunidades, control e impunidad aplicadas en Palestina.