El destino del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está a punto de definirse. Este martes comienza la fase final de su juicio, en el que podría ser condenado a más de 40 años de prisión por intento de golpe de Estado. El proceso se desarrolla en medio de una crisis diplomática con Estados Unidos ya que el exmandatario cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump, quien ya impuso aranceles a Brasil en defensa de su aliado.
Se prevé que el Supremo Tribunal Federal de Brasil emita su veredicto entre este martes y el próximo viernes 12 de septiembre, tanto para el exmandatario de extrema derecha, que gobernó entre 2019 y 2022, como para los siete co-acusados, entre ellos exministros y ex altos mandos militares.
La Fiscalía acusa a Bolsonaro, de 70 años de edad, de haber liderado una "organización criminal armada" que intentó asegurar su “permanencia autoritaria en el poder”, a pesar de su derrota electoral frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en 2022.
Desde agosto, el líder de la derecha brasileña, ya inhabilitado políticamente hasta 2030, cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica. No obstante, y a poco más de un año de las elecciones presidenciales, alega ser víctima de una “persecución política”, mientras se acerca la próxima elección presidencial.
El caso, sin embargo, trascendió fronteras al abrir una crisis sin precedentes entre Brasilia y Washington. Trump denunció una “caza de brujas” contra su aliado y decretó aranceles de hasta 50% a varias exportaciones brasileñas, desatando una crisis inédita entre ambos países.
Fase decisiva
La fase final del juicio comenzó este martes con la lectura del informe del caso por parte del ministro del Tribunal Supremo Federal, Alexandre de Moraes. Este último, encargado de dirigir el proceso, ha sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos.
A ello le seguirá la presentación del fiscal general y las intervenciones de los abogados defensores de los ocho acusados. Luego, los jueces deliberarán para decidir si condenan o absuelven a Bolsonaro y a los otros acusados.
Además del cargo por intento de golpe de Estado, Bolsonaro también se enfrenta al de abolición violenta del Estado democrático de derecho. De ser hallado culpable, podría recibir hasta 43 años de prisión. Según la acusación de la Fiscalía, el plan incluía un decreto de estado de sitio y un proyecto para asesinar a Lula da Silva, a su vicepresidente electo Geraldo Alckmin y al juez De Moraes.
En este contexto, una fuente de la corte señaló que, en caso de condena, “es posible” que sea enviado de inmediato a una cárcel común. Asimismo, allegados del exmandatario indicaron a la agencia AFP que la condena es prácticamente segura, aunque algunos confían en una eventual amnistía del Congreso.
Bolsonaro, ausente en las audiencias
Se trata de la primera vez que un ex jefe de Estado brasileño enfrenta acusaciones de este tipo, un hecho histórico que ocurre cuarenta años después del fin de la dictadura militar (1964-1985), cuyos responsables nunca fueron llevados ante la justicia.
Pese a la trascendencia del juicio, Bolsonaro será el gran ausente de las audiencias donde se conocerá el veredicto, confirmó a la agencia de noticias AFP su abogado, Celso Vilardi. Cabe aclarar que el tribunal no lo obliga a estar presente.
El exmandatario se encuentra desde principios de agosto en prisión domiciliaria, obligado a portar una tobillera electrónica, tras incumplir la prohibición de expresarse en redes sociales.
Ahora, ante un eventual “riesgo de fuga”, el juez Moraes ordenó reforzar también la seguridad en torno a su residencia en la capital, Brasilia.
Seguridad reforzada
Mientras, la Policía del Distrito Federal de Brasilia puso en marcha desde este lunes un amplio operativo de seguridad en vísperas de las audiencias finales.
El dispositivo incluye un refuerzo significativo de agentes en la Plaza de los Tres Poderes —donde se ubican la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema—, la instalación de barreras de contención en los accesos a la Explanada de los Ministerios y en calles cercanas, así como el despliegue de equipos con perros policiales y drones equipados con cámaras térmicas para vigilar posibles movimientos sospechosos, tanto de día como de noche.
Las acciones estarán coordinadas desde una Célula Presencial Integrada de Inteligencia, que reúne a organismos regionales y nacionales, incluyendo el Ejército y la Policía Federal. Además de la vigilancia presencial, este núcleo monitorea las redes sociales para prevenir incidentes.
La Secretaría de Seguridad Pública informó que la operación se extenderá hasta el 12 de septiembre, fecha prevista para la última jornada del juicio, y será reforzada el 7 de septiembre, día de la independencia nacional, cuando se esperan manifestaciones de seguidores de Bolsonaro. Desde el 6 de septiembre a medianoche se cerrará el acceso a la Explanada de los Ministerios, y las manifestaciones quedarán prohibidas en las inmediaciones de las sedes de los tres poderes.
Manifestaciones a favor de Bolsonaro
En los últimos días, seguidores de Bolsonaro se congregaron en las inmediaciones de la urbanización donde cumple arresto domiciliario para manifestarle apoyo. El lunes, una veintena de simpatizantes realizó allí una oración en su favor, constató la AFP.
Carlos y Jair Renan Bolsonaro, dos de los hijos del exmandatario, se acercaron a agradecer al grupo. “Es un momento difícil, pero las personas están orando y no podemos perder la esperanza”, declaró Carlos, concejal en Río de Janeiro.
Eduardo Bolsonaro: Trump podría imponer más sanciones a Brasil
En paralelo, el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, advirtió este lunes que Trump podría endurecer las sanciones económicas de EE.UU. contra Brasil si su padre resulta condenado.
Aunque Trump ya aplicó aranceles de hasta el 50% a buena parte de las importaciones brasileñas, Eduardo señaló que el mandatario estadounidense no retrocederá sin avances por parte de Brasil.
Instalado desde hace meses en EE.UU., donde denuncia una supuesta persecución judicial contra su padre, Eduardo afirmó en una entrevista con el periodista Claudio Dantas que ve “muy probable” que Trump recurra a “otros instrumentos de presión”.
“Trump todavía no puso en marcha, ni de cerca, todos los mecanismos a su disposición para presionar a Brasil”, subrayó el diputado, quien además es investigado en su país por presunta obstrucción de justicia en maniobras destinadas a frenar el juicio contra el exmandatario.
En ese sentido, Eduardo mencionó medidas adicionales, entre ellas la posibilidad de extender la aplicación de la Ley Magnitsky. Esta es una norma pensada para castigar violaciones de derechos humanos que fue usada para congelar los bienes que el magistrado De Moraes pudiera tener en los EE.UU. Aseguró que habló con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sobre esa posibilidad y dijo que los próximos objetivos podrían ser la esposa de De Moraes, a quien él considera el "brazo financiero" del magistrado, y los jueces del máximo tribunal que voten a favor de una eventual condena de su padre.
También denunció que el Gobierno brasileño regula las redes sociales pese a la oposición de la Casa Blanca, una acción con la que el país estaría “rellenando todas las casillas para un aumento de los aranceles”.
