En Argentina, donde los medios adoptan la retórica sionista que equipara la crítica a Israel con antisemitismo, aquellos que se atreven a denunciar las violaciones de derechos humanos perpetradas en Gaza no solo son linchados en redes sociales, televisión, y espacios de debate democrático, sino que también se arriesgan a una sanción penal. 

Las entidades sionistas de Argentina, además de ejercer una poderosa presión en el ámbito mediático, ahora libran una batalla estratégica en la Justicia. El objetivo: sentar precedentes para que la defensa de la causa palestina sea considerada delito.

Un dirigente político en el epicentro del debate

El 2 de enero pasado, un tribunal argentino condenó por “incitar a la discriminación” de los judíos a Alejandro Bodart, líder del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). Lo acusan por una serie de mensajes publicados en 2022 en la red social X, donde comparaba al estado sionista israelí con el nazismo. Bodart también dijo que Israel es un estado “genocida y racista”.

El dirigente había sido absuelto por esta causa dos veces, pero la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), la entidad sionista más influyente del país, consiguió que la Cámara de Apelaciones revirtiera el fallo y dictara una pena de seis meses de prisión en suspenso.

“Estamos en un punto de inflexión. Se está violando el derecho de libertad de expresión y tergiversando el concepto de antisemitismo”, advierte Ismael Jalil, abogado de Bodart y activista por los derechos humanos que trabaja codo a codo con la organización Judíos por Palestina.

La pelea en los tribunales argentinos sigue abierta. “Ya apelamos el fallo”, explica Jalil a TRT Español, “porque se necesita lo que se llama doble conforme, es decir, dos sentencias iguales en cámara: Y luego también nos queda la Corte Suprema”.

De agotar las instancias nacionales, la defensa de Bodart podría recurrir también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

¿Por qué el caso Bodart es valioso para el sionismo?

“Esta disputa judicial es una expresión más de la batalla política del sionismo para acallar voces”, denuncia Bodart en diálogo con TRT Español. “Es un caso bisagra porque se está intentando sentar un precedente. Aunque, más allá de las consecuencias, lo importante es no callarse ante un genocidio, y más aún en un país que también lo sufrió”, agrega, refiriéndose a las violaciones de derechos humanos de la última dictadura militar argentina.

“Incluso si llega una condena, es el precio mínimo a pagar por nuestro compromiso con los derechos humanos. El pueblo palestino es el que paga el precio más alto”, subraya el político, recordando a los más de 48.000 civiles muertos en la ofensiva militar de Israel en Gaza, por los que la Corte Penal Internacional (CPI) acusa al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de crímenes de guerra y contra la humanidad.

La clave de este caso judicial, valioso para el sionismo, está en la definición de “antisemitismo” que asume el tribunal que condenó a Bodart.

Definición de antisemitismo, según un tribunal argentino

En 2016, la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés) aprobó una definición de antisemitismo promovida por la DAIA, a la que en 2020 adhirió el gobierno del presidente Alberto Fernández.

Según esta definición, “el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como odio a los judíos”. Y aclara: “Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto.”

Para guiar a los jueces, la IHRA cita como ejemplos “negar a los judíos su derecho a la autodeterminación, alegando que la existencia de un estado de Israel es un empeño racista”, “aplicar un doble rasero al pedir a Israel un comportamiento no esperado ni exigido a otro país democrático”, y “establecer comparaciones entre la política actual de Israel y la de los nazis”.

En abril de 2023, en una carta abierta a la ONU, más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la definición de antisemitismo de la IHRA ponía en grave peligro los derechos humanos de la población palestina y el derecho a la libertad de expresión en el mundo.

Entre los firmantes se encuentran Amnistía Internacional, Human Rights Watch, las organizaciones palestinas Al Haq y Al Mezan, las israelíes B’Tselem y Breaking the Silence, y numerosos grupos judíos nacionales e internacionales, como Jewish Voice for Peace and Jewish Network for Palestine.

“Esta definición asimila la valoración de las practicas de Israel y del sionismo a las categorías de judío y semita, mediante una manipulación que intenta igualar el antisionismo con el antisemitismo”, explica la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Argentina.  

“El punto débil de la definición es que mezcla categorías como antisemitismo, antisionismo o antiisraelí, que son diferentes y deben ser definidas con claridad”, coincide Mario Snzajder, profesor Emérito de Ciencia Política de la Universidad de Jerusalén.

La implacable presión mediática y judicial

El clima asfixiante contra los activistas que, desde hace décadas, denuncian el accionar de Israel en los territorios palestinos ocupados, se intensificó en Argentina tras la incursión del grupo de resistencia palestino Hamás el 7 de octubre de 2023 en los asentamientos sionistas cercanos a la frontera del enclave, territorios que históricamente habían sido palestinos antes de la masiva limpieza étnica de 1948. Los hechos de ese día dejaron 1.200 muertos y más de 250 rehenes, entre ellos 21 israelíes de origen argentino, mientras que la respuesta israelí a la incursión ha dejado casi 50.000 palestinos muertos, en su mayoría mujeres y niños.

En este marco, con la comunidad judía más grande e influyente del mundo hispano, los medios argentinos se plegaron en defensa de Israel, y a la vez, silenciaron --cuando no difamaron--, a quienes criticaban la ofensiva israelí en Gaza y advertían de los indicios, respaldados por el CPI, de un plan de limpieza étnica y riesgo de genocidio. En este hostigamiento, la DAIA tuvo un papel activo.

Uno de los episodios más polémicos lo protagonizó a finales de 2024 el actor argentino de origen judío Norman Briski, quien fue denunciado judicialmente por el exvicepresidente de la DAIA Alejandro Broitman por expresar su condena al asesinato de palestinos en Gaza en el discurso que pronunció al recibir el premio Martín Fierro por su trayectoria, el mayor reconocimiento que otorga el cine argentino. La justicia desestimó la demanda en su contra caratulada como “instigación al terrorismo”.

Actualmente, la diputada del Frente de Izquierda Vanina Biasi, asidua a las manifestaciones propalestinas, está pendiente de un veredicto de la Justicia. El fiscal la acusó de “promover el odio” a los judíos por una serie de tuits en los que decía que “el estado sionista es nazi por sus prácticas e ideología”, o que “la Memoria del Holocausto es no justificar nunca el exterminio de ningún pueblo”.

“Años atrás, las denuncias se agotaban en primera instancia con el rechazo a cualquier presentación de la DAIA. Pero el sionismo ha ido colonizando el poder judicial”, remarca Jalil, quien también asesora a la defensa de Biasi.

Ignacio Mahiques, uno de los jueces que firmó la condena contra Bodart, es parte de una familia de renombre en la Justicia argentina con estrechos vínculos con el PRO, el partido de derecha del expresidente Mauricio Macri, considerado un “amigo” del estado de Israel.

Si bien el gobierno argentino del actual presidente Javier Milei está alineado abiertamente con el sionismo, silenciar a las voces críticas no será tan sencillo para la Justicia.

Bodart ha recibido numerosos apoyos. Han respaldado al activista argentino el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la Unión Judía Francesa por la Paz, y Laura Ginsberg, miembro de una agrupación civil que aboga por el esclarecimiento del atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).  

“Estamos hablando de genocidio”, advierte Bodart, “y el juez que ponga su firma va a ser complice”.