Tras casi dos años de ofensiva en Gaza, el Gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acumula incontables acusaciones de crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio contra los palestinos. A pesar de las abrumadoras pruebas y de la condena global, Tel Aviv ha eludido prácticamente toda rendición de cuentas, protegido con frecuencia por el respaldo de Estados Unidos.
Cada vez que los medios se hacen eco de asesinatos y la indignación pública se dispara, Israel ha prometido "llevar a cabo una investigación interna". Los funcionarios reiteran a menudo que dichos incidentes son revisados de forma independiente y con transparencia.
Pero la realidad evidencia un panorama totalmente diferente.
Un patrón de denuncias sin castigo
Desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha anunciado al menos 52 investigaciones por diferentes hechos que suele describir como incidentes. Según la organización benéfica con sede en Londres, Acción contra la Violencia Armada (AOAV, por sus siglas en inglés), un 88% de estos casos sigue sin resolverse o se cerró sin emitir declaraciones. Solo uno de los casos resultó en una condena de prisión.
Estos casos involucran ataques del ejército israelí en los que al menos 1.300 personas habrían sido asesinadas y unas 1.880 heridas. También se han reportado dos casos de tortura.
De esas 52 denuncias por crímenes de guerra, solo seis casos, es decir, un 12%, resultaron en algún reconocimiento de error, y solo uno condujo a una sanción legal y sentencia de prisión.
No obstante, este patrón no es nuevo.
Israel tiene una larga historia de investigaciones internas que se remonta al menos a la masacre de Kafr Qasim en 1956, cuando la policía fronteriza israelí mató a 49 civiles palestinos por violar un toque de queda del que no habían sido informados. Algunos oficiales fueron condenados, pero poco años después se redujeron sus sentencias y los perpetradores salieron en libertad.
En acontecimientos más cercanos, incluida la de Primera Guerra de Gaza, entre 2008 y 2009, y el asalto de 2014 al enclave sitiado, han seguido un patrón similar: numerosas bajas civiles, condenas internacionales, investigaciones internas que se prolongan o colapsan y una mínima rendición de cuentas.
El caso más reciente ocurrió el 25 de agosto de 2025, cuando un ataque aéreo contra el Hospital Nasser mató al menos a 20 personas, incluidos cinco periodistas de las agencias de noticias Reuters y AP, y de la cadena qatarí Al Jazeera.
Netanyahu describió el ataque como un “trágico percance”, lo que no hace más que repetir un patrón familiar de lenguaje poco preciso frente a las muertes de civiles.
Un mecanismo de blanqueo
Las investigaciones internas de Israel se llevan a cabo a través del Mecanismo de Investigación y Verificación de Hechos del Estado Mayor (FFA, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con información de Yesh Din, una organización que lucha por proteger los derechos humanos de los palestinos viviendo bajo la ocupación israelí, el FFA se ha caracterizado por proteger a los responsables de irregularidades, en vez de sacar a la luz sus actos.
En teoría, su propósito es recopilar información preliminar sobre incidentes donde civiles podrían haber muerto, quedar heridos o afectados de cualquier manera, y determinar si se justifica una investigación penal completa.
En la práctica, el FFA está dirigido por oficiales dentro de la cadena de mando militar, no por investigadores independientes. Así, rara vez se toman testimonios de víctimas palestinas o testigos presenciales: el sistema se basa casi exclusivamente en informes operativos presentados por los propios soldados.
Las investigaciones suelen retrasarse meses o años, y muchos casos se cierran silenciosamente sin una revisión significativa.
Organizaciones de derechos humanos describen al FFA como un “mecanismo de blanqueo”: una forma de que Israel parezca transparente mientras garantiza la impunidad.
La organización AOAV informa que, de 664 denuncias presentadas durante conflictos previos en Gaza, 542 –más del 80%– se cerraron sin una investigación penal. Solo 19 casos avanzaron a una investigación formal y solo uno condujo a una acusación, lo que representa una tasa de procesamiento de apenas 0,17%.
Según Yesh Din, el FFA funciona menos como una herramienta de rendición de cuentas y más como un escudo legal: los retrasos son sistemáticos, los altos mandos son intocables y no se revisa la política militar en general, incluidas las reglas establecidas para el propio ejército. AOAV señala que la rendición de cuentas ocurre tan raramente que el sistema parece diseñado para proteger a la institución en lugar de impartir justicia.
“Nos sorprendió cómo el proceso de investigación interna era —quizás deliberadamente— opaco. Y existía la sospecha latente de que los resultados de cualquier investigación podrían haber sido diseñados para proteger la legitimidad institucional más que para impartir justicia”, escribió AOAV en su informe.
“En general, parece que el sistema israelí de auto-investigación de crímenes militares es poco más que teatro político”, agregan los investigadores de AOAV Iain Overton y Lucas Tsantzouris. “Estas cifras muestran un sistema que protege de manera abrumadora a sus fuerzas de la rendición de cuentas, incluso en los casos más graves y públicos”.
Un ciclo que se repite
Entre los casos aún bajo revisión se encuentran algunos de los que más resonaron durante la ofensiva que comenzó en octubre de 2023.
Enero 2024: Bombardeos que apuntaban, supuestamente, a posiciones militantes cercanas mataron a Hind Rajab, de seis años, en la Ciudad de Gaza.
Febrero 2024: Al menos 112 palestinos fueron asesinados mientras hacían fila esperando para recibir alimentos en la Ciudad de Gaza. Las víctimas eran civiles esperando en un sitio de distribución de alimentos de la ONU cuando la artillería israelí disparó varias veces, lo que plantea dudas sobre la proporcionalidad y el objetivo del ataque.
Abril 2024: Un ataque mató a siete trabajadores de World Central Kitchen —ciudadanos de Australia, Reino Unido, Polonia y Palestina— que entregaban ayuda alimentaria en vehículos claramente marcados y cuyas coordenadas se habían compartido previamente con las fuerzas israelíes. El ejército israelí calificó posteriormente el ataque como “un grave error”, despidió a dos oficiales y reprendió a otros, pero no se presentaron cargos penales.
Mayo 2024: El ejército israelí lanzó un ataque a un campamento de tiendas en Rafah, en el sur de Gaza, mató a 45 civiles, entre ellos mujeres y niños, sin relación con actividad militante conocida, lo que provocó cuestionamientos sobre las reglas de enfrentamiento.
Septiembre 2024: Asesinato de Aysenur Ezgi Eygi, activista turco-estadounidense de 26 años. La joven participaba de una manifestación pacífica contra los asentamientos ilegales israelíes en Beita, Cisjordania ocupada. Una investigación preliminar israelí determinó que fue "altamente probable" que la bala que la impactó fuera israelí y se disparara de forma indirecta e involuntaria. Pese a las presiones de EE. UU. y Türkiye, el caso permanece abierto.
Las investigaciones internas de Israel, según reportes AOAV y Yesh Din, “están muy por debajo de los estándares internacionales para indagaciones independientes y transparentes sobre presuntos crímenes de guerra”.
Así, al generar una fachada de justicia que asegura la impunidad, Israel logra eludir el escrutinio jurídico internacional, dejando a las víctimas sin acceso a la rendición de cuentas. Con centenares de casos sin resolver, una tasa de procesamiento casi nula y masacres brutales que recorren los medios internacionales, el ciclo de impunidad israelí no hace más que perpetuarse.
