No son semanas de calma en Panamá, donde los titulares sobre la región bananera de Bocas del Toro saltan de una alarma a otra: paros, saqueos, bloqueos en rutas, destrozos en aeropuerto, edificios estatales y hasta estadios de béisbol. Y en respuesta, un aumento de la presencia policial con un despliegue de 2.500 unidades y más de 300 detenciones. 

Este martes, el presidente José Raúl Mulino extendió por cinco días más el "estado de urgencia" declarado el pasado 20 de junio para Bocas del Toro, en un intento por restablecer el orden en la zona, tras la "escalada de violencia" ocurrida durante las protestas contra una reforma a la seguridad social.

Desde abril, en todo el país se desataron protestas en rechazo a la Ley 462 que reformó el sistema de seguridad social y el modelo de pensiones. Sin embargo, la situación en Bocas del Toro se intensificó. El 28 de abril, la provincia alcanzó un punto crítico cuando 5.000 trabajadores bananeros iniciaron una huelga, respaldados por sindicatos de docentes y obreros de la construcción. 

Para ese día, había más de 40 bloqueos en carreteras, donde los manifestantes colocaron troncos y objetos pesados para evitar el paso de la Policía, lo que provocó desabastecimiento y pérdidas millonarias en Bocas del Toro. Lo que siguió a ello fue un desbarranco que tiene en vilo al país, provocó el estado de urgencia, suspendió derechos constitucionales y llegó a afectar hasta el aeropuerto.

El saldo, hasta el momento, es de un manifestante muerto, quien recibió una herida tras un operativo y falleció en el hospital, más de 300 detenidos, 14 agentes policiales heridos y daños materiales que no dejan de aumentar. 

La violencia en Bocas del Toro

En la localidad de Changuinola, una de las principales de Bocas del Toro, grupos de manifestantes encapuchados "incendiaron parcialmente" un estadio de béisbol y "se tomaron instalaciones del aeropuerto, sustrajeron vehículos de empresas de alquiler y pertenencias de las oficinas de la terminal", el jueves 19 de junio, según el Gobierno y la Policía. 

Además, las autoridades indicaron que algunos manifestantes "saquearon" las instalaciones de Chiquita Panamá, la bananera que tuvo que cerrar operaciones y despedir a todos sus trabajadores en mayo después de que los jornaleros fueran a un paro.

También se reportaron, 50 vehículos vandalizados o calcinados, al menos 13 edificios públicos y más de 20 comercios gravemente afectados, y ataques a la policía con fuegos artificiales y artefactos incendiarios caseros.

Así que, como medida extraodinaria, el presidente José Raúl Mulino decretó el pasado viernes “el estado de urgencia” en Bocas del Toro, que suspende de libertades de reunión, movimiento, manifestación y comunicación. También dejó sin efecto las garantías constitucionales que impiden la violación del domicilio y el registro de comunicaciones personales, y suspendió internet y la telefonía móvil.

La decisión de este martes extender la urgencia hasta el próximo domingo se debe a que, si bien el gobierno dice que ya no disturbios ni enfrentamientos entre manifestantes y policías, continúan los bloqueos de rutas en algunas regiones de la provincia. Y la policía realiza allanamientos para "tratar de lograr la recuperación de los bienes robados en los comercios" y capturar a los responsables de los disturbios, señaló el ministro de Seguridad, Frank Ábrego.

Las autoridades atribuyen los hechos a pandillas y bandas delictivas infiltradas en las protestas, y aseguran que el movimiento inicial liderado por trabajadores bananeros y sindicatos ha sido desplazado por actores violentos. 

La ley que desató las protestas

El pasado 18 de marzo, Panamá promulgó la Ley 462, impulsada por el gobierno y aprobada por el parlamento. La legislación decreta reemplazar el modelo de pensiones por cuentas administradas por bancos, algo que muchos denuncian como una forma de privatización. Y sobre todo, plantea elevar la edad mínima de retiro, la contribución patronal al sistema, y reducir el nivel de prestaciones. Elementos que los críticos han juzgado que generará “pensiones de hambre”.

En ese marco, los trabajadores de la compañía bananera estadounidense Chiquita Brands lideraron las protestas cruciales contra la reforma en Bocas del Toro, pues con la nueva ley se eliminarían algunos de sus beneficios. Sin embargo, posteriormente se logró un acuerdo con el Gobierno que les restituía esos beneficios, por lo que las autoridades dicen que los trabajadores bananeros se retiraron aparentemente de las protestas.

Ahora, el Gobierno señala a "bandas delincuenciales" y a "pandilleros" por los saqueos y los disturbios de los últimos días.

La huelga de los empleados de Chiquita llevó a la empresa a cesar operaciones y despedir a unos 6.500 trabajadores en mayo.

La respuesta del Gobierno

Tras el anuncio de la extensión del estado de urgencia, el ministro Ábrego informó que se han desplazado casi 900 unidades policiales más a Bocas del Toro, pues "la idea es lograr la recuperación de la paz y la tranquilidad social a la mayor brevedad posible", para así, expresó, "no tener la necesidad de mantener el estado de urgencia en la provincia". 

En total, el gobierno ha desplegado más de 2.500 unidades policiales en la provincia bajo la operación "Omega". Ábrego también informó que, desde el 14 de junio, detuvieron a 304 personas, 18 de ellos, menores de edad. Según el gobierno, al menos 90 estarían vinculados a pandillas. 

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, señaló que ya se ha recuperado el control de puntos estratégicos como el aeropuerto de Changuinola y la vía que conecta esa localidad con Almirante. A pesar de ello, Fernández advirtió que persiste una amenaza latente y que continúan los operativos para garantizar la seguridad.

Impacto en la economía local y el turismo

Mientras tanto el turismo recibió los daños colateralesl. En Isla Colón, el centro turístico del archipiélago de Bocas del Toro, la suspensión del servicio de internet y telefonía móvil decretado por el gobierno como parte del “estado de urgencia”, ha limitado las comunicaciones y afectado la actividad comercial. 

Restaurantes, hoteles y centros de buceo han reportado cancelaciones masivas, cierre temporal y despidos. Algunos residentes se congregan en escuelas con conexión para comunicarse, mientras que otros hacen fila en cajeros o locales que todavía disponen de gas.

Adrián Morales, vecino de Isla Colón, declaró que la mayoría de los turistas que llegan por tierra firme no han podido acceder a la isla debido a los bloqueos en el continente, lo que ha generado una caída drástica en el flujo de visitantes. A pesar de no tener clientes, trabajadores locales afirman que se niegan a cerrar sus negocios y que continúan labores de mantenimiento mientras esperan la normalización de la situación. 

El gobierno sostiene que las protestas responden a motivaciones ideológicas y políticas. Si bien el sector de la construcción retomó labores, el paro docente continúa de forma intermitente. 

Bocas del Toro continúa en el centro de una ola de violencia, tras más de dos meses, aún no encuentra salida. Mientras tanto, el gobierno reitera que no tiene intención de anular la reforma. Y los titulares de Panamá siguen sin escapar a las señales de alarma.